Ya lo diría Fidel: “En Venezuela no hay cuatro millones de oligarcas”, al referirse a uno de aquellos procesos electorales en los que la oposición obtuvo una votación semejante. En general, no hay ni uno, ni diez ni treinta millones de oligarcas, así llegue a ocurrir que todos los venezolanos llegaremos a apoyar a la oposición. En realidad, todos somos pueblos y la división de la población en las categorías “pueblo” y “oligarquía” no es más que una estrategia maniqueista y por tanto manipuladora de la opinión pública y de la voluntad política. Esa división, que supuestamente corresponde a una visión de lucha de clases, no llega en la realidad a tener verdadero correlato con el accionar revolucionario y simplemente es caldo para los oportunistas.
Una expresión categórica de tal maniqueísmo la tuvo Aristóbulo Istúriz al afirmar, palabras más – palabras menos, que aquí no hay puntos medios, o se está con el pueblo o se está con la oligarquía. Detrás de esta afirmación hay mucho que leer entre líneas. De acuerdo con esta visión, quién ponga en entredicho la probidad y eficiencia de la gestión gubernamental puede ser calificado como un contrarrevolucionario, lacayo, oligarca y traidor a la patria. La única forma de estar cada quien bien con su consciencia revolucionaria es la de hacerse la vista gorda ante los cada vez más graves problemas sociales, mismos que nos están llevando a la “mínima felicidad posible del pueblo”. Esto, por supuesto, constituye una inmensa contradicción para los revolucionarios bolivarianos quienes queremos un mundo cada vez más feliz para todos y para lograrlo nuestras armas fundamentales son las actitudes críticas y propositivas.
La realidad es que “No todos los que son están y no todos los que están son.” No todos los que apoyan, consciente o inconscientemente, al gobierno y al proceso político que le sustenta es un revolucionario y auténtico representante de los intereses populares; así como no es cierto que todo aquel que respalde a la oposición, consciente o inconscientemente, es un reaccionario y lacayo defensor de los intereses de la oligarquía. De hecho, muchos de los que se llaman chavistas son meros oportunistas sin consciencia social alguna que han llegado a establecer jugosos negocios con el gobierno nacional y que podemos llamar “oligarquía roja”. En contraste, la mayor parte de los vecinos de mi comunidad no pueden ser calificados (según los cánones marxistas) de otra manera sino como proletarios, aunque hoy por hoy apoyen a la oposición o simplemente nos hayamos deslindado de la gestión gubernamental.
A propósito de mi querida comunidad, aquí ocurre que desde que se establecieron los CLAP, sólo una bolsa se nos ha adjudicado. Mi comunidad fue pionera dentro del movimiento comunal nacional. De hecho, uno de los primeros Bancos Comunales que se establecieron en el país fue precisamente el nuestro: “La Octava Estrella”. Sin embargo, el devenir histórico social hizo que nuestra comunidad dejase de ser roja-rojita para cambiar de color y tener un Consejo Comunal con dominio oposicionista. Esto trajo como consecuencia que las instituciones del Estado orientadas a dar apoyo social nos dieran más la espalda de lo que hacían en gestiones anteriores del CC. Tanto es así esta situación que, por más que se han hecho importantes esfuerzos, el nuevo CC no ha sido (ni será) reconocido por Fundacomunal. La conclusión es bien triste, mi comunidad proletaria y de fuertes necesidades sociales es considerada una comunidad “traidora” y “oligarca”.
Esta calificación de comunidades revolucionarias y populares contra comunidades reaccionarias y oligarcas es una muestra más de los pésimos criterios con los cuales se maneja el proceso político venezolano y la gestión gubernamental. De hecho, la categorización del pueblo en distintas formas de estratificación representa otro mecanismo con el cual se le da discrecionalidad a los funcionarios para manipular la adjudicación de recursos.
La discrecionalidad es un instrumento clave en las prácticas corruptas. Si existiesen reglas precisas acerca de lo que se considera pueblo y lo que se considera oligarquía quizás percibiéramos mayores niveles de justicia en la administración de lo público. Aún en el caso de que uno no se encuentre de acuerdo con esas reglas, lo peor es que exista discrecionalidad. Es tan extremo el uso de la discrecionalidad que llega ocurrir aquí en Mérida que se tiene la percepción que para recibir un carro de VPA es necesario ser opositor o funcionario.
Ahora bien, la segmentación de la población es absolutamente inadmisible cuando se trata de derechos humanos. No puede haber ningún criterio en la administración pública que implique que algún sector de la población debe excluirse de un derecho. Este es el caso del tema del abastecimiento de alimentos y medicamentos. Si se establece un programa de abastecimiento como el CLAP, éste debe atender a toda la población nacional. Podría ocurrir (aunque no esté de acuerdo) que se establezcan pagos diferenciados; pero nunca debería ocurrir que el abastecimiento no nos llegue a todos. A partir de este criterio y en una situación de desabastecimiento sostenido para la mayor parte de la población y en especial para algunos sectores, el CLAP es un absoluto fracaso.
Una amenaza mayor en relación con una injusta discriminación de la población es el llamado “Carnet de la Patria”. Contrastando con la posición categórica de Chávez, de no aceptar que apareciesen carnets políticos como otrora, Maduro y su gobierno se jacta de lanzar un carnet politiquero que divide a la población entre patriotas y apátridas sobre la base de las simpatías que se tengan con el gobierno y sus políticas. Estoy muy de acuerdo con Vladimir Villegas cuando señala que el único “Carnet de la Patria” debería ser la cédula de identidad.
En fin, llamo la atención al pueblo revolucionario venezolano a que no caigamos en la trampa maniqueista de dividir la población con los mismos criterios que aprovechan los corruptos para perpetuarse en el poder. Hay quienes apoyan al gobierno y la ideología que lo respalda y eso está bien; hay quienes no la respaldan y eso también es propio del libre albedrío democrático que tenemos. Apoyar a uno o a otro no nos hace ni más ni menos pueblo y hasta es discutible hoy por hoy si nos hace más o menos revolucionarios. Todos tenemos los mismos derechos y deberes ciudadanos y debemos ser tratados con criterios de justicia. Todos somos pueblo.
