08-08-24.-El polo burgués en el poder ─que tiene en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a su representante político─ ha cometido un grotesco golpe contra la democracia con el objetivo de mantenerse en el Gobierno y continuar con el saqueo económico del país.

En la noche del domingo 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio inicio a esta gigantesca estafa contra la voluntad popular expresada en las urnas, presentando al país un boletín preliminar cargado de inconsistencias legales y matemáticas, que alertaron a toda la población sobre la posibilidad de un fraude electoral.

En primer lugar, y como denunció nuestro candidato presidencial, Enrique Márquez ─por información de primera mano, transmitida por sus testigos acreditados ante CNE─ el primer boletín que leyó el rector Elvis Amoroso, no fue impreso en la sala de totalización. Este elemento siembra dudas infranqueables sobre la veracidad del contenido del primer boletín, pues al no provenir de la sala de totalización ─como corresponde de acuerdo a la ley─ no es garantía de ser expresión fidedigna del escrutinio de los votos.

En segundo lugar, el rector Elvis Amoroso aseguró que este boletín expresaba una «tendencia irreversible» de los resultados con 80% de las actas transmitidas. Amoroso informó de una tasa de participación de 59% de un total de 21 millones 392 mil 464 electores habilitados para votar. El candidato Maduro obtuvo 5 millones 150 mil 092 votos (51,02%) mientras que el candidato Edmundo González Urrutia obtuvo 4 millones 445 mil 978 votos (44,02%). El rector indicó sin dar detalles que los otros candidatos 462 mil 704 votos (4,6%). Es decir, el rector Amoroso declaró la «irreversibilidad» de la tendencia electoral en favor del candidato Nicolás Maduro con una ventaja de apenas 704 mil 114 votos frente al segundo candidato más votado; no obstante, aún faltaban por escrutar más de 2 millones 562 mil 779 votos, tres veces más la diferencia entre el primer y el segundo candidato.

Al día siguiente, lunes 29 de julio, las dudas sobre la transparencia del proceso se acrecientan debido a que el CNE, en lugar de hacer público el segundo boletín electoral, con la votación discriminada por centro de votación y mesas electorales ─tal como establece la ley electoral y es costumbre de todos los procesos electorales en Venezuela─, procede apresuradamente a proclamar la victoria del candidato Nicolás Maduro, faltando aún contabilizar más de 2 millones y medio de votos.

En Venezuela, el voto es electrónico. Al finalizar la jornada, las máquinas imprimen un acta que recoge las votaciones de cada mesa, la cual es firmada por funcionarios del CNE y los testigos. Copias de esta acta son entregadas a los testigos electorales de cada partido político que participa en la contienda. Esto garantiza que la información que maneja el CNE y cada organización política sea la misma, dando transparencia al proceso.

La crisis se agrava luego que ese mismo día, el comando de campaña del candidato Edmundo González Urrutia, hace público los resultados del 70% de las actas electorales sistematizadas por sus testigos en los más de 30 mil centros electorales habilitados en el país, mientras el órgano electoral nacional muestra su incapacidad para presentar las actas que sustenten el primer boletín, bajo el alegato de un supuesto «ataque cibernético». Por si esto fuera poco, las actas presentadas por el comando de campaña opositor ─que aún hoy no han sido desmentidas por el Poder Electoral─ muestran un resultado en el que González Urrutia se alza con una ventaja electoral considerable frente al candidato Nicolás Maduro.

Sin aventurarnos a dar por ciertos los resultados presentados por la principal fuerza opositora del país ─aunque coinciden con el alto rechazo que el pueblo venezolano manifiesta contra la gestión antiobrera y antipopular de Nicolás Maduro─, lo cierto es que la no presentación las actas y datos, discriminados por centros y mesas de votación, en las 72 horas siguientes al primer anuncio, es un acontecimiento inédito en la historia de los procesos electorales de los últimos 25 años en Venezuela.

Acentúa la desconfianza sobre los resultados presentados el hecho de que el PSUV no ha hecho ningún esfuerzo para rebatir las denuncias de la oposición, presentando públicamente las copias de las actas de sus testigos, y que el propio presidente Nicolás Maduro, confirmó poseer el 100%. Ya existe un antecedente en las elecciones presidenciales de 2013, cuando la oposición denunció fraude y el PSUV, para disipar dudas, publicó en su pagina web las actas en su poder para confirmar su victoria. En esta ocasión, el jefe de comando de campaña del PSUV guarda silencio y esconde las copias de sus actas.

Queremos dejar claro que un «ataque cibernético» no es razón suficiente para justificar el silencio que por más de 72 horas ha mantenido el CNE para presentar las actas y culminar con el escrutinio del 100% de los votos. El sistema electoral Venezolano posee mecanismos de emergencia para garantizar el cumplimiento de sus funciones. Por ejemplo, en el caso de que sea imposible la transmisión total de los resultados, se dispone de las copias de las actas que reciben los testigos de los partidos políticos, cuyos originales se encuentran bajo la custodia de las fuerzas militares. De tal modo que no sólo la imparcialidad del órgano electoral está en duda, sino que cada minuto que pasa se perfila con mayor claridad un hecho que en las calles del país parece indiscutible: Nicolás Maduro perdió las elecciones y está en desarrollo una conspiración institucional para desconocer y truncar la voluntad popular expresada en la urnas.

Como pueden ver, existen dudas razonables para cuestionar el resultado presentado por el rector Elvis Amoroso. A las organizaciones políticas y al pueblo venezolano les asiste el pleno derecho a demandar el cumplimiento de lo establecido en la ley electoral venezolana.

Esta simple demanda de transparencia electoral, ajustada al estado de derecho venezolano, ha sido convertida por el Gobierno autoritario de Maduro en un supuesto golpe de Estado en su contra. En lugar de exigir al CNE que cumpla con su deber de presentar las actas y los resultados por centros de votación ─para despejar las razonables dudas que existen─ arremete violentamente contra las espontáneas protestas populares que se suceden en todo el país y que han tenido su epicentro en sectores populares.

Se ha desatado una ola de persecución contra testigos de mesa, periodistas y transeúntes, quienes son retenidos por fuerzas de seguridad para neutralizar la protesta ciudadana.

El Gobierno pretende eludir los legítimos reclamos del pueblo venezolano con una grotesca campaña de criminalización de las protestas sociales. Recurriendo a las más inverosímiles narrativas, pretenden acusar a todo el que exija transparencia en el proceso de estar incurso en una ofensiva «fascista», «terrorista», «proimperialista» y un sinfín de etcéteras.

El ejercicio de un desmedido uso de la fuerza de los cuerpos represivos y el empleo brutal de grupos parapoliciales en contra de una población inerme, ya ha cobrado la vida de 13 ciudadanos y la detención de miles de personas, entre ellas adolescentes.

De ninguna manera justificamos los excesos de aquellos manifestantes que ─respondiendo a lineamientos de grupos extremistas─ han cometido delitos de de destrucción de bienes públicos y ataques en contra personas por su ideología política. Sin embargo, de manera responsable debemos dejar claro que estas conductas no han sido la generalidad. La inmensa mayoría de las manifestaciones han sido espontáneas y pacíficas, como reacción social a la maniobra antidemocrática en curso.

Desde el Partido Comunista de Venezuela (PCV) exigimos al Gobierno venezolano que cese la criminalización de las protestas populares y detenga de inmediato la maquinaria de represión y persecución en contra de los jóvenes y el pueblo inocente. La protesta es un derecho legítimo que asiste al pueblo venezolano y que el Gobierno-PSUV pretende pisotear con manipulaciones y mentiras.

Hace pocas horas, el Gobierno autoritario de Nicolás Maduro adoptó la insólita e inconstitucional decisión de acudir a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre unos resultados electorales que todavía se desconocen. Sin duda, se trata de una maniobra legal para distraer sobre la responsabilidad del CNE y que la población no pueda jugar un rol contralor en la verificación de los resultados. Maduro pretende recluir la discusión a las paredes cerradas de un tribunal que maneja a su antojo, con el viciado propósito de buscar legitimación.

Estimados camaradas, la situación política en Venezuela es muy peligrosa. Ya anteriormente, con la judicialización de nuestro partido, los casos de criminalización de las luchas obreras y con las múltiples maniobras de las que fuimos objeto para vulnerar nuestros derechos democráticos, les demostramos a ustedes que existe una profundización de los rasgos autoritarios de este Gobierno que representa los intereses de la burguesía expresada en el PSUV. Lo que está aconteciendo con las elecciones presidenciales del 28 de julio, nos confirma que el Gobierno de Nicolás Maduro está cruzando la línea de no retorno y marcha vertiginosamente hacia la imposición de régimen reaccionario.

Las fuerzas oscuras de la reacción burguesa y los laboratorios de propaganda del Gobierno-PSUV intentan deslegitimar la opinión del PCV, asegurando que existe una supuesta alianza de nuestro partido con fuerzas políticas de la derecha tradicional e incluso con el imperialismo. Al respecto, queremos ratificar que nuestro partido no tiene ninguna alianza con ningún polo burgués responsable del despojo de la clase obrera y la profunda crisis en la que se encuentra sumido el país.

Nuestro partido mantiene una política consecuente con lo aprobado por su 16° Congreso Nacional, que plantea la necesidad de construir una alternativa desde el campo obrero y popular a los dos polos de la burguesía. Intentamos presentar en estas elecciones presidenciales una candidatura que fuese expresión de este necesario proceso de acumulación de fuerzas del campo obrero-popular, pero el gobierno de Nicolás Maduro, haciendo un uso autoritario de su poder institucional, lo impidió. Finalmente, construimos una alianza con el candidato independiente Enrique Márquez, basada en un programa de gobierno que tuvo en su centro la recuperación de los derechos que han sido arrebatados a las familias trabajadoras.

El PCV no construye su política sobre la base del chantaje ideológico, sino a la luz de los intereses inmediatos y estratégicos del conjunto de la clase trabajadora venezolana. Están equivocados quienes pretenden que el PCV guarde silencio frente a la farsa en curso, sólo porque esta línea de denuncia podría «beneficiar» al candidato de las fuerzas hegemónicas de la oposición. Si permitimos que este fraude avance y se consolide, es la clase trabajadora quien cargará con las mayores consecuencias, no los partidos de la burguesía, pues tal y como demuestra el análisis clasista, estas organizaciones al servicio del capital terminarán por pactar en función de sus intereses económicos.

No nos queda duda de que la consolidación de giro autoritario del régimen de Nicolás Maduro y del PSUV se traducirá en la destrucción de lo poco que queda de libertades políticas y democráticas del pueblo trabajador, así como impactará negativamente en las libertades sindicales y gremiales de los trabajadores para emprender la lucha de clases contra los patronos.

Instamos al movimiento comunista internacional a no dar la espalda a la clase trabajadora venezolana. Está en desarrollo una campaña para legitimar un proceso a todas luces viciado, basada en el reiterado discurso de la supuesta «lucha antiimperialista» del Gobierno-PSUV. No obstante, las actuaciones de esa cúpula corrupta confirman su servil disposición a garantizar las ganancias de la burguesía local y el capital trasnacional, mientras descarga todo el peso de la crisis y las consecuencias de las criminales «sanciones» sobre los hombros de la clase trabajadora.

Desde el PCV, reiteramos nuestra exigencia al CNE de que publique las actas de escrutinio y los resultados discriminados por mesas y centros de votación. Además, que se permita la auditoría integral y la apertura del 100% de las cajas para el reconteo de las papeletas de votación. Sólo la transparencia puede evitar una agudización del conflicto.

Además, condenamos enérgicamente la injerencia de los órganos y gobierno proimperialistas ─como la Organización de Estados Americanos y el Departamento de Estado de Estados Unidos─ que buscan pescar en río revuelto a fin de imponer sus oscuros intereses, que nada tienen que ver con las legítimas aspiraciones del pueblo venezolano.

Nuestra demanda es clara: respeto a la soberanía popular, a las libertades democráticas y demás garantías constitucionales. La consolidación de un régimen autoritario, al servicio del capital nacional y extranjero, no puede ser nunca una mejor opción.

Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela