Hoy, en el mediodía, mientras escuchábamos atónitos a Nicolás Maduro quien intento responder a las numerosas condenas que desde los sectores revolucionarios y progresistas se han levantado, nacional e internacionalmente, por la irresponsable “entrega” de Joaquín Pérez Becerra al Gobierno colombiano, recordamos el preclaro pensamiento de Alfredo Maneiro. Nos preguntamos cómo podría valorar Alfredo ésta medida desde la eficacia política y la calidad revolucionaria como parámetros de acción.

No creemos que valga la pena entrarle por ahí a la respuesta de Nicolás Maduro. El, ciertamente, no lo entendería. Es preferible dejar por fuera la ética, o la conciencia revolucionaria, ésta puede ser, apenas, un detalle que no cabe, en este caso, como se podría “inferir” de la respuesta de nuestro ya experimentado Canciller.

Nicolás dio una respuesta defensiva que no convenció a nadie, pero tuvo el “detalle” de autorizar a “los grupitos de la izquierda radical” -que han manifestado su opinión desde la crítica responsable- que podían continuar quemando muñecos. Algo es algo, dice uno. Es decir, sigan quemando muñecos, camaradas, que no habrá otra explicación. Eso es lo qu´hay.

Ahora bien, desde la perspectiva del respeto a la normativa interna y el derecho internacional, la respuesta debe llamar la atención a tirios y troyanos. Si el Canciller de la República Bolivariana de Venezuela justifica, públicamente, la medida adoptada y desde los otros poderes nadie riposta, quiere decir que, de verdad, la “entrega” de cualquier individuo se asume como política de Estado.  Si analizamos también los comentarios de Soto Rojas, Presidente de la Asamblea Nacional, quien ufanamente decía que la medida adoptada con Joaquín Pérez Becerra es un tema de Estado, porque somos un país soberano. Es, sencillamente, una política de Estado, sin más vueltas. Confesamos, a pesar de esto, que guardamos la esperanza que algún doliente gubernamental, ojala sea el propio Chávez, remiende el capote antes de que Venezuela presente, en octubre de este año, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el Examen Periódico Universal. Esto lo citamos porque como sabemos el PCV, responsablemente, envió una denuncia al Comité contra la Tortura de la ONU sobre el caso de Pérez Becerra.

Tenemos la impresión, y con mucho respeto lo decimos, que el Ciudadano Canciller y el Sr. Presidente de la Asamblea Nacional no tienen claro el peso que sus palabras tienen, y tendrán, en el ámbito internacional, a la hora que se evalúe la política de Venezuela en materia de derechos humanos.  

Tenemos que ser muy didácticos, a esta altura del partido, porque el tema lo amerita. Una política de Estado, en cualquier ámbito significa, básicamente, que la institucionalidad, la costumbre, el cuerpo normativo, procesal, la estructura del Estado en su sentido lato se orienta a actuar en una misma dirección. 

Ahora bien, desde esa perspectiva,  la “entrega” de un individuo sin exigir  respeto a sus derechos humanos, sin cumplir las normas del debido proceso y las garantías procesales, a cualquier gobierno que lo requiera, es una política de Estado? No, no lo es. Incluso en el caso hipotético de que fuese un terrorista de capa mayor, como Posada Carriles. Cualquier individuo, tiene sus derechos humanos protegidos. Imagínense un revolucionario. Repetimos,  es una grave falla institucional  utilizar indiscriminadamente la deportación, en lugar de la extradición, cuando un delincuente es requerido. Imagínense  la “entrega” que no tiene asideros legales de ningún tipo y deja en absoluta “indefensión” al sujeto detenido. La deportación, y más aún la extradición, exigen garantías y pruebas mínimas de protección del individuo requerido.

La política de “entrega” violenta la institucionalidad nacional. Venezuela es un Estado Social de derecho y de Justicia. El gobierno hace muy mal justificando ese “error craso” con el argumento de que es para mejorar –o por el chantaje del descarrile- las relaciones diplomáticas con la “hermana” República. No se trata de amparar a nadie en particular, es que la Constitución y las leyes obliga a los poderes del Estado a actuar conforme a derecho. No es un problema ideológico, es de carácter legal e institucional. Si el Canciller a estas alturas no lo sabe, estamos muy mal, incluyendo a la Fiscalía, la Defensoría, etc. ¡Todos¡

Hemos leído, con respeto, algunas opiniones apelando al entendimiento revolucionario. No, ``camaradas´´.  El Gobierno fallo institucional y normativamente. Y mejor no hablemos de principios y de calidad revolucionaria para no enredar más la cosa. Dejemos para otra  oportunidad esos temas, incluyendo la eficacia política.

Santos, nuestro “nuevo mejor amigo” nos “coopera” ayudando a montar otro expediente contra Venezuela: ya no solo es por “colaboración” con el terrorismo y el narcotráfico. Ahora es en el tema de derechos humanos. Aparentemente, ya hemos entregado unos cuantos a Colombia en las mismas condiciones que a Pérez Becerra. Estados Unidos proclama que para “respetar” los derechos humanos a Posada Carriles  no lo extradita a Venezuela, o a Cuba, porque según “correría” peligro su vida. Prácticamente fueron las mismas palabras utilizadas por el Ministro de Relaciones Interiores de Colombia refiriéndose a la extradición de  Walid Makled a nuestro país.

Algunos con despecho han dicho, pero por qué Colombia siempre se sale con la suya. Creemos que la oligarquía colombiana sabe administrar, o dosificar muy bien su arrogancia. Estamos seguros que a Venezuela le montaron un peine, con el caso Pérez Becerra. Pero, según parece, algunos responsables gubernamentales ayudaron a que eso ocurriera. También hay mucho miedo suelto. Chávez que investigue y explique. Es lo mejor..  

En esta nuestra patria, la alta dirigencia de la revolución no le interesa lo que exprese la conciencia revolucionaria desde la calle. Perdón,  no es tan así, Nicolás permitió generosamente continuar “quemando muñecos, en la calle”.