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Panoramas inciertos y cambio de época en América Latina

Tiempos complejos y difíciles se viven para América Latina en la actualidad, de reflujo para las izquierdas y los progresismos, y de intensificación de las múltiples contradicciones sociales, políticas, económicas y geopolíticas que caracterizan la región. A estas alturas, antes que seguir preguntándonos si se ha cerrado un ciclo, parece más pertinente y estratégico tratar de revelar cuáles son las formas generales que pueden tener los nuevos tiempos que se están configurando.

Las cosas, en efecto, ya han cambiado. Las nuevas condiciones materiales que se han desarrollado en los últimos tres lustros –agudización de las crisis urbanas, avances de la frontera extractiva, crecimiento absoluto de los metabolismos sociales, sistemas sociales más complejos y emergencia de nuevos grupos de poder, vigorización de las economías informales, crecimiento y sofisticación de grupos delincuenciales urbanos y rurales, avance geopolítico de China y Rusia en la región, entre otros factores–, apuntan al potencial crecimiento de conflictos, revueltas sociales e intensas disputas territoriales por los bienes comunes y los territorios. 

Los mecanismos de construcción de consenso social por medio de la distribución masiva de las rentas del extractivismo, que caracterizó en muy buena medida a los gobiernos progresistas y en general a este ciclo político regional determinado por el boom de las commodities, han sido afectados de manera importante (aunque de forma diferenciada dependiendo el país). Esto ha sido así por los efectos de corto y mediano plazo que provocó el período de recesión económica detonado desde la crisis mundial 2008-2009, pasando por el derrumbe de los precios internacionales de las materias primas iniciado en 2014 hasta la actualidad.

Esto tiene importantes implicaciones políticas, que no pueden ser sólo evaluadas en el corto plazo, ante una ‘recuperación’ económica regional en 2017: el atornillamiento y la profundización de la dependencia a los sectores primarios, los altos niveles de endeudamiento externo público y privado, y los límites estructurales en la capacidad de respuesta de las economías de la región, entre otros factores, minan las bases económicas que han permitido un tipo de gobernabilidades “inclusivas” que, en diversos grados, se expresaron en el ciclo progresista.

Ante esto, parece redimensionarse y cobrar aún mayor relevancia el rol de la violencia como mecanismo de poder estatal y para-estatal, y de intermediación en las disputas económicas y ecológicas en la región.

En el horizonte se vislumbran al menos dos factores determinantes en el desarrollo de este cambio de época: por un lado, los ingredientes para una nueva crisis global, con iguales o mayores dimensiones de la desencadenada diez años atrás, persisten. Destacan las tendencias al ‘estancamiento secular’ de la economía mundial (FMI dixit), la incertidumbre sobre la economía china, el fin de los estímulos monetarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos (‘quantitative easing’ o QE) o la ya cada vez más anunciada burbuja global de los precios de los activos –¿la madre de todas las burbujas?

Estos elementos, como ha ocurrido en otros procesos históricos en América Latina, pueden operar como detonantes de nuevos ciclos de crisis.

Por otro lado, y en consonancia con esta situación global, América Latina está siendo atravesada con mayor profundidad por la confrontación internacional entre los Estados Unidos (y sus aliados) y China y Rusia (y sus aliados), resaltando la aceleración de la lógica belicista y militarista del Gobierno norteamericano, con su explícita idea de “Preservar la paz mediante el uso de la fuerza” (PILLAR III Preserve Peace Through Strength[1]) y su persistente y progresivo re-posicionamiento militar en la región (directo o indirecto), con especial foco en Venezuela.

El fin de ciclo se estructura desde arriba como contención: ¿el estado de excepción como norma?

El conjunto de factores descritos parecen apuntar a una temporalidad en la región donde se van instalando y consolidando el escenario y las lógicas de una situación extraordinaria o de emergencia, que sirven de pilares a la normalización y permanencia de regímenes de excepción. Esto amerita evaluarlo con mucho cuidado en la medida en la que proliferan normativas de emergencia y nuevas doctrinas de seguridad nacional, donde prevalecen los criterios de eficiencia política en detrimento del estado formal de derechos sociales consagrados.

A su vez, toman un nuevo auge las narrativas beligerantes en las cuales resalta la tipificación de amenazas y el ‘enemigo público’ a combatir, lo que da carta blanca a las fuerzas militares y cuerpos de seguridad para actuar con “mano dura” y celeridad, a penetrar todo tejido social e institucional para enfrentar estos “desafíos” a los “intereses de la nación”. Todo esto va poniendo en suspenso las ya subordinadas, frágiles y agredidas ‘democracias’ latinoamericanas.

Pero es necesario insistir que no se trata únicamente de la reformulación de políticas impulsadas por viejos gobiernos de derecha u otros recién instalados, luego del desplazamiento de gobiernos progresistas. Estas dinámicas de excepcionalidad y beligerancia atraviesan tanto a conservadores como a progresistas. En cada caso varía, ciertamente. Sin embargo, antes que evaluar estos procesos sólo como propios de los gobiernos conservadores, es necesario resaltar cómo también van permeando y determinando de manera creciente la política de los progresismos, cómo inciden significativamente en sus regímenes de gobernabilidad, y por tanto, en el perfil del cambio de época que se configura desde arriba. En cualquiera de los casos, prevalece la razón de Estado, la conservación del poder y la búsqueda de viabilidad política para ejecutar las reestructuraciones y flexibilizaciones económicas que están en desarrollo en esta nueva fase del extractivismo en América Latina.

En Argentina, en el contexto de la declaración de la Emergencia en Seguridad Pública a partir de 2016, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, anuncia una "nueva doctrina" del ejercicio de la autoridad en la cual “el Estado es el que realiza las acciones para impedir el delito"[2]. Mediante una modificación al Código Penal se buscaría darle más garantías a la policía –pues "sólo" se les permite disparar en legítima defensa− y otorgarle funciones de seguridad interior al sector militar.

En Brasil, tras el reciente decreto de militarización de Rio de Janeiro –medida tomada ante la ‘emergencia’ para ‘combatir el crimen organizado en la ciudad’−, el gobierno de facto de Michel Temer declaró que este plan servirá como un "laboratorio" para todo el país, por lo que no descartó que las fuerzas armadas sean desplegadas en otras regiones[3].

En Venezuela, en medio de la situación de alta conflictividad política y geopolítica, y de colapso económico, se ha impulsado una creciente militarización de todos los ámbitos de la vida y la instauración, de hecho y de derecho, de un estado de excepción en el país. El mismo se ha convertido en condición permanente dada su ejecución por medio de decretos oficiales emitidos desde enero de 2016 –declarando el “estado de excepción y emergencia económica en todo el territorio nacional”–, los cuales son prorrogados continuamente hasta nuestros días. El Decreto N° 2.849 del 13 de mayo de 2017[4] indica que podrán ser restringidas las garantías para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, con algunas salvedades.

En Colombia, donde el estado de excepción constituye un instrumento ordinario de la política gubernamental y de las estructuras jurídicas desde hace ya varias décadas, el escenario post-acuerdo (desde noviembre de 2016) no supone la interrupción del proceso de militarización imperante, la asistencia militar por parte de los EEUU, ni la intensa represión social y desaparición de activistas que está en desarrollo en el país[5].

El caso mexicano es también conocido, en el cual se instaura de facto un régimen de excepcionalidad desde la declaración de “Guerra contra el narcotráfico” en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) –que ha dejado miles y miles de muertos− hasta la reciente promulgación de la controvertida Ley de Seguridad Interior (diciembre de 2017) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que ordena la intervención de las Fuerzas Armadas cuando se identifiquen amenazas a la seguridad interna.

En Honduras, país que refleja de manera dramática estas lógicas imperantes en Centroamérica, se va desarrollando un incremento de la militarización desde el Golpe de Estado ejecutado en 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, lo cual se va intensificando a partir de 2012-2013 (durante la presidencia de Porfirio Lobo) con la ampliación de funciones que el Ejército cumple en relación al control de la seguridad ciudadana y la creación de la Policía Militar de Orden Público (2013)[6]. A raíz de las intensas protestas sociales que se produjeron ante las irregulares y dudosas^[7] elecciones presidenciales de diciembre de 2017, que dieran como ganador a Juan Orlando Hernández (JOH), se declaraba el estado de excepción y la suspensión de varias garantías constitucionales en 18 departamentos del país, lo que en definitiva dejó más de una veintena de muertos, adjudicados por ONU a una fuerza excesiva y letal por parte de los cuerpos de seguridad de Honduras, en particular de la policía militar[8]. Cabe añadir que JOH declaró que América Latina debe prepararse y “adelantarse” ante posibles atentados terroristas[9], lo que va en consonancia con la progresiva reinstauración de las doctrinas de seguridad nacional en esta sub-región.

Una semana después de iniciada la presidencia de Horacio Cartes en Paraguay (agosto de 2013), se procedió a la reforma de la Ley 1337/99 de Defensa Nacional y de Seguridad Interna, lo cual otorgaba al presidente vía decreto, sin acuerdo del Parlamento y por el tiempo que éste considerase conveniente, la facultad de militarizar zonas enteras del país con el objetivo de “enfrentar cualquier forma de agresión externa e interna que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial”[10]. La medida hacía alusión al combate de grupos armados, como el denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), a quienes se le atribuyese el asesinato de cinco personas en Tacuatí, ese mismo mes de agosto. Las órdenes de militarización se asignaron a los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, destacando el rol de la “Fuerza de Tarea Conjunta” (FTC), unidad especial asignada para estos fines, principalmente en el norte del país.

La configuración de regímenes de excepción no debe ser interpretada únicamente como un proceso centralizado, homogéneo y estable. Se trata también de la combinación de zonas de “paz” y de consumo, y algunas políticas de asistencia social, con lo que podríamos entender como estados de excepción selectivos, que se van estableciendo local e incluso flexiblemente, dependiendo de diversos factores coyunturales y de los diferentes focos de resistencia y movilización social que puedan provocar los acontecimientos. Conviene destacar a su vez, que el desencadenamiento de nuevos sucesos entendidos como “perturbaciones”, pueden ser utilizados como la “evidencia” o “confirmación” de la existencia de una amenaza a la seguridad nacional, lo cual sirve para establecer, consolidar, reforzar e incluso radicalizar estas tendencias generales de excepcionalidad.

En estas claves pueden ser evaluados, por ejemplo, el decreto de estado de excepción que el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, estableció a fines de enero de 2018 en San Lorenzo y Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas (frontera con Colombia), a raíz del atentado con un carro bomba ocurrido frente a una estación de la Policía, lo que fue calificado por Moreno como un ataque “terrorista” atribuido al narcotráfico[11]. Del mismo modo, durante dos meses se estableció el estado excepción en la provincia amazónica Morona Santiago, a raíz del levantamiento de la comunidad indígena shuar contra las actividades mineras en su territorios a mediados de diciembre de 2016[12] (gobierno de Rafael Correa), mientras que el ministro del Interior, César Navas, indicaba que la presencia militar se mantendría en la zona atenta ante cualquier eventualidad; o bien, similar decreto en el cantón Zaruma (provincia fronteriza de El Oro) en septiembre de 2017, gravemente afectada por la minería ilegal[13].

Destacan también varias declaraciones de estado de emergencia en Perú, las cuales se van volviendo permanentes y normalizándose en ciertas localidades andinas, como ocurrió en los distritos de Chalhuahuacho, Haquira y Mara (Apurimac) y Capacmarca (Cuzco), donde, a raíz de protestas contra las empresas mineras[14], se suspendían varios derechos constitucionales y se autorizaba a la Policía Nacional a mantener el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. A su vez, en septiembre de 2016 se decretaba el estado de excepción en tres distritos de Huancavelica, Ayacucho y Cuzco, con el objetivo de combatir a los “remanentes terroristas” y los cárteles del narcotráfico en la zona[15].

Otros ejemplos de formas selectivas de regímenes de excepción pueden situarse con la militarización de los territorios ancestrales del pueblo mapuche (Wall Mapu), en poder de grandes empresas extractivas forestales, latifundistas y capital transnacional, con el consiguiente crecimiento de la criminalización de las movilizaciones indígenas. Del mismo modo, cabe evaluar la evolución de las lógicas de militarización urbana ante una potencial proliferación de saqueos y estallidos sociales –como los ocurridos en enero de 2017 en México, a fines de febrero de 2018 en Bogotá y otras ciudades de los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Quindío (Colombia), y en Colón, en marzo 2018 (Panamá).

Por último, pero no menos importante, el rol de los desastres ambientales en la instauración, consolidación y/o radicalización de los estados excepción en la región puede ser significativo, si tomamos en cuenta el incremento de su incidencia ante la crisis ambiental global. Esto ha ocurrido de formas parciales en varios países –por ejemplo, con la explosión del volcán Cotopaxi en agosto 2015, que implicó declaración de estado de excepción a nivel nacional y la orden de movilización de todas las fuerzas armadas en el Ecuador[16]−, aunque un caso emblemático es el de Puerto Rico, donde se reimpulsa y busca normalizarse el estado de excepción instalado desde la crisis de la deuda de 2006, a raíz de las devastadoras consecuencias del paso del huracán María por la isla, en septiembre de 2017.

En el contexto traumático de este desastre, uno de los mecanismos para normalizar el régimen de excepción ha sido la firma a mediados de diciembre de 2017 de la “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”, que le otorga los poderes necesarios al gobernador y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para reorganizar el conjunto de instituciones y dispositivos de las instituciones estatales e impulsar medidas de reestructuración económica, mediante orden ejecutiva emitida conforme a las disposiciones de la Ley, por un período de 10 años[17].

Estos procesos no deben ser leídos únicamente en clave nacional-estatal, en la medida en la que pueden operar en articulación con la política exterior de las potencias en disputa en la región, principalmente de los Estados Unidos, que instala nuevas bases militares o “task forces” en diversos países (especialmente en Perú, Paraguay, Colombia y Argentina) o impulsa maniobras conjuntas de fuerzas militares (como las operaciones militares que desarrolló con Brasil, Colombia y Perú en la frontera amazónica de estos tres países en noviembre de 2017).

El juego sigue abierto: ¿un nuevo ciclo de luchas en tiempos de beligerancia?

Estas dinámicas descritas no son en ningún sentido lineales, irresistibles y homogéneas. Si bien revelan la conformación y el avance progresivo de figuras y marcos formales de excepcionalidad ‘desde arriba’, estas no sólo aparecen como decretos, sino también como dispositivos biopolíticos que buscan penetrar los tejidos socio-territoriales, la vida cotidiana de los latinoamericanos, por medio de lógicas militar/policiales de control, sitio, vigilancia y represión social. Se articulan también con estrategias de lo contingente, de lo informal y persiguen adaptarse a las variadas condiciones territoriales existentes. Pero esto también se debe a la volatilidad y complejidad del escenario. Al hecho de que todo esto sigue siendo un juego abierto, inestable, en ciertas formas regionalizado y en disputa.

El cambio de época en América Latina también expresa que estamos ante una nueva correlación de fuerzas, no sólo determinada por el reposicionamiento de sectores y corrientes conservadoras, la emergencia de nuevos actores y subjetividades, el agotamiento de ciertos horizontes y modos de hacer política, o por la intensificación de las tensiones geopolíticas; sino también por lo que los actores en disputa están dispuestos a hacer y poner en juego para lograr sus objetivos. Son tiempos de altos riesgos y peligros.

En estos escenarios, el fin de ciclo no necesariamente supone una era “post-progresista”, sencillamente porque los progresismos, como un modo de hacer política, no van a desaparecer, del mismo modo en que el ciclo progresista nunca fue un período “post-neoliberal”. Aunque el progresismo ya no es el gran rasgo de peso en la región, seguirá teniendo presencia en la disputa política latinoamericana.

Pero ante esta situación no se trata, nuevamente, aumentar la colección de gobiernos de centro-izquierda, o crear mayor presencia de nominaciones y discursos progresistas. Vale las preguntas, ¿qué es y será el progresismo en este cambio de época? ¿Será exactamente el mismo de 10-15 años atrás? ¿Cómo serviría este progresismo al conjunto de luchas que desde abajo intenta impulsar re-existencias y alternativas a los modelos imperantes? En este sentido, es necesario evaluar, por un lado, cuáles son las posibilidades de concreción de sus objetivos de posicionamiento político y de realmente impulsar una agenda “progresista”, en esta particular correlación de fuerzas actual.

Por otro lado y por consiguiente, de ser exitosos, ¿cómo ensamblarían sus modos de gobernabilidad y sus patrones de acumulación extractivistas ante las duras dinámicas de crisis económica y beligerancia global? ¿Prevalecerían y se intensificarían los pragmatismos, las lógicas de seguridad y orden interno, los mecanismos de cooperación con sus aliados geopolíticos en esta especie de Guerra Fría que vivimos a escala global?

Es en estas claves que creemos que también deben ser interpretadas las mutaciones y giros políticos de Lenin Moreno en Ecuador, el probable fraude electoral en Honduras en diciembre de 2017, la forma que va tomando el Gobierno Bolivariano en Venezuela, el posible encarcelamiento de Luiz Inácio “Lula” da Silva en Brasil, o los condicionamientos a las posibilidades de éxito electoral e incluso gubernamental de Gustavo Petro en Colombia y Andrés Manuel López Obrador en México.

Todo esto deja abiertas múltiples interrogantes vitales: ¿cuál es la agenda de las izquierdas, o si se quiere, de los diversos movimientos contra-hegemónicos, ante estos tiempos de reflujo, pragmatismo, securitización, sobrevivencia política de los gobiernos y reestructuraciones económicas en la región? A fin de cuentas, ¿quiénes son los principales afectados por las lógicas de excepción y “seguridad nacional” que van avanzando en la región, sean de cuño conservador o progresista? ¿Cuál es la postura ética de la izquierda ante esto, o incluso, qué significa ser de izquierda en estos tiempos de beligerancia? ¿Cuál sería el programa contestatario ante esta coyuntura? ¿O es que se afirma que ya no es posible un programa tal?

El agotamiento del “ciclo progresista”, no representa el final de una historia de luchas, sino la continuación de la misma bajo nuevas condiciones. Muy duras, probablemente. Pero precisamente la intensificación de las contradicciones que constituyen esta vibrante y muy activa región del mundo, abre al mismo tiempo las posibilidades para la masividad de un nuevo ciclo de luchas, posiblemente con nuevas modalidades, narrativas y formatos que, en su emergencia, discutan críticamente con la ya tradicional propuesta impulsada por los progresismos.

Pero lo fundamental es no olvidar que el estado de la correlación de fuerzas estará siempre determinado y atravesado por las luchas desde abajo que, dependiendo de la impronta y masividad de las mismas, puede mejorar las condiciones de disputa, la gestión común de la vida, las posibilidades de transformación social, e incluso incidir en la composición política del Estado en un período determinado.

Ante el caos, la guerra y la excepcionalidad, el principio es la comunidad, la comunalidad, la resiliencia, la reproducción de la vida y la defensa territorial. Múltiples experiencias siguen ofreciendo horizontes de actuación, de referencia: la Guardia Indígena del Cauca (Colombia), las fogatas y las guardias comunitarias en Cherán y los caracoles zapatistas (México), las Oficinas de Seguridad de los indígenas yekwana en el río Caura, la experiencia de la comuna El Maizal y los campamentos de pioneros (Venezuela), las Rondas Campesinas de Cajamarca (Perú), las resistencias contra la minería por parte de la comunidad de Intag (Ecuador), y un largo etcétera. Todas son semillas de transformación social; son referentes y planes piloto ante los tiempos de confusión y caos que crecen.

Tiempos duros se visualizan en el horizonte. Sí. Pero si hay un tiempo para incidir en el curso de los próximos acontecimientos, es este.

Caracas, marzo de 2018

*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo de la UCV, ecologista político y master en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador asociado al Centro de Estudios para el Desarrollo (CENDES), miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela y mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 por el libro ‘El fantasma de la Gran Venezuela’. Participa en el Grupo Permanente de Trabajo Sobre Alternativas al Desarrollo organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo y es miembro de la Red Oilwatch Latinoamérica.