Todos los focos caen sobre el Reino de España y su sector bancario. ¿Después de Grecia, Irlanda y Portugal, los planes de rescate nos persiguen o solamente es que estamos en medio de la corriente? Debemos tener lucidez y reconocer que la crisis bancaria y financiera no está, ni mucho menos, solucionada ni en Europa ni en Estados Unidos. Sus repercusiones sobre el resto de la economía mundial y, en consecuencia, sobre las condiciones de vida de las poblaciones perdurarán mucho tiempo. Sin embargo, en Europa, durante el primer semestre de 2012, los grandes medios de comunicación respaldaron las declaraciones de dirigentes europeos, representantes del BCE y de bancos privados en su afán de convencer a la opinión pública de que la política llevada a cabo había permitido estabilizar la situación del sistema bancario.

Según el discurso dominante, las inquietudes encuentran su origen en el sobreendeudamiento de los Estados, un posible default griego o un contagio a España e Italia. Del lado de los bancos, el saneamiento sigue su curso, el BCE tendría la situación dominada. Desde enero hasta comienzos de mayo de 2012, el mensaje repetido hasta la saciedad era más o menos este: “Gracias al billón de euros que recibieron en préstamos en dos etapas (diciembre de 2011 y febrero de 2012) por tres años, al 1 % de interés de parte del BCE, las instituciones financieras privadas son capaces de hacer frente a las dificultades de los Estados en materia de deuda soberana, por lo tanto, los mercados financieros reencontraron la calma y las Bolsas están en alza después de un año particularmente deprimente. Gracias a esta regla de oro (que se está adoptando por doquier): los esfuerzos en la reducción de los gastos del Estado, en la reforma del mercado de trabajo para volverlo todavía más flexible y en las pensiones para reducir su carga, las finanzas públicas están saneándose. Todavía hacen falta algunos esfuerzos pero vislumbramos el final del túnel. ¡La buena gente puede dormir en paz!”

El mes de mayo de 2012 nos trajo un feroz desmentido. Efectivamente, se vio muy claro que los bancos privados no habían saneado sus cuentas totalmente, que no cambiaron un comportamiento de alto riesgo ni sus dirigentes no perdieron el apetito de bonus y primas. Los banqueros consideran que los poderes públicos siempre estarán allí para rescatarlos. Los rescates bancarios con el dinero público continúan. La depresión se prolonga. La deuda pública aumenta debido al efecto combinado de los rescates y de la depresión. El chantaje de los mercados financieros respecto a los eslabones más débiles de la zona euro vuelve con nuevos bríos

El sistema bancario está en el ojo de un huracán que continúa su camino, golpeando una después de otra a las grandes instituciones bancarias privadas y haciendo desaparecer las fronteras. A diferencia de un huracán, un fenómeno natural bien conocido, el huracán financiero no tiene nada de natural: Es un puro producto del funcionamiento cíclico del capitalismo, amplificado por 30 años de desregulación neoliberal. 

España en el punto de mira

El caso español es emblemático ya que demuestra que la crisis no tiene su origen en la deuda pública generada por un Estado social demasiado gastador. En 2007, en el momento en que la crisis estalló en Estados Unidos y antes de que España fuera arrastrada, la deuda pública española sólo representaba el 36 % del Producto Interior Bruto. España era una de las mejores alumnas de la zona euro con un nivel de endeudamiento público netamente inferior al 60 % prescrito por el Tratado de Maastricht, su saldo presupuestario era positivo (+1,9 % del PIB mientras que Maastricht imponía un saldo negativo máximo del 3 %). La deuda pública española representaba sólo el 18 % de la deuda total del país. Por consiguiente, no hay que buscar la responsabilidad en la deuda pública puesto que la crisis que afecta a España ha sido directamente provocada por el sector privado: el inmobiliario y el de crédito.

En España, en mayo de 2012, Bankia, el tercer grupo bancario español en términos de activos, pidió una ayuda pública de 19.000 millones de euros (que se agregan a los 4.500 millones ya recibidos). El Banco de España estima que el sistema bancario del país tiene activos tóxicos por un monto de 176.000 millones de euros. Diferentes especialistas calculan que será necesaria una inyección de entre 40.000 a 200.000 millones de euros para recapitalizar a los bancos españoles.

El sector financiero privado español no está sólo en esta causa. El grupo bancario franco-belga-luxemburgués Dexia rescatado por segunda vez de la quiebra en octubre de 2011 reconoció una pérdida de 11.000 millones de euros en el ejercicio de 2011 y todavía no el problema no ha acabado: una vez más pidió ayuda a los poderes públicos para recapitalizarse (al menos otros 10.000 millones de euros habrían sido demandados). J.P. Morgan, uno de los grandes bancos de negocios estadounidenses debió reconocer una pérdida de 2.000 millones de dólares en mayo de 2012 (esta noticia produjo en pocos días una caída de 25.000 millones en su capitalización en bolsa) y se habla de daños muy superiores para el futuro. Los bancos griegos se encuentran en una situación penosa, deben hacer frente a retiradas masivas de dinero (en las que los dirigentes y los accionistas participan activamente) y sólo sobreviven, por el momento, gracias a los préstamos de urgencia que el Banco Nacional de Grecia les concede, día a día, por un monto de 100.000 millones de euros con el acuerdo del Banco Central Europeo.[3]

Entre los 800 bancos europeos que se endeudaron con el BCE por un billón de euros (1 000 000 000 000 €), numerosas entidades (entre las que están los bancos más grandes) tiene de nuevo problemas de liquidez o los tendrán dentro de poco tiempo, y presionan al BCE para reproducir el mismo tipo de operación con préstamos a tipos de interés bajos (inferiores a la inflación) y por un plazo bastante largo.

Mientras que toda la atención de la opinión pública está dirigida hacia la deuda pública acumulada en los Estados, la fuente principal de la crisis está constituida por el estado de los balances de los bancos privados (y de las grades aseguradoras). Acumularon enormes cantidades de deuda[4], con el fin de financiar las operaciones de alto riesgo que producen pérdidas descomunales. Dichas pérdidas se originan a medida que los contratos sobre productos estructurados y otros activos tóxicos llegan a su vencimiento.

La lección que podemos sacar es que, ahora más que nunca, es necesario reivindicar la expropiación de los bancos y su transferencia al sector público bajo control ciudadano. Se debe rechazar los costosos rescates que aumentan principalmente la deuda pública sin resolver de manera duradera la crisis bancaria. No sólo la expropiación debe hacerse sin indemnizar a los grandes accionistas (pero sí a los pequeños) sino que el coste del saneamiento de las cuentas de las instituciones expropiadas debe ser recuperado mediante sus patrimonios totales (ya que en general tienen patrimonios que van mucho más allá de los bancos). Es necesario construir una relación de fuerzas para conseguir el repudio por parte de los poderes públicos de la parte ilegítima de la deuda[5], con el objetivo de liberar los recursos para instaurar una política de pleno empleo y de inversiones públicas en actividades que mejoren las condiciones de vida de la población, que preserven el ambiente, que rompan con el capitalismo y el productivismo. Se trata de realizar una serie de políticas coherentes sobre alternativas económicas y sociales para efectuar un gran cambio posneoliberal, posproductivista y anticapitalista.[6] En el camino hacia el cambio radical, la auditoría ciudadana de la deuda es una herramienta de concienciación y de movilización valiosa e indispensable[7].

 Traducido por Griselda Piñero

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