En tal sentido, queremos trasmitir a la opinión pública nacional un conjunto de elementos que anteceden a esta convocatoria electoral y sin los cuales no se puede comprender la aguda crisis política y social que impera hoy en el país:
1. La toma de posesión de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, es el punto culminante de una conspiración de los Poderes Públicos, controlados por la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), contra las legítimas aspiraciones de cambio del pueblo venezolano; que rechaza su gestión antiobrera, antipopular y profundamente antidemocrática. De manera ilegal e inconstitucional, Maduro asumió un Gobierno de facto sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentara los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, desagregados por mesa de votación, tal y como establecen las leyes.
2. Tras haber perdido el respaldo popular, la cúpula corrupta que hoy controla el aparato estatal ha desatado una represión sin precedentes en la historia reciente contra los sectores populares, cuyo saldo ha sido la detención arbitraria de cientos de trabajadores y jóvenes -muchos de ellos secuestrados en las puertas de sus hogares o de sus centros de trabajo- que hoy son víctimas de violaciones a sus derechos más elementales.
3. La política de terror que ha impuesto el PSUV para consolidar su farsa electoral también se ha sustentado en la persecución y criminalización de aquellos sectores políticos y sociales que luchamos por la recuperación de los derechos democráticos conculcados al pueblo venezolano. Tal ha sido el caso del Frente Democrático Popular (FDP) -del cual forma parte el PCV-: Actualmente, una de sus principales figuras, el excandidato presidencial Enrique Márquez permanece secuestrado e incomunicado sin explicación jurídica alguna. Además, los dirigentes María Alejandra Díaz y Juan Barreto son asediados por grupos policiales y parapoliciales a la vez que -junto al Secretario General del PCV, Oscar Figuera- se les intenta vincular con factores de extrema derecha a través de burdas operaciones de propaganda, orquestadas por los instrumentos de manipulación del Gobierno-PSUV.
4. La campaña anticomunista de la cúpula del PSUV tuvo su hito más importante con el asalto judicial contra el PCV y la entrega de su tarjeta electoral a un puñado de mercenarios al servicio de Nicolás Maduro. Con ello – emulando al betancourismo- no solo se ha privado a la izquierda venezolana de concurrir a procesos electorales, sino que se ha comprobado el pacto que las élites burguesas del Gobierno mantienen con los sectores más reaccionarios de la oposición para sostener la falsa polarización que ha conducido al país hasta esta catastrófica encrucijada.
En este contexto en el que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha sido derogada; de ausencia de garantías y de transparencia electoral; de condicionamientos y normas arbitrarias para obstaculizar la participación política; y de auge del autoritarismo y de la represión, el XV Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, haciendo uso de su independencia como partido de la clase obrera y del pueblo trabajador de la ciudad y el campo, ha resuelto no participar en las elecciones a Gobernaciones, Consejos Legislativos y Asamblea Nacional previstas para el 27 de abril.
El PCV ratifica su llamado a las fuerzas revolucionarias, populares y genuinamente democráticas, independientemente de la táctica adoptada en esta coyuntura electoral, a unirnos en una amplia alianza para luchar por la recuperación de los derechos políticos, económicos y sociales que han sido arrebatados, así como para hacer frente a las salidas injerencistas con las que un sector de la derecha proimperialista intenta hacerle creer al país que solucionará esta aguda crisis de legitimidad.
Las y los comunistas venezolanos mantenemos en alto las demandas hechas tras el golpe a la voluntad popular del 28 de julio: El país debe conocer los resultados electorales tal y como establece la ley. Demandamos independencia del árbitro electoral; restitución de las tarjetas electorales a las legítimas direcciones de los partidos políticos; libertad plena para los presos políticos; restitución de las garantías democráticas y respeto a la soberanía popular.
¡Seguimos en pie: sumando fuerzas y organizando luchas!