Éric Toussaint[1]

Este texto propone una serie de alternativas concretas a la crisis que atraviesa Europa. Contiene 19 medidas inmediatas a tomar a escala financiera en general y de la banca en particular. Más allá de esas medidas propone la socialización bajo control ciudadano del sector de banca y seguros. A continuación aborda las demás medidas a tomar para una salida de la crisis que sea favorable a la aplastante mayoría de la población: detener los planes de austeridad; anular la deuda pública ilegítima, insostenible, odiosa y/o ilegal; anular las deudas privadas ilegítimas y/o ilegales; aumentar los recursos de los poderes públicos legítimos; desarrollar y extender los servicios públicos; reforzar el sistema de jubilaciones por reparto; reducir radicalmente el tiempo de trabajo para garantizar el pleno empleo y adoptar una política de rentas para realizar la justicia social; poner en cuestión el euro y actuar a favor de una Europa diferente que implique reemplazar los tratados actuales vía un verdadero proceso constituyente de los pueblos. Se trata de propuestas susceptibles de debate.

A partir del comienzo de los años ochenta, el sector bancario privado logró liberarse de las restricciones que los poderes públicos habían establecido y mantenido durante varios decenios a fin de evitar una repetición de la crisis bancaria de los años treinta. Los reguladores y los gobiernos convertidos en adeptos al neoliberalismo han soltado la brida del cuello de los banqueros capitalistas, quienes lo han aprovechado al máximo. Todo ello se ha desarrollado en un contexto en que el gran capital tomaba su revancha sobre una serie de conquistas sociales obtenidas por los trabajadores en interés de la aplastante mayoría de la población. La actual crisis, que comenzó en 2007-2008, no ha conducido a los poderes públicos a imponer una verdadera disciplina al capital privado. Las pocas medidas adoptadas y los mecanismos contemplados a fin de poner un poco de orden en el sector financiero privado son completamente insuficientes para impedir nuevas crisis financieras ni para poner freno a los comportamientos especulativos y peligrosos de las instituciones financieras.

Los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, codificados en un pacto internacional en 1966[1], son ahora objeto de un vasto proyecto de demolición[2]. Los derechos civiles y políticos de la ciudadanía[3] son igualmente puestos en tela de juicio de manera habitual por los gobiernos y las instituciones internacionales[4] al servicio del gran capital: los pueblos no son consultados sobre cuestiones tan importantes como el rescate y el futuro de los bancos privados, la privatización de empresas y servicios públicos, la adopción de tratados europeos, las opciones votadas por el electorado no son respetadas, la Constitución es pisoteada[5], el poder legislativo es marginado o reducido a una cámara de registro...

La crisis financiera se inscribe en un contexto más amplio de crisis sistémica del capitalismo global, es multidimensional: económica, ecológica, social, política, moral, institucional...[6]

Hay que romper de forma radical con la lógica que guía hoy a los gobiernos actuales y tomar medidas de urgencia. Al contrario que el sistema actual que ofrece impunidad y «paracaídas dorados» a los responsables de las debacles es necesario hacer pagar la factura de los rescates bancarios a quienes son sus responsables.

Las medidas anunciadas para disciplinar los bancos son cosméticas. La supervisión centralizada de los bancos de la zona euro, la creación de un fondo europeo de garantía de depósitos, la prohibición de ciertas operaciones (que no afectan más que al 2% de la actividad bancaria global), el poner un techo a los bonus, la transparencia de las actividades bancarias o las nuevas reglas bancarias no constituyen más que recomendaciones, promesas o, en el mejor de los casos, medidas completamente insuficientes de cara a los problemas a resolver. Sin embargo, hay que imponer verdaderas reglas muy estrictas e ineludibles.

Esta crisis debería ser superada mediante la realización de medidas que afectan a la estructura misma del mundo de las finanzas y del propio sistema capitalista.

El oficio de la banca es demasiado serio para ser dejado en manos del sector privado. Es necesario socializar el sector bancario (lo que implica su expropiación) y colocarlo bajo control ciudadano (de los asalariados de los bancos, los clientes, las asociaciones y representantes de los actores públicos locales), pues debe estar sometido a las reglas de un servicio público[7] y las rentas que su actividad genere utilizadas para el bien común.

La deuda pública contratada para salvar los bancos es claramente ilegítima y debe ser repudiada. Una auditoria ciudadana debe determinar las demás deudas ilegítimas, ilegales, odiosas, insostenibles... y permitir una movilización tal que pueda tomar forma una alternativa anticapitalista creíble.

Estas dos medidas deben inscribirse en un programa más amplio que proponemos en esta contribución comenzando por medidas inmediatas a tomar en el sector financiero.

La movilización ciudadana y la auto-organización social constituyen la condición sine qua non a la realización de las diferentes soluciones propuestas a continuación. Sin ellas, no habrá una verdadera salida emancipadora a la crisis actual.

Medidas inmediatas a tomar a nivel de las finanzas en general y de la banca en particular

El objetivo fundamental que debe ser perseguido a escala bancaria, como se ha mencionado en la introducción, es la socialización del citado sector. Dicho esto, medidas muy concretas y mínimas pueden reunir alrededor de una plataforma común a movimientos, partidos y personas que no estuvieran necesariamente de acuerdo con respecto a la expropiación del sector financiero para  socializarlo.

¿Cuáles son tales medidas? A continuación una lista de medidas concretas.

Reducir radicalmente el tamaño de los bancos a fin de suprimir el riesgo de «demasiado grande para caer» que representan los bancos sistémicos[8].

Separación de los bancos entre bancos de depósito* (ver glosario) y banca de negocios*.  Esto implica desmantelar los bancos universales* (que mezclan las tareas de bancos de depósitos, bancos de negocios y seguros) forzándoles a crear entidades jurídicamente separadas[9]. Los bancos de depósito «serían las únicas instituciones financieras autorizadas para la captación de depósitos de los ahorradores y a gozar de un apoyo público (garantía pública de los depósitos de ahorro y acceso a la liquidez del Banco Central)»[10]. Estos bancos de depósitos no serían autorizados más que a conceder préstamos a los particulares, a las empresas y a los actores públicos locales y nacionales. Les quedaría prohibido llevar a cabo actividades en los mercados financieros.

Esto quiere decir que está prohibido a los bancos de depósito hacer titulización: los créditos no pueden ser transformados en títulos negociables y los bancos de depósito deben conservar en sus libros de cuentas hasta su devolución definitiva los créditos que han otorgado. El banco que ha concedido un crédito debe asumir el correspondiente riesgo.

Los bancos de negocios (o bancos de inversión*) deberían, por su parte captar sus recursos en los mercados financieros a fin de poder emitir títulos, acciones* y otros instrumentos financieros*[11].

Podríamos apoyar igualmente la proposición de Philippe Lamberts de limitar estrictamente la parte titulizable de las carteras de crédito de los bancos de negocios, obligándoles a retener una parte importante (por ejemplo el 60%[12]) del riesgo correspondiente a los préstamos titulizados en su balance. Dicho esto, sería más seguro prohibir pura y simplemente la titulización igual que a los bancos de depósito.

Es muy importante subrayar que los bancos de negocios no deben gozar de ninguna garantía pública. En caso de quiebra las pérdidas serán íntegramente asumidas por el sector privado, comenzando por los accionistas (sobre el conjunto de su patrimonio, ver más adelante).

Prohibición de los productos derivados. Esto significa que los bancos y demás instituciones financieras que quieran cubrirse contra los riesgos de diferente tipo (riesgos de cambio, de tasas de interés, de no pago...) deben volver a contratos de seguro clásicos.

Obligar a los bancos a demandar una autorización previa de sacar al mercado de productos financieros. El diputado europeo Philippe Lamberts propone someter los productos financieros a una «autorización para su salida al mercado». Como se ha indicado más arriba, estamos a favor de la prohibición pura y simple de los derivados. En este límite, apoyamos la proposición de Philippe Lamberts, así como a la similar de la Fundación Copérnico[13], según la cual todo producto financiero nuevo (con exclusión de los derivados que están automáticamente prohibidos) deberá ser sometido a las autoridades de control por los bancos de negocios a fin de obtener una autorización para poder ser puestos en el mercado.

Prohibir las relaciones de crédito entre bancos de depósito y bancos de negocios. De acuerdo con Fréderic Lordon se trata de imponer un verdadero «apartheid» entre los bancos de depósito y de negocios. Un banco de depósitos no podrá en ningún caso estar implicado en una relación de crédito con un banco de negocios[14].

Separar las actividades de asesoría de las de mercado. Coincidimos igualmente con el economista belga Eric de Keuleneer, quien propone separar las actividades de asesoría de aquéllas otras de mercado: «Es en efecto anormal que los bancos asuman riesgos de colocación de títulos y aconsejen a sus clientes sobre la calidad de esos títulos, o estén en condiciones para poder especular con el oro, a la vez que aconsejan de forma “desinteresada” a sus clientes que compren oro.» Para ello propone recuperar la función de corretaje.

Prohibir la especulación. Como propone Paul Jorion hay que prohibir la especulación. «En Francia la especulación fue autorizada en 1885, en Bélgica en 1867. La especulación era por otra parte definida muy claramente por la ley que intentaba “prohibir las apuestas a la alza o la baja de los títulos financieros”. Por medio de tal prohibición la gente que la practicara estaría cometiendo una infracción; el que se encontrasen en un banco X o en uno Y no cambiaría nada»[15]. Se puede añadir que los bancos que especularan por cuenta de clientes o por su propia cuenta serían condenados.

La adquisición por un banco u otra institución financiera de un bien material (materias primas, alimentos, tierras, inmuebles...) o de un título financiero (acciones, obligaciones o cualquier otro) con el objetivo de especular sobre su precio sería prohibida.

¿Quién debe asumir las pérdidas de los bancos? Hay que restaurar la responsabilidad ilimitada de los grandes accionistas. En caso de quiebra, su coste debe poder ser recuperado sobre el conjunto del patrimonio de los accionistas (personas físicas o jurídicas, esto es, empresas).

El patrimonio global inferior a un cierto nivel, por ejemplo, inferior a 300.000 euros debe ser totalmente protegido. Propongo este montante como indicación. Queda sometido a discusión.

Según Thomas Piketty, en varios países de Europa que tienen un nivel de vida cercano al de Francia, la mitad menos afortunada de la población tiene en promedio un patrimonio de 20.000 euros, pero hay que saber que una gran parte de las familias en cuestión no tiene ningún patrimonio o tiene deudas[16]. El 40% más afortunado tiene 175.000 euros de patrimonio medio (esto va de alrededor de 100.000 a 400.000 euros). Así pues, la aplastante mayoría de la población, digamos en torno al 80%, tiene un patrimonio global inferior a 300.000 euros. La propuesta hecha más arriba protege el patrimonio global del 80% de la población.

En lo concerniente al montante de los depósitos que está garantizado, la propuesta siguiente de la Fundación Copérnico parece razonable: «en caso de quiebra, los clientes del banco de depósitos deben continuar gozando de una garantía del Estado por sus depósitos, limitada a la masa razonable de ahorro de una familia media-superior (hoy 150.000 euros)»[17] . Este montante también hay que someterlo a un debate democrático.

Exigir de los bancos un aumento radical del volumen de los fondos propios en relación con el total del balance[18]. Frente a la situación actual, donde los fondos propios son en general inferiores al 5% del balance del banco, estamos a favor de elevar el mínimo legal al 20%.

Prohibición de los mercados financieros de mutuo acuerdo*. Todas las transacciones en los mercados financieros deben ser registradas, trazables, reglamentadas y controladas. Hasta ahora los principales mercados financieros son de mutuo acuerdo, es decir que no están sometidos a ningún control: se trata del mercado de cambios* (5.300 millardos de dólares cada día[19]), del mercado de derivados*, del mercado de commodities* (materias primas básicas)[20]...

Poner fin al secreto bancario. Los bancos deben tener la obligación de comunicar todas las informaciones sobre sus responsables, sus diferentes entidades, sus clientes, las actividades que ejercen y las transacciones que realizan por cuenta de sus clientes y por ellos mismos. Igualmente, las cuentas de los bancos deben también ser legibles y comprensibles. El levantamiento del secreto bancario debe convertirse en un imperativo democrático mínimo para todos los países. Concretamente esto significa que los bancos deben tener a disposición de la administración fiscal: -una lista nominativa de los beneficiarios de intereses, de dividendos, de plusvalías y demás rentas financieras;

- las informaciones sobre las aperturas, las modificaciones y los cierres de cuentas bancarias, de cara a establecer un repertorio nacional de las cuentas bancarias;

-todas las entradas y salidas de capitales con la identificación de quién dé la orden.

Prohibir las transacciones con los paraísos fiscales*. Hay que prohibir a los bancos toda transacción con un paraíso fiscal. El no respeto de la prohibición debe ir acompañado de sanciones muy duras, que pueden llegar hasta la retirada de la licencia bancaria y el pago de grandes multas.

Prohibir el trading de alta frecuencia* y el shadow banking. Limitar estrictamente lo que puede ser puesto fuera de balance*[21]. Prohibir las ventas a descubierto* y las ventas en corto*.

Condiciones de trabajo, salariales, de empleo y tiempo de trabajo. Garantizar el volumen del empleo en el sector bancario y las condiciones de trabajo. Instauración de la igualdad completa de salario entre hombres y mujeres. Deberá haber una escala de los salarios de tal naturaleza que eleve los salarios más bajos y ponga un límite a las más altas rentas. Hay que instaurar un techo máximo de remuneraciones. Se podría seguir la recomendación de Platón de fijar una distancia de remuneración que no supere cuatro veces, o la de Aristóteles, que la fija en cinco[22]. Esto implica evidentemente una reducción radical de las remuneraciones autorizadas (remuneraciones fijas y otros emolumentos globalizados) para el personal de dirección[23].

Las remuneraciones aleatorias indexadas a las ventas y otras primas que incitan a la omisión de informar y la toma de riesgos deben ser abandonadas en beneficio de una remuneración fija. Por otra parte, la reducción del tiempo de trabajo, preconizada más adelante deberá evidentemente ser aplicada en el sector bancario y compensada mediante contratación de personal.

Hay que prohibir el benchmarking[24] y el lean management[25].

Prohibición de la socialización de las pérdidas de los bancos y de las demás instituciones financieras privadas. Se trata de prohibir a los poderes públicos saldar con recursos públicos deudas privadas.

Persecución sistemática de los dirigentes responsables de delitos y de crímenes financieros.

Retirada de la licencia bancaria a las instituciones que no respeten las prohibiciones y resulten culpables de malversaciones.

Poner impuestos a los bancos. Los beneficios de los bancos deben ser sometidos estrictamente a las disposiciones legales en materia de tributación a las sociedades. En efecto, en la actualidad la tasa efectivamente pagada resulta claramente inferior a la legal, además de insuficiente. Se deben poner impuestos a las transacciones bancarias de divisas y de títulos financieros. También a las deudas bancarias a corto plazo, con el fin de favorecer la financiación de largo plazo.

Salvar a los bancos de otra forma. Además de las tres disposiciones mencionadas más arriba: responsabilidad ilimitada de los grandes accionistas (sobre su patrimonio global), garantía de los depósitos hasta 150.000 euros, prohibición de poner deudas privadas a cargo de las finanzas públicas, se trata de crear un mecanismo de puesta en quiebra ordenada de los bancos con la creación de dos estructuras: un banco de separación de activos privado (a cargo de los accionistas privados y sin ningún coste para los poderes públicos) y un banco público hacia el que son transferidos los depósitos, así como los activos* sanos. Ciertas experiencias recientes pueden servir de fuente de inspiración, en particular la experiencia islandesa a partir de 2008.

Hay que reforzar los bancos públicos existentes y reinstaurarlos en aquellos países en que han sido privatizados (por supuesto sometiéndoles como todos los demás bancos a las medidas concretas mencionadas más arriba). En Francia, se ha puesto en pie en 2012 un colectivo « ¡Por un sector financiero público al servicio de los Derechos! »[26]. En el caso de Bélgica, donde el gobierno privatizó los últimos bancos públicos en los años noventa, el Estado ha recomprado en 2011, la «porción» belga del banco Dexia y es su accionista en el 100%. Dexia Banque se ha convertido en Belfius y mantiene un estatus privado. Es preciso que Belfius se convierta en un verdadero banco público y que se pongan en él en práctica las medidas concretas formuladas más arriba. El montante pagado por el Estado se eleva a 4 millardos de euros, cantidad que la propia Comisión Europea ha considerado completamente exagerada. Lo que se tendría que haber hecho: Belfius habría debido ser constituida, sin conste para las finanzas públicas, como institución bancaria pública gozando de los depósitos de los clientes de Dexia Banque y de todos los activos* sanos. Este banco habría debido ser puesto bajo control ciudadano. Las condiciones de trabajo, el empleo y las rentas del personal habrían debido ser garantizadas, mientras que las remuneraciones de los dirigentes habrían debido ser significativamente reducidas. Había que prohibírsele a sus administradores y directores tener un mandato en una institución privada. Los anteriores dirigentes de Dexia habrían debido ser puestos a disposición de la justicia por el ministerio público, por los diferentes delitos que han cometido.

La puesta en práctica de las 19 medidas concretas mencionadas más arriba constituiría un avance en la reforma del sector bancario, pero el sector privado continuaría ocupando una posición dominante. Lo que demuestra la experiencia de los últimos años es que no se puede otorgar confianza a los capitalistas para poseer y dirigir bancos. Si, mediante la movilización social se llega a hacer aplicar las medidas anteriormente presentadas (que, repito, están todas ellas sujetas a discusión a fin de mejorarlas y completarlas), los capitalistas intentarán por todos los medios de recuperar una parte del terreno perdido, multiplicarán las actividades que les permiten soslayar las reglamentaciones, utilizarán sus poderosos medios financieros para comprar el apoyo de legisladores y de gobernantes a fin de desreglamentar de nuevo y de aumentar al máximo sus beneficios sin tener en cuenta el interés de la mayoría de la población.

Socialización del sector bancario bajo control ciudadano

Porque los capitalistas han demostrado hasta qué punto eran capaces de cometer delitos y de correr riesgos (cuyas consecuencias luego se niegan a asumir) con el único objetivo de aumentar su beneficios, porque sus actividades provocan periódicamente un pesado coste para la sociedad, porque la sociedad que queremos construir debe estar guiada por la búsqueda del bien común, de la justicia social y de la reconstitución de una relación equilibrada entre los seres humanos y los demás componentes de la Naturaleza, hay que socializar el sector bancario. Como propone Frédéric Lordon, se trata de realizar «una desprivatización íntegra del sector bancario»[27].

Socializar el sector bancario significa:

- la expropiación sin indemnización (o con como única indemnización simbólica de un euro) de los grandes accionistas (los pequeños accionistas serán indemnizados);

- concesión al sector público del monopolio de la actividad bancaria con una excepción: la existencia de un sector bancario cooperativo de pequeño tamaño (sometido a las mismas reglas fundamentales que el sector público);

- la creación de un servicio público de ahorro, crédito e inversión estructurado en una red de pequeños establecimientos cercanos a la ciudadanía;

 -la definición con participación ciudadana de una Carta sobre los objetivos a alcanzar y sobre las misiones a proseguir;

- la transparencia (contable) de las cuentas que deben ser presentadas al público de forma comprensible.

La palabra «socialización» es utilizada con preferencia a la de «nacionalización» o «estatalización» para indicar así claramente hasta qué punto es esencial el control ciudadano, con un reparto de decisión entre los dirigentes, representantes de los asalariados, clientes, asociaciones, cargos electos locales y representantes de las instancias bancarias públicas nacionales y regionales. Hay por tanto que definir de forma democrática el ejercicio de un control ciudadano activo. Igualmente, hay que impulsar el ejercicio de un control de las actividades de la banca por los trabajadores del sector bancario, así como su participación activa en la organización del trabajo. Es preciso que las direcciones de los bancos presenten anualmente un informe público sobre su gestión. Hay que privilegiar un servicio de proximidad y de calidad que rompa con las políticas de externalización llevadas a cabo actualmente. Hay que impulsar al personal de los establecimientos financieros a asegurar a la clientela un auténtico servicio de asesoramiento y romper con las políticas comerciales agresivas de venta forzada.

La socialización del sector bancario y su integración a los servicios públicos permitirán:

- sustraer a los ciudadanos y los poderes públicos del control de los mercados financieros;

- financiar los proyectos de los ciudadanos y de los poderes públicos;

- dedicar la actividad bancaria al bien común con entre otras misiones la de facilitar la transición de una economía capitalista, productivista a una economía social y ecológica.

Como ha escrito Patrick Saurin: «Hoy no es el momento de socializar las pérdidas de los bancos, sino los propios bancos en su totalidad»[28].

Socialización del sector de los seguros y su integración en el servicio público

Vista la imbricación entre las actividades de la banca y de los seguros en el seno de los bancos universales*, visto que los grandes grupos aseguradores adoptan comportamientos tan aventureros como los bancos estando sometidos aún a menos regulación que éstos, conviene también socializar el sector privado de los seguros. Recordemos que conforme al programa del Consejo Nacional de la Resistencia, las compañías de seguros fueron nacionalizadas en Francia en abril de 1946, después de la nacionalización de los grandes bancos realizada a finales del año 1945.

Las demás medidas a tomar para una salida de la crisis favorable a la aplastante mayoría de la población

La reducción del déficit público no es un objetivo en sí mismo. En efecto, en ciertas circunstancias, el déficit puede ser utilizado para relanzar la actividad económica y realizar gastos con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las víctimas de la crisis. Una vez la actividad económica ha sido relanzada, la reducción de los déficits públicos debe hacerse, no reduciendo los gastos sociales públicos, sino por la subida de los ingresos fiscales, luchando contra el gran fraude fiscal y tasando más aún las rentas de las grandes empresas, el patrimonio y las rentas de las familias ricas, las transacciones financieras... Es por otra parte perfectamente posible aumentar los ingresos de las tasas e impuestos, a la vez que disminuye la carga que pesa sobre las rentas y el patrimonio de la mitad de la población más desfavorecida.

Para reducir el déficit hay también que reducir radicalmente los gastos provocados por la devolución de la deuda pública, cuya parte ilegítima, insostenible, odiosa y/o ilegal debe ser anulada. La compresión de los gastos debe, por tanto, afectar al presupuesto militar así como a otros gastos socialmente inútiles y peligrosos para el medio ambiente (construcción de nuevos aeropuertos, de nuevas infraestructuras viarias...).

En cambio es fundamental aumentar los gastos sociales, en particular para contrarrestar los efectos de la depresión económica. Hay también que aumentar los gastos en las energías renovables y en ciertas infraestructuras como los transportes públicos, los establecimientos escolares, las instalaciones de salud pública. Una política de relanzamiento por la demanda pública y por la demanda de la mayoría de las familias genera igualmente una mejor entrada de ingresos tributarios.

Más allá de una política de relanzamiento del empleo y de la economía, la crisis debe dar la posibilidad de romper con la lógica capitalista y realizar un cambio radical de sociedad. La nueva lógica a construir deberá dar la espalda al productivismo, integrar la situación ecológica, erradicar las diferentes formas de opresión (racista, patriarcal...) y promover los bienes comunes.

Para ello, hay que construir un amplio frente anticrisis y anti austeridad, tanto a escala internacional como local a fin de reunir las energías para crear una correlación de fuerzas favorable a la puesta en práctica de soluciones radicales centradas en la justicia social y medioambiental.

Frenar los planes de austeridad: son injustos y profundizan la crisis

Poner fin a las medidas antisociales de austeridad constituye una prioridad absoluta. Mediante la movilización en la calle, en las plazas públicas, la huelga, el rechazo de los impuestos y tasas impopulares, hay que forzar a los gobiernos a derogar los planes de austeridad[29].

Anular la deuda pública ilegítima, insostenible, odiosa y/o ilegal

Las auditorías ciudadanas en curso en varios países han generado debates muy ricos e interesantes que permiten clarificar lo que hay que considerar como deudas públicas que no deben ser pagadas. Sin pretensión de ser exhaustivo y de tener la última palabra, se pueden avanzar las definiciones siguientes:

Deuda pública ilegítima: una deuda contratada por los poderes públicos sin respetar el interés general o en perjuicio del interés general.

Deuda ilegal: deuda contratada en violación del orden jurídico o constitucional aplicable.

Deuda pública odiosa: créditos que son concedidos a regímenes autoritarios, o que lo son imponiendo condiciones que violan los derechos sociales, económicos, culturales, civiles o políticos de las poblaciones afectadas por el pago de la deuda.

Deuda pública insostenible: deuda cuya devolución condena a la población de un país al empobrecimiento, a una degradación de la salud y de la educación pública, al aumento del paro, incluso a la subalimentación. En definitiva, una deuda cuya devolución implica el no respeto de los derechos humanos fundamentales. Dicho de otra forma: una deuda cuya devolución impide a los poderes públicos garantizar los derechos humanos fundamentales.

La realización de una auditoría de la deuda pública efectuada por la ciudadanía o bajo control ciudadano, combinada, en ciertos casos, con una suspensión unilateral y soberana de la devolución de la deuda pública permitirá llegar a una anulación/repudio de la parte ilegítima, odiosa, insostenible y/o ilegal de la deuda pública y reducir fuertemente el resto de la deuda.

Las deudas públicas acumuladas debido a rescates bancarios, tal como han sido realizados, constituyen un ejemplo típico de deudas ilegítimas. No está excluido que en ciertos países sean ilegales. Pueden ser igualmente insostenibles, como el caso de Grecia, de Chipre, de Irlanda...

Las deudas reclamadas por la Troika a Grecia, Portugal, Irlanda y Chipre son a la vez ilegítimas (van en contra del interés general), odiosas (están ligadas directamente a la imposición de la parte del acreedor, la Troika, de violaciones de las relaciones contractuales, de derechos económicos y sociales), insostenibles (vista la degradación dramática de las condiciones de vida de una parte importante de la población) y en ciertos casos ilegales (es el caso en Grecia, donde la Constitución no ha sido respetada ante la presión de la Troika y con la complicidad del propio gobierno griego sometido).

¿Por qué reducir la deuda pública? ¿Por qué el Estado endeudado debe reducir radicalmente su deuda pública procediendo a la anulación de las deudas ilegítimas?

En primer lugar por razones de justicia social, pero también por razones económicas que cualquiera puede comprender y hacer suyas. Para salir de la crisis no hay que contentarse con relanzar la actividad económica gracias a la demanda pública y de las familias. Pues si nos contentáramos con una política así, de relanzamiento combinado a una reforma fiscal redistributiva, el suplemento de ingresos fiscales sería absorbido en gran medida por la devolución de la deuda pública. Las contribuciones que serían impuestas a las familias más ricas y a las grandes empresas privadas serían en gran medida compensadas por la renta que sacan de las obligaciones del Estado de las que son con mucho sus principales poseedores y beneficiarios (razón por la cual no quieren oír hablar de una anulación de la deuda). Claramente, por tanto hay que anular una gran parte de la deuda pública.

La amplitud de esta anulación dependerá de las características de la deuda de cada país, del grado de conciencia de la población víctima del sistema de la deuda (a este respecto, la auditoria ciudadana juega un papel crucial), de la evolución de la crisis económica y política, y sobre todo de las correlaciones de fuerzas concretas que se construyen en la calle, en las plazas públicas y en los lugares de trabajo a través de las movilizaciones actuales y futuras. En ciertos países, como Grecia, Portugal, Irlanda, España, Chipre... la cuestión de la anulación de la deuda es una cuestión de la mayor actualidad. Para países como Alemania, Países Bajos, Francia, Bélgica, Austria, Reino Unido, Estados Unidos… la cuestión no se presenta (aún) hoy como un problema a resolver con urgencia. Pero, tarde o temprano, la mayor parte de los países se verán confrontados al carácter insostenible del pago de la deuda.

La suspensión de pago. Para las naciones ya sometidas al chantaje de los especuladores, del FMI y de otros organismos como la Comisión Europea conviene recurrir a una moratoria unilateral de devolución de la deuda pública. Esta propuesta resulta popular en los países más afectados por la crisis. Tal moratoria unilateral debe ser combinada con la realización de una auditoria ciudadana de los préstamos públicos, que debe permitir aportar a la opinión pública las pruebas y los argumentos necesarios para el repudio de la parte de la deuda identificada como ilegítima. Como ha mostrado el CADTM en varias publicaciones, el derecho internacional y el derecho interno de los países ofrecen una base legal para una tal acción soberana unilateral[30].

Rechazar los aligeramientos de deuda ligados a condiciones antisociales por los acreedores. Ni hablar de apoyar los aligeramientos de deuda decididos por los acreedores, debido a las severas contrapartidas que éstos implican. El plan de reducción de una parte de la deuda griega puesto en práctica a partir de marzo de 2012 está ligado a la aplicación de una dosis suplementaria de medidas que pisotean los derechos económicos y sociales de la población helena y a la soberanía del país[31]. Se trataba de una operación que intentaba permitir a los bancos privados extranjeros (principalmente franceses y alemanes) dejar de implicarse limitando sus pérdidas, a los bancos  privados griegos ser recapitalizados a costa del Tesoro Público, y a la Troika reforzar de forma duradera su control sobre Grecia. Mientras que la deuda pública helena representaba el 130% del PIB en 2009, y el 157% en 2012 tras la anulación parcial de la deuda, ha alcanzado un nuevo pico en 2013 ¡del 175%! Hay por tanto que denunciar la operación de reducción de la deuda griega, tal como ha sido llevada a cabo, y oponerle una alternativa: la anulación de la deuda (es decir su repudio por el país deudor) que es un acto soberano unilateral completamente legítimo.

La auditoría debe permitir identificar a los responsables del endeudamiento ilegítimo, odioso, insostenible y/o ilegal. La auditoría ciudadana debe asimismo permitir determinar las diferentes responsabilidades en el proceso de endeudamiento y exigir que los responsables, tanto nacionales como internacionales rindan cuentas ante la justicia. Si la auditoría demuestra la existencia de delitos ligados al endeudamiento ilegítimo, sus autores (personas físicas o jurídicas) deberán ser severamente condenadas a pagar reparaciones, serán privados de ejercer una profesión ligada al crédito (bancos culpables podrían verse retirada su licencia bancaria) y no deberán escapar a penas de prisión en función de la gravedad de sus actos cometidos. Hay que demandar cuentas ante la Justicia contra las autoridades que hayan lanzado empréstitos ilegítimos.

¿Quién pagará la factura de la anulación de la deuda? En todos los casos posibles es legítimo que las instituciones privadas y los individuos de altas rentas que poseen títulos de esas deudas soporten el peso de la anulación de deudas soberanas ilegítimas, pues tienen en gran medida la responsabilidad de la crisis, de la que además se han beneficiado. El hecho de que deban soportar esta carga no es más una justa contrapartida para más justicia social.

Es pues importante identificar a los poseedores de títulos, a fin de indemnizar entre ellos a los ciudadanos y ciudadanas de pequeños y medianos ingresos. El mejor medio de identificar a los poseedores de deuda es suspender su pago pues deberán darse a conocer para pretender una devolución. Esto permitirá al Estado devolver íntegramente a los pequeños poseedores de títulos de deuda pública. Añadamos que «con ocasión de una anulación de deudas públicas, convendrá proteger a los pequeños ahorradores que han colocado sus economías en títulos públicos, así como a los asalariados y jubilados que han visto una parte de sus cotizaciones sociales (jubilación, paro, enfermedad, familia) colocada por las instituciones o los organismos gestores en ese mismo tipo de títulos»[32]. La parte de la deuda pública identificada como legítima deberá ser reducida mediante las contribuciones fiscales de quienes se aprovecharon de ella. Una de las opciones para hacerles soportar el coste de la operación consiste en cobrar un impuesto excepcional progresivo sobre el 10% más rico. Los ingresos de este impuesto servirán para devolver anticipadamente una parte de la deuda considerada como legítima. Otras fórmulas se pueden contemplar, la discusión permanece abierta.

Medidas complementarias sobre la deuda

Por otro lado, la parte de los presupuestos del Estado destinada a la devolución de la deuda deberá ser limitada en función de la salud económica, de la capacidad de los poderes públicos para devolver y del carácter incompresible de los gastos sociales. Hay que inspirarse en lo que se hizo para Alemania tras la Segunda Guerra Mundial: el acuerdo de Londres de 1953, que consistía en particular en reducir el 62% del stock de la deuda alemana, estipulaba que la relación entre servicio de la deuda y rentas de exportaciones no debía superar el 5%[33]. Se podría definir una ratio de ese tipo: la suma asignada al pago de la deuda no puede exceder el 5% de los ingresos del Estado.

Hay igualmente que adoptar un marco legal a fin de evitar la repetición de la crisis comenzada en 2007-2008: prohibición de socializar deudas privadas, obligación de organizar una auditoría permanente de la política de endeudamiento público con participación ciudadana, imprescriptibilidad de los delitos ligados al endeudamiento ilegal, nulidad de las deudas ilegítimas, adopción de una regla de oro que consiste en decir que los gastos públicos que permiten garantizar los derechos humanos fundamentales son incompresibles y priman sobre los gastos relativos a la devolución de la deuda... Como se ve, pistas alternativas no faltan.

Anulación de las deudas privadas ilegítimas y/o ilegales

A escala internacional, en un clima de especulación inmobiliaria en el que los bancos actuaban como motor, las entidades privadas han abusado masivamente de millones de familias en materia de crédito hipotecario. Cuando la burbuja estalló y las faltas de pago se multiplicaron, estos bancos han recurrido a embargos y expulsiones forzosas. Es el caso de Estados Unidos, España, Irlanda, Islandia, como también en varios países de Europa central y del este. Hay que obtener la anulación de las deudas ilegítimas, incluso ilegales, que conciernen al menos a centenares de miles de familias y movilizarse para que no sean expulsadas de su vivienda.

Los bancos y las instituciones universitarias privadas han abusado de centenares de miles de estudiantes, imponiéndoles condiciones de endeudamiento inadmisibles e ilegítimas. Recordemos que la deuda estudiantil en Estados Unidos alcanza 1.000 millardos de dólares. Son precisas igualmente medidas de anulación de esas deudas.

Aumentar los recursos de los poderes públicos y reducir las desigualdades mediante la instauración de la justicia fiscal

Desde 1980 no han dejado de bajar los impuestos directos sobre las rentas más elevadas y sobre las grandes empresas. Esos centenares de miles de millones de euros de regalos fiscales han sido orientados en lo esencial hacia la especulación y la acumulación de riquezas por parte de los más ricos. Desde 1975-1980, la tendencia es a un aumento de las desigualdades, donde el 1% y el 10% más rico de la población aumentan fuertemente la parte de patrimonio que acaparan.

En 2010, en Europa, el 1% más rico posee el 25% del patrimonio total. Es, grosso modo, la clase capitalista y concentra una parte impresionante del patrimonio. Si se amplía el estudio al 10% más rico, es el 60% del patrimonio total el que está en manos de esa minoría. Se puede considerar que el 9% así añadido representa el entorno o los aliados, en sentido amplio, de la clase capitalista. El 90% restante de la población debía pues contentarse con el 40% del patrimonio. Y entre ellos, el 50% más modesto no poseía más que el 5%[34].

Lo que acabamos de decir para la Unión Europea puede ser extendido al resto del mundo pues, de Norte al Sur del planeta hemos asistido a un aumento impresionante del patrimonio de los más ricos.

Habría también que interesarse por una minoría aún más ínfima. La veintemillonésima parte más rica de la población adulta a escala planetaria estaba constituida en 1987 por 150 personas, cada una de las cuales tenía como media un patrimonio de 1,5 millardos de dólares. Dieciséis años más tarde, en 2013, la veintemillonésima parte más rica contaba con 225 personas, de las cuales cada una tenía como media 15 millardos de dólares, es decir una progresión media del 6,4% por año[35]. El 0,1% (la milésima de la población mundial) más rico tiene el 20% del patrimonio mundial, el 1% tiene el 50%. Si se toma en consideración el patrimonio de los 10% más ricos, Thomas Piketty estima que representa entre el 80% y el 90% del patrimonio mundial total, cuando al 50% menos afortunado le corresponde ciertamente menos del 5%. Esto da también aquí la medida del esfuerzo de redistribución a realizar. Redistribución que necesita la confiscación de una parte muy importante del patrimonio de los más ricos.

Volvamos a Europa. Hay que combinar una reforma en profundidad de la fiscalidad con un objetivo de justicia social (reducir a la vez las rentas y el patrimonio de los más ricos para aumentar los de la mayoría de la población) con su armonización en el plano europeo a fin de impedir el dumping fiscal[36]. El objetivo es un aumento de los ingresos públicos, en particular vía impuesto progresivo sobre la renta de las personas físicas más ricas (la tasa marginal del impuesto sobre la renta puede ser llevado al 90% sin problemas, incluso al 100%[37]), el impuesto sobre el patrimonio a partir de un cierto montante y el impuesto de sociedades.

El producto interior bruto de la Unión Europea se elevaba en 2013 a más de 13.000 millardos de euros. El total del patrimonio privado de las familias europeas se eleva a alrededor de 70.000 millardos de euros. El 1% más rico posee él solo, grosso modo, 17.500 millardos de euros (el 25% de 70.000 millardos de euros). El 9% que sigue posee 24.500 millardos de euros (el 35%). El 40% de en medio posee 24.500 millardos de euros (35%). El 50% restante posee 3.500 millardos de euros (5%).

El presupuesto anual de la Comisión Europea se eleva a alrededor del 1% del PIB de la UE. Esto significa que un impuesto anual del 1% sobre el patrimonio del 1% más rico en la UE proporcionaría una suma de 175 millardos, es decir más que el presupuesto actual de la UE, que se eleva a alrededor de 145 millardos de euros. ¡Qué decir de un impuesto del 5%! Esto da una idea de lo que potencialmente realizable si se lograra mediante la movilización social obtener un cambio radical de política a escala europea, o incluso a nivel de solo un país de la UE.

Un impuesto excepcional (es decir realizado una sola vez en el curso de una generación) del 33% sobre el patrimonio del 1% más rico en la UE proporcionaría cerca de 6.000 millardos de euros (es decir ¡más de 40 veces el presupuesto anual de la UE!). ¡Qué decir de una tasa confiscatoria del 80%!

Esto debe permitir tomar la medida de lo que está en juego en la imposición del patrimonio privado de los capitalistas y de las posibilidades que se abren en materia de elaboración de proposiciones para encontrar el dinero allí donde está, a fin de ponerlo al servicio de la justicia social.

Son numerosos los economistas que repiten sin cesar que no sirve de nada poner impuestos a los más ricos pues son tan poco numerosos, que el rendimiento no puede ser verdaderamente importante. Sin embargo, el 1% ha concentrado a lo largo del tiempo una tal cantidad de bienes inmobiliarios y mobiliarios que una política que tenga por objetivo el 1% más rico o el 2,5% más rico (incluso el 10% más rico) puede proporcionar un gran margen de maniobra para realizar la ruptura con el neoliberalismo.

A quienes afirman que ese patrimonio es inaccesible pues puede franquear fácilmente las fronteras, hay que responder que el embargo, la congelación de los haberes financieros, duras multas y condenas hacia bancos que son cómplices de la huida de fondos[38] de los fondos y el control de los movimientos de capitales son poderosas herramientas que pueden perfectamente ser utilizados.

Este aumento de los ingresos debe ir parejo a una bajada rápida del precio para el acceso a los bienes y servicios de primera necesidad (alimentos básicos, agua, electricidad, calefacción, transportes públicos, material escolar...), en particular mediante una reducción fuerte y centrada del IVA sobre esos bienes y servicios vitales. Igualmente, habría que declarar exentos del impuesto sobre la tierra o inmobiliario la casa de residencia por debajo de un cierto montante, de forma que se alivie inmediatamente la carga fiscal sobre el 60% o el 70% de la población menos afortunado.

Se trata, por otra parte, de adoptar una política fiscal que favorezca la protección de medio ambiente poniendo impuestos de forma disuasiva a las industrias contaminantes.

Empréstitos públicos legítimos

Un Estado debe poder tomar prestado a fin de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, por ejemplo realizando trabajos de utilidad pública e invirtiendo en las energías renovables. Algunos de esos trabajos pueden ser financiados por el presupuesto corriente gracias a decisiones políticas. Empréstitos públicos pueden hacer posibles otros de mayor envergadura, por ejemplo para pasar del «todo automóvil» a un desarrollo masivo de los transportes colectivos respetuosos con el medio ambiente, para cerrar definitivamente las centrales nucleares y sustituirlas por energías renovables, para crear o revisar vías férreas de proximidad en todo el territorio, comenzando por el urbano y semiurbano, o también para renovar, rehabilitar o construir edificios públicos o viviendas sociales reduciendo su consumo de energía y proporcionándolas comodidades de calidad.

Conviene definir una política transparente de empréstito público: 1. El destino del empréstito público debe garantizar una mejora de las condiciones de vida, rompiendo con la lógica de destrucción medioambiental; 2. El recurso al empréstito público debe contribuir a una voluntad redistributiva a fin de reducir las desigualdades. Es la razón por la que se hace preciso que las instituciones financieras, las grandes empresas privadas y las familias ricas estén obligadas por vía legal a comprar, por un montante proporcional a su patrimonio y a sus rentas, obligaciones del Estado al 0% de interés y no indexadas con la inflación. El resto de la población podrá adquirir de forma voluntaria obligaciones públicas que garantizarán un rendimiento real positivo (por ejemplo el 3%) superior a la inflación. Así, si la inflación anual se eleva al 3%, la tasa de interés efectivamente pagado por el estado para el año correspondiente será del 6%.

Tal medida de discriminación positiva (comparable a las adoptadas para luchar contra la opresión racial en Estados Unidos, el sistema de castas en India o las desigualdades hombres-mujeres por doquier) permitirá avanzar hacia más justicia fiscal y hacia un reparto menos desigualitario de las riquezas.

Por otra parte, es preciso que el Banco Central de cada país y el BCE (en el caso de los Estados miembros de la eurozona) financien el presupuesto del Estado a una tasa de interés cercana a cero.

Promoción y extensión de los servicios públicos

El desarrollo de los servicios públicos en el curso del siglo XX hasta el giro neoliberal de los años ochenta constituye uno de los grandes avances sociales. Se trata no solo de defender esos servicios públicos, sino de extenderlos a sectores de actividades que han sido privatizados e imponerles en sectores en los que no existían. La enseñanza, la salud, los transportes colectivos, las telecomunicaciones, Internet, la radio televisión, correos, la distribución y potabilización del agua, la recogida y tratamiento de los residuos, los cuidados de proximidad, las administraciones públicas, los diferentes servicios de las administraciones locales y regionales, los servicios de incendios, de protección civil... son sectores en los que los servicios públicos deben tener un papel dominante o monopolístico. Preconizamos la ampliación de los servicios públicos a los sectores de la banca y de seguros. Añadimos a ello el sector de la energía, lo que resulta esencial si se quiere asegurar la transición ecológica.

Los servicios públicos deben recibir una dotación financiera suficiente para asegurar su misión y remunerar a sus asalariados de forma decente. Las remuneraciones, el estatuto del personal, la estabilidad en el empleo, las condiciones de trabajo deben ser mejoradas. El control ciudadano es también esencial para mejorar la calidad del servicio.

Hay que desprivatizar las empresas y los sectores que han sido entregados al sector privado.

            XI. Reforzar el sistema de jubilaciones por reparto

Otra conquista fundamental del siglo XX, el sistema de las jubilaciones por reparto (el primer pilar) debe ser reforzado. Hay que eliminar progresivamente el segundo y tercer pilares. Hay que rechazar los retrasos en la edad de jubilación. Es perfectamente factible si el primer pilar es reforzado y si gracias a la reducción del tiempo de trabajo en todos los sectores y al refuerzo de los servicios públicos, se aumenta el número de empleos y, por tanto, el número de cotizantes al sistema de reparto.

Reducir radicalmente el tiempo de trabajo para garantizar el pleno empleo y adoptar una política de rentas para realizar la justicia social

Repartir de otra forma las riquezas es la mejor respuesta a la crisis. La parte destinada a los asalariados en las riquezas producidas ha bajado claramente desde hace varios decenios, mientras que los acreedores y las empresas han acrecentado sus ganancias para consagrarlas a la especulación. Aumentando los salarios, no solo se permite a las poblaciones vivir dignamente, sino que se refuerzan también los medios que sirven para la financiación de la protección social y de los regímenes de jubilación.

Disminuyendo el tiempo de trabajo sin reducción de salario y creando empleos, se mejora la calidad de vida de los trabajadores se proporciona un empleo a quienes tienen necesidad de él. La reducción radical del tiempo de trabajo ofrece también la posibilidad de poner en práctica un ritmo diferente de vida, una forma diferente de vivir en sociedad alejándose del consumismo y rompiendo con la mercantilización de las relaciones sociales. El tiempo ganado a favor del ocio debe permitir el aumento de la participación activa de las personas en la vida política, en el refuerzo de las solidaridades, en las actividades benévolas y en la creación cultural, los «productos de alta necesidad» como les llaman intelectuales antillanos en un manifiesto publicado a comienzos de 2009. Es en definitiva, se trata de construir un nuevo imaginario, en lugar de un viejo imaginario reificado, alienado por la mercancía.

De igual modo, hay que elevar significativamente el montante del salario mínimo legal, de los salarios medios y de las asignaciones sociales. En cambio, hay que fijar un techo muy estricto para las remuneraciones de los dirigentes de las empresas, ya sean éstas privadas o públicas, remuneraciones que alcanzan en la actualidad cifras absolutamente inaceptables. Se trata de prohibir los bonus, las stock-options, las jubilaciones «doradas» y demás ventajas injustificadas derogatorias. Conviene instaurar una renta máxima autorizada. Como se ha indicado anteriormente, recomendamos una distancia máxima de 1 a 4 en las rentas con una globalización del conjunto de las rentas de una persona a fin de someterlas a tributación.

Cuestionar el euro

El debate sobre la salida del euro para una serie de países como Grecia es completamente necesario. Está claro que el euro es una camisa de fuerza para Grecia, Portugal, Chipre, Irlanda o también España. Si no concedemos aquí la misma atención que a las demás propuestas de alternativas es porque el debate atraviesa y divide tanto a los movimientos sociales como a los partidos de izquierda, y porque es necesario consagrarle numerosas páginas para recorrer el asunto. Si ciertos países salen del euro, deberán elegir entre una salida de derechas o una salida de izquierdas como señala Costas Lapavitsas[39]. Nuestra preocupación central es reagrupar sobre los temas vitales mencionados más arriba, en particular las soluciones a proponer referidas a los bancos y la deuda, dejando de lado temporalmente lo que nos divide.

Una Europa diferente: reemplazo de los tratados actuales vía un verdadero proceso constituyente de los pueblos

Varias disposiciones de los tratados que rigen la Unión Europea, la zona euro y el BCE deben ser derogados. Por ejemplo, hay que suprimir los artículos 63 y 125 del Tratado de Lisboa, que prohíbe todo control de los movimientos de capitales y toda ayuda a un Estado en dificultades. Hay igualmente que abandonar el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento. El MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) debe ser eliminado.

Hay que revisar completamente la política monetaria así como los estatutos y prácticas del BCE. Los gobiernos y la Unión europea, que han creado el BCE se han dotado de una herramienta suplementaria de destrucción de las conquistas sociales y democráticas.

El BCE y los bancos centrales de los Estados deben poder financiar directamente a Estados preocupados por alcanzar objetivos sociales y medioambientales que integran perfectamente las necesidades fundamentales de las poblaciones.

Hay que derogar los tratados actuales y reemplazarlos por otros nuevos en el marco de un verdadero proceso democrático constituyente. Esto implica la elección de una asamblea constituyente por sufragio universal, seguido de un referéndum de aprobación del proyecto de nueva Constitución. Se tratará de llegar a un pacto de solidaridad de los pueblos para la democracia, el empleo y la transición ecológica.

Una Europa construida sobre la solidaridad y la cooperación debe permitir dar la espalda a la concurrencia y la competición, que tiran «hacia abajo». La lógica neoliberal ha conducido a la crisis y revelado su fracaso. Ha empujado los indicadores sociales a la baja: menos protección social, menos empleo, menos servicios públicos. El puñado de quienes se han aprovechado de esta crisis lo ha hecho pisoteando los derechos de la mayoría de los demás. ¡Los culpables han ganado, las víctimas pagan! Esta lógica, que está en la base de todos los textos fundadores de la Unión Europea debe ser combatida. Una Europa diferente, basada en la cooperación entre Estados y la solidaridad entre los pueblos debe convertirse en el objetivo prioritario. Deben imponerse políticas globales a escala europea, que comprendan inversiones públicas masivas para la creación de empleos públicos en terrenos esenciales (desde servicios de proximidad a las energías renovables, desde la lucha contra el cambio climático a los sectores sociales básicos). Una política diferente pasa por un proceso coordinado por los pueblos a fin de adoptar una Constitución para construir una Europa diferente.

Esta Europa diferente democratizada debe trabajar para imponer principios no negociables: instauración de la justicia fiscal y social, realización de la igualdad hombre-mujer, decisiones dirigidas a la elevación del nivel y de la calidad de vida de sus habitantes, desarme y disminución radical de los gastos militares, opciones energéticas duraderas sin recurrir a lo nuclear, reducción radical de las emisiones de gas con efecto invernadero, rechazo a los organismos genéticamente modificados (OGM). Debe asimismo poner fin de manera resuelta a su política como fortaleza asediada por quienes emprender la inmigración, para convertirse en un socio equitativo y verdaderamente solidario hacia los pueblos del Sur del planeta. El primer paso en ese sentido debe consistir en anular la deuda del Tercer Mundo de forma incondicional. La anulación de la deuda es decididamente un denominador común a todas las luchas, que es urgente realizar tanto en el Norte como en el Sur. Debe emerger una Europa de los pueblos que revise a fondo sus relaciones con el resto del mundo restituyendo lo que les es debido a las poblaciones de los demás continentes víctimas de siglos de robo y de dominación europea.

Estas propuestas no encontrarán concreción más que si los ciudadanos y ciudadanas se movilizan, más que si los pueblos se levantan, más que si, a través de la auto-actividad y la auto-organización, las poblaciones se convierten en actrices de su propia emancipación.

Traducido por Alberto Nadal

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