500 años de lucha
contra el saqueo minero
El pueblo Ngabe-Buglé viene luchando desde el
momento mismo de la Conquista contra los colonizadores ávidos de sus riquezas
minerales. Cronistas como el padre De las Casas narran que el propio Cristóbal
Colón en su cuarto viaje llegó a la vertiente caribeña de las actuales
provincias de Veraguas y Bocas del Toro, donde habitaban, y siguen habitando,
los miembros de esta etnia. Los europeos se impresionaron por el oro que
portaban y Colón decidió establecer la primera colonia en Tierra Firme, Santa
María de Belén, a orillas de la desembocadura del río Belén o Yebrá, como le
llamaban sus habitantes originarios. Ante la violencia del despojo que
intentaron, incluso secuestrándolo, el mítico cacique Quibián se fugó y
organizó una liga de tribus contra los españoles, destruyendo Belén e hiriendo
al propio hermano del almirante, Bartolomé Colón, en 1503.
En 1520-27, otros conquistadores como Gaspar de
Espinosa y Pedrarias Dávila fueron derrotados por el legendario cacique Urracá,
en sus intentos de posesionarse sobre
las minas de oro de Veraguas. Urracá los mantuvo en jaque, y llegó a sitiar la
ciudad colonial de Natá, en lo que se llamó “La batalla de las razas”. La mayoría de las descripciones del
genocidio de los españoles contra los indígenas de América, que relatara el
padre De las Casas, se refieren a hechos ocurridos en el Istmo de Panamá. Aunque
de esas crónicas salieron las “Leyes de Indias” que intentaban frenar el
genocidio, los encomenderos hicieron poco caso de ellas.
A fines del siglo XIX, siendo Panamá parte de
Colombia, los abusos de los terratenientes y la propia Iglesia continuaban,
bajo la forma de impuestos como el diezmo y de arrebatarles arbitrariamente sus
tierras para fincas ganaderas. Esto motivó que otro gran líder indígena, el
general Victoriano Lorenzo, aprovechara la Guerra de los Mil Días (1899-1902),
narrada tantas veces por García Márquez, para transformar las demandas
liberales por democracia en una guerra campesino indígena contra los
terratenientes blancos de Penonomé y Natá. La insurrección fue total, logrando Victoriano el control de todo
el interior del país, salvo la ciudad de Panamá, a la que los “marines” yanquis
protegieron militarmente. Victoriano fue traicionado por liberales y
conservadores, asesorados por Estados Unidos (Pacto del Acorazado Wisconsin),
siendo fusilado poco antes de la imposición de los Tratados de 1903, que cuya
consecuencia fue la separación de Colombia y la Zona del Canal.
Ngabe-Buglés la fuerza
de trabajo agrícola
Los miembros de esta etnia, vulgarmente
llamados por la élite gobernante “cholos” o “guamíes”, han sido por más de cien
años la fuerza de trabajo barata para el sector agrícola panameño. Son la mano
de obra esencial en las bananeras, en la zafra del azúcar y en la cosecha del
café, también en la limítrofe Costa Rica donde emigran para trabajar. Pese a su
importante aporte económico, reciben los peores salarios, a más de la
discriminación racista. Hoy por hoy, según cifras oficiales son el grupo más
pobre del país, entre quienes la pobreza sobrepasa el 90% y la pobreza extrema
al 80% de sus habitantes. Mayormente habitan la cordillera del centro –
occidente de Panamá, a donde fueron desplazados desde los llanos por la industria
agrícola y ganadera. Ahora resulta que viven en cerros poco productivos para la
agricultura, pero cargados de ricos yacimientos de cobre y oro codiciados por
las transnacionales mineras.
Una verdadera
revolución estremece al pueblo Ngabe-Buglé.
Esta es la tercera vez en dos años que el
pueblo Ngabe-Buglé pone en jaque al gobierno empresarial de Ricardo Martinelli.
La primera fue en julio de 2010, cuando se pretendió imponer un conjunto de
leyes bajo una sola (Ley Chorizo) que, entre otras cosas, pretendía debilitar
los sindicatos obreros cortando los descuentos de las cuotas de los
trabajadores, modificaba la legislación ambiental para facilitar proyectos sin
estudio de impacto ambiental y permitía a los policías acusados de violar los
derechos humanos seguir en el cargo sin sanciones. En esa ocasión, el Sindicato
de Trabajadores de la Chiriquí Land Co. (SITRACHILCO), de la transnacional
norteamericana United Brands (Chiquita), y los sindicatos de las bananeras
independientes, convocaron una huelga en la región de Changuinola, provincia de
Bocas del Toro. En aquella ocasión la movilización fue duramente reprimida, a
costa de diez muertos y centeneras de heridos, pero no pudo ser derrotada. Por
el contrario, desembocó en la primera huelga general nacional de la última
década. La ley tuvo que ser parcialmente derogada.
De más está decir que la dureza de aquella
represión, en la que la policía disparaba perdigones a la cara de los obreros bananeros,
la mayoría de la etnia Ngabe-Buglé, hubo unos cincuenta lesionados en la vista, se traslució con claridad la
actitud racista del propio Martinelli, su ministro de seguridad pública, José
Raúl Mulino, y los jefes policiales. Incluso en conferencia de prensa, el
presidente y su ministro, llegaron a hablar despectivamente de que el
movimiento estaba compuesto por “indios borrachos” y otras expresiones
inaceptables, que en cualquier país civilizado hubieran significado la
destitución y enjuiciamiento de ambos por racismo y violación de los derechos
humanos.
La lucha contra la
minería en 2011
El segundo momento de lucha del pueblo
Ngabe-Buglé fue en enero-febrero de 2011, cuando el gobierno intentó imponer un
nuevo Código Minero que facilitaba la exploración y explotación minera en todo
el país, e inclusive la participación en el negocio minero de empresas
estatales (coreanas y canadienses), algo que prohíbe la Constitución Política. Al igual que ahora, decenas de miles de
indígenas de la etnia, convocados por la Coordinadora de Lucha, bajaron a la
Interamericana y la cortaron por varios días y, ante el repudio que había
recibido el gobierno por la represión de 2010, Martinelli se vio obligado a
ceder, derogando el Código Minero y firmando un acuerdo por el cual se
comprometía a suspender toda explotación minera e hidroeléctrica en la comarca,
en particular del yacimiento cuprífero de Cerro Colorado en el que habitan
miles de familias.
El gobierno tuvo que negociar y pactar con el
movimiento. Aunque reprimió acciones de solidaridad en Panamá y arrestó y
expulsó del país a los periodistas españoles Paco Gómez Nadal y Pilar Chato.
Nuevamente la lucha
contra la minería en 2012
En febrero de 2012, nuevamente convocados por
la Coordinadora de Lucha, miles de personas salieron de las comunidades
comarcales para cortar la Interamericana ante la pretensión del gobierno de
revivir el Código Minero, sin incluir el artículo 5, en el que se pactó la
prohibición de minas e hidroeléctricas en la comarca. Durante seis días se
mantuvo cortada la carretera, en varios puntos del occidente del país, quedando
varados centenares de camiones de carga, pasajeros, quedando desabastecida la
ciudad de Panamá de productos agrícolas y la provincia de Chiriquí de
combustible. Para justificar la represión, tanto el gobierno panameño como el
de Laura Chinchilla de Costa Rica, falsearon los hechos para insinuar que los
indígenas habían secuestrado a turistas de aquel país, quienes en realidad
quedaron varados en la carretera.
Para preparar la represión, que finalmente se
desató el domingo 5 de febrero al amanecer, se cortaron dos días antes las
comunicaciones con la zona del conflicto, se cercó el área y se prohibió llevar
agua y alimentos a quienes protestaban, pese a que había familias enteras con
niños pequeños, se negaron a enviar emisarios al diálogo mediado por la Iglesia
católica, y se lanzó una campaña mediática para culpar al movimiento de las
grandes pérdidas económicas. Pese a ello, el gobierno no ha logrado su
propósito, pues desde la tarde del domingo se desataron marchas y protestas de
solidaridad, tanto en la ciudad de Panamá, como en Colón y Changuinola, donde
los sindicatos amenazan con otra huelga. Así como cortes de apoyo de otras
etnias indígenas, como los kunas y los emberás, quienes han cortado la
interamericana al oriente del país, en dirección al Darién. Las manifestaciones
han recibido respaldo de la ciudadanía que salía a los balcones goleando pailas
o tocando sus bocinas en apoyo a la lucha y en repudio de las acciones
represivas del gobierno.
Los inconfesables
intereses detrás del negocio minero y las hidroeléctricas
En estos momentos se encuentra en plena
explotación la mina de oro de Cerro Petaquilla, en la provincia de Coclé, y
está próxima a iniciar otra de cobre y oro en Donoso, provincia de Colón. Pero
Cerro Colorado, ubicado más al occidente, dentro de los límites de la comarca
Ngabe-Buglé, es uno de los mayores yacimientos del continente americano y ha
estado en la mira desde los años setenta, pero la resistencia indígena y la
caída de los precios internacionales hizo desistir por dos décadas a las
codiciosas mineras y sus socios nacionales.
Sin embargo, el economista Alessandro Ganci (“Las razones de la minería”) señala que
los aumentos de los precios internacionales han renovado la codicia por los
minerales. Según Ganci, el precio internacional de la onza de oro anda por los
US $ 1.723,50, o sea, US $ 55.410,00 el kilogramo. Mientras que el precio del
cobre está en US $ 8.58 por kilo. De manera que, Cerro Colorado con una reserva
de cobre estimada en 17.360 millones de kilogramos de cobre podría significar a
los precios actuales una riqueza de US $ 148.949 millones!!
Y agrega. “La
inversión aproximada es de 3.500 millones y las “regalías estatales” constituyen
un pírrico 2 - 4 % del total. Con al menos 40 años de explotación la inversión
inicial quedaría saldada en 2 -3 años. A razón de 3.100 millones por año”. Estos
numeritos explican la disposición del actual gobierno de reprimir para quedarse
con la tajada del cobre de los Ngabe-Buglés, igualito que los conquistadores de
hace 500 años. Codicia compartida por todos los sectores empresariales
panameños quienes no tuvieron empacho en reunirse la noche del 5 de febrero,
consumada la represión, en la Presidencia de la República con Martinelli para
darles su bendición.
Lo mismo podría decirse del lucrativo negocio
de la producción de energía hidroeléctrica, manejado por empresas extranjeras
en asocio con prominentes políticos panameños, como la ex presidenta Mireya
Moscoso y el propio Martinelli. El falso alegato del gobierno y los empresarios
es que prohibir las hidroeléctricas conllevaría pagar más por energía eléctrica
producida por petróleo. Pero la legislación actual permite a los dueños de las
hidroeléctricas facturar a precios de la producida por combustibles fósiles.
Otras comunidades indígenas también están
amenazadas, como los kunas y emberás-woaunam, pues por etos días se otorgará la
concesión para explorar y explotar cuatro bloques yacimientos petroleros en la
región de Darién.
El mito del
“progreso”. ¿Progreso para quién?
El colmo del cinismo de la clase dominante
panameña es pretender presentar sus intereses crematísticos como si fueran los
intereses de la nación, culpando a los indígenas de “impedir el progreso” del
país. Cualquier persona medianamente educada sabe que los países con mayores
riquezas minerales poseen las poblaciones en mayor miseria, que además padecen
cruentas guerras civiles incentivadas por voraces intereses imperialistas. Para
ejemplo, basta con mirar la historia de Bolivia, o los países del centro de
África. Y el que dude que vea la película “Diamantes de sangre”.
Pero en Panamá la desfachatez de Martinelli y
su gobierno no tienen límite, pues al derogarse el Código Minero, por la lucha
del año pasado, en un cálculo frío de los diputados oficialistas, no
restituyeron varios artículos del código anterior con lo cual ha resultado que
en estos meses explotaciones multimillonarias, como Petaquilla, no están
pagando ni un solo centavo de regalías al Estado panameño!!!
Ahora, que dicen revivir el proyecto repudiado
hace doce meses, para cobrar las regalías, han reducido a la ridiculez los
cargos que deben pagar las empresas mineras. Otro economista, William Hughes (“Panamá: poder oculto en la minería”) ha
denunciado que los impuestos que deben pagar las empresas extractoras de piedra
y cascajo están siendo reducidos de 300 dólares a 75 y 100 por kilogramo, y la
extracción de cobre y oro, que pagaban 10 y 20 mil dólares por kilo, ha sido
rebajada a 300 y 450 dólares el kilo, en el nuevo proyecto. En el mismo
sentido, la “finaza de garantía”, que para el primer caso era de 50 dólares por
hectárea se la baja a 10 centavos de dólar por hectárea; y en el caso de los
metales se la baja de 200 dólares a 25 centavos por hectárea.
Queda evidenciado que Martinelli, su gobierno y
las mineras están saqueando la
propiedad y los derechos del conjunto de la nación para beneficio (“progreso”)
de los dueños de este negocio, sacrificando los intereses y derechos, no sólo
de los Ngabes-Buglés, sino de todo el país.
Basta de burlas, que
Martinelli respete la ley
El Movimiento Popular Unificado (MPU), los
sindicatos, las organizaciones populares, de derechos humanos, los
ambientalistas, la sociedad civil y la dirigencia de la Coordinadora de Lucha
Ngabe-Buglé exigimos algo simple: que Martinelli y su gobierno respeten su
compromiso formalizado en los acuerdos firmados el año 2011 que prohíben la
minería e hidroeléctricas en la comarca, y que respete la ley.
Decimos basta de burlas y mentiras. El gobierno
panameño debe cumplir la suscrita Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas (13 de septiembre de 2007), la propia Ley 41
de 1 de julio de 1998 sobre tierras comarcales, y el Convenio 169 de la OIT,
que no ha sido ratificado, todas las cuales señalan con claridad que la
explotación de los recursos naturales de las comarcas debe hacerse en acuerdo
con las comunidades y las autoridades naturales de la comarca.
Como Martinelli y los intereses capitalistas
que defiende no cumplirán por las buenas con los mínimos derechos que la
legislación establece, está demostrado, debemos seguir movilizados en
solidaridad con la lucha del pueblo Ngabe-Buglé, hasta imponer un gobierno popular
en el que se respete la vida humana y la naturaleza.
Panamá, 6 de febrero de 2012
