“Lo primero que debemos aclarar es es que se trata de una farsa hablar de un acuerdo de carácter incluyente cuando hay evidentes denuncias públicas de actores políticos que deseaban participar en esa iniciativa y le fueron cerradas las puertas; así como hay otros que participaron y sus propuestas no fueron escuchadas. Hablar de inclusión en este contexto pareciera más bien una burla”, dijo Neirlay Andrade, integrante del Buró Político del PCV.
La vocera descartó que se pueda hablar de “verdaderas garantías electorales, políticas, democráticas si hay organizaciones intervenidas judicialmente”.
“Tal es el caso del PCV, el partido político más antiguo del país, al que el Gobierno de Nicolás Maduro le arrebató su personalidad jurídica y, en un hecho inédito en la historia política de Venezuela, se le entrega a un grupo de operadores políticos a su servicio”, apuntó.
Además, prosiguió Andrade, “llama muchísimo la atención que en este denominado Acuerdo Nacional se hable de ampliación de garantías y cuando vamos a revisar el texto se tratan de derechos constitucionales existentes que el Partido Socialista Unido de Venezuela viola sistemáticamente en cada proceso electoral y que hoy pretenden presentar al país como promesa a cumplir en las venideras elecciones”.
“Este acuerdo quiere ser presentado al país como un mecanismo de unidad nacional y lo cierto es que en este pacto que hay entre las cúpulas que se disputan el poder, no hay una representación legítima de las aspiraciones de la clase obrera venezolana y del pueblo trabajador de la ciudad y del campo”, advirtió.
