Ante la genocida acción militar ejecutada por la OTAN en Libia, como rebufo de la “revolución árabe” de Túnez, Egipto y otros países; aprovechada por Francia, Inglaterra e Italia, para sembrar mercenarios en una insurrección jalonada por los grandes medios globalizados, quienes lograron impactar a la opinión pública mundial. Dejando como desenlace final además de la fragrante violación a la soberanía, el derrocamiento de la revolución verde y asesinato de miles de personas incluyendo a su líder Muamar Gadafi. Asimismo la devastación total de su infraestructura, al extremo que las grandes corporaciones transnacionales de los países implicados, pugnan por la obtención de jugosos contratos para la reconstrucción de lo que ellos alevosamente destruyeron.
Como el país quedo hecho ruinas, las nuevas autoridades gubernamentales impuestas, tendrán la obligación de pagar con sendas concesiones petroleras, materializándose así el objetivo de la acción militar; saquear el petróleo.
Esta macabra acción tiene su fundamentación legal en un concepto incorporado en la resolución final de la Cumbre Mundial de la Asamblea General de la ONU del 2005, donde el Secretario General Kofi Annan, basándose en el informe del grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, del 1 de Diciembre de 2004; que refiere a una “obligación de proteger” y que dentro del marco de la reforma de la ONU recomienda la adopción de una norma.
K. Annan desde que llegó a la Secretaría General de la ONU, venia con la intención de utilizar los derechos humanos como un mecanismo de intervención, como lo son la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y las democracias inestables. Solo faltaba darle visos de legalidad en el marco de Naciones Unidas, prueba de ello es que K. Annan, comenzando el milenio se refirió de la siguiente forma: “la intervención humanitaria es una cuestión delicada, plagada de dificultades políticas y sin soluciones fáciles. Pero sin duda no hay ningún principio jurídico – ni siquiera la soberanía – que pueda invocarse para proteger a los autores de crímenes de lesa humanidad. En los lugares en que se cometen esos crímenes y se han agotado los intentos por ponerle fin por los medios pacíficos, el Consejo de Seguridad tiene el deber moral de actuar en nombre de la comunidad internacional”
Este concepto difuso y controvertido sirve de burladero, para que potencias mundiales, ante la crisis económica que les aqueja, aunado a las reacciones populares contra la implementación de políticas neoliberales, rediseñen acciones neocoloniales, quedando nuestros pueblos en una suerte de indefensión, porque así como ayer fue Afganistán, Irak o Libia, cuando su interés nacional lo amerite fabricarán pruebas y procederán a la aplicación de esa intervencionista resolución.
@pedrocarreno_e
