Ante una oposición intraficable por la vía del diálogo Gobierno-Oposición, el gobierno opta por recurrir constitucionalmente al Poder Originario[1].
Complementariamente, el Presidente Maduro cede su Poder Ejecutivo ante la ANC ya activada. Asimismo lo hace el resto de los poder constituidos menos el Poder Legislativo que desde hace años se halla al margen de la ley, pero el gobierno y el TSJ siguen respetándolo como si nada.
Hoy el país sigue con una economía al garete, que sostiene una inflación inducida injerencistamente desde el extranjero, regida por un comercio y un circulante que no obedece al Banco Central de Venezuela, y con un Sudaban que envalentonadamente se cruza de brazos y sólo malversa dinero con medidas televisadas, pero sin hacerlas cumplir y poniendo a los usuarios más débiles como pendejos.
A todas estas, el pueblo, el mismo que como constituyente originario designó sus 500 y pico de constituyentes, espera con mucha impaciencia las posibles acciones correctivas para las que fue convocada: Poner freno inmediato a las subas de precios; ir ajustando los precios a niveles económicos razonables, intervenir la contabilidad de las fábricas y comercios y allí en sus libros ordenar los ajustes correspondientes; aplicar sanciones severísimas a los irrespetuosos; expulsar inmediatamente del país a todos los comerciantes que el pueblo explotado vaya considerando personas non gratas-extranjeros en sus mayoría-y hasta sin Carnet de la patria lo que ya es un poderoso indicativo de que están a favor la inflación, de los abusos de los delincuentes, de las guarimbas, de la oposición irrespetuosa de la Constitución y ahora de la que posiblemente dictamine la ANC.
La ANC debe aplicar la justicia de inmediato, de oficio, sumarial, contra quienes, siendo delincuentes confesos, el MP saliente y el actual no terminan de enjuiciar con la brevedad que esos casos ameritan. Los protocolos burgueses del mimo Derecho y Procedimiento Penales dilatan sus acciones
Observación: Una Asamblea Nacional Constituyente podría partir de cero; no necesita ninguna jurisprudencia fuera de la que la razón universal dicta: esto es, sancionar con la mayor brevedad en juicios perentorios a quienes, por ejemplo, queman vivo a una personas, porque esas deben ser sometidas por la fuerza y de inmediato ponerlas presas sin mayores protocolos judiciales como los que venimos viendo y que sólo se traducen en que los pajaritos se salgan de las jaulas.
[1] Jorge Washington apeló, a ese poder originario cuando los pequeños estados de marras resultaban desunionistas y perjudiciales a los efectos de lograr la Independencia plena del yugo colonial inglés.
