Dos ventas recientes en el sector financiero del Reino de España ratifican el timo enorme que ha devenido el sector bancario privado para los legítimos intereses de la mayoría ciudadana. La privatización de Nova Galicia Banco y la venta del 7.5% del capital de Bankia; un primer lote hasta su privatización total.
En ambos casos, se ha aplicado el obsceno principio de socializar pérdidas y privatizar beneficios. El Estado ha volcado ayudas multimillonarias para sanear esas entidades que se precipitaban a la quiebra, no solo por incompetencia manifiesta y pésima gestión, sino también por desmedida codicia. Y, una vez saneadas con dinero de todos, se entregan al sector privado.
Nova Galicia Banco se ha vendido al grupo sudamericano Banesco por 1.003 millones de euros. Esta privatización supone una pérdida de 8.580 millones de euros para el Estado. Más del doble de lo recortado en Educación en España.
Y la segunda venta es la del 7.5% de acciones de Bankia por 1.360 millones de euros. Pero el Estado invirtió 22.000 millones en Bankia, además de que BFA-Bankia ha recibido más de 124.000 millones en diversas ayudas públicas.
Pero no es solo cuestión de esas dos entidades bancarias. Ojalá. En ayudas diversas, el Estado ya ha aportado 137.000 millones de euros a las entidades financieras que ha nacionalizado para evitar su quiebra. Banco de Valencia, Catalunya Caixa, Banco Mare Nostrum... De esas ayudas, 43.529 millones de euros han sido inyección de capital. El Estado no recuperará ese dinero de todos. Y sucede que todo el sistema financiero español estaría en quiebra de no ser por las ingentes ayudas públicas, que alcanzan ya la cantidad de 632.000 millones de euros, incluyendo los préstamos del Banco Central Europeo.
Éric Toussaint dice que el oficio de banquero es demasiado serio para confiarlo a los bancos privados. El sector del ahorro y la inversión ha de ser público por su importancia para los intereses de la ciudadanía, así como por el efecto devastador que su mala o criminal gestión tiene en la economía real. Los ahorros de la ciudadanía no pueden estar en manos de quienes solo se mueven por el beneficio y, para conseguirlo, perpetran lo que sea.
Desde 2008 hemos comprobado una y otra vez como una indecente minoría ha provocado la mayor crisis financiera del último siglo. Y, pasado el primer susto, que apenas les duró hasta principio de 2009, han saqueado el Estado en perjuicio atroz de la mayoría ciudadana. Han dinamitado el Estado que aseguraba buena parte de derechos sociales han causado la mayor desigualdad que se haya conocido e incrementado la pobreza brutalmente. Y, por su inestabilidad e insolvencia real, continúan siendo un riesgo que puede estallar en otra crisis aún peor en tiempos próximos venideros.
Parece evidente que la banca privada ha de quedar reducida a la mínima expresión y, la que permanezca, muy controlada, aunque, a fuer de sincero, mejor sería que desapareciera. ¿Utopía? Utopía es el territorio que no hemos alcanzado aún. Utopía era la libertad de los esclavos cuando el esclavismo era el modo de producción. Y el esclavismo desapareció. ¿Por qué no conseguir un sistema financiero en el que la banca privada pinte poco?
La alternativa es la banca pública, controlada democráticamente, social y transparente. Porque el dinero es un bien público y no se puede dejar en manos privadas al obsceno albur de también privados intereses. Y no es cuestión de “expertos” sino de decisión política, que responde indefectiblemente, se reconozca o no, a intereses de clase.
En verano de 2012 la revista Mientras Tanto proponía, para sanear el sistema financiero español, minimizarlo porque está muy sobredimensionado. También, no enterrar dinero público para salvarlo, porque no podía recuperarse. Asimismo, dedicar los fondos para esa recapitalización imposible a créditos directos para la economía real. Y liquidar ordenadamente las entidades en crisis, asegurando las coberturas y los planes de pensiones de los empleados con la venta de activos inmobiliarios reales y sólidos. Pero a la vista está que no les hicieron el menor caso sino todo lo contrario.
Contra la banca privada hay una larga batalla de por medio. El sector financiero privado es un tumor con tendencia a la metástasis que se debe extirpar.
En ambos casos, se ha aplicado el obsceno principio de socializar pérdidas y privatizar beneficios. El Estado ha volcado ayudas multimillonarias para sanear esas entidades que se precipitaban a la quiebra, no solo por incompetencia manifiesta y pésima gestión, sino también por desmedida codicia. Y, una vez saneadas con dinero de todos, se entregan al sector privado.
Nova Galicia Banco se ha vendido al grupo sudamericano Banesco por 1.003 millones de euros. Esta privatización supone una pérdida de 8.580 millones de euros para el Estado. Más del doble de lo recortado en Educación en España.
Y la segunda venta es la del 7.5% de acciones de Bankia por 1.360 millones de euros. Pero el Estado invirtió 22.000 millones en Bankia, además de que BFA-Bankia ha recibido más de 124.000 millones en diversas ayudas públicas.
Pero no es solo cuestión de esas dos entidades bancarias. Ojalá. En ayudas diversas, el Estado ya ha aportado 137.000 millones de euros a las entidades financieras que ha nacionalizado para evitar su quiebra. Banco de Valencia, Catalunya Caixa, Banco Mare Nostrum... De esas ayudas, 43.529 millones de euros han sido inyección de capital. El Estado no recuperará ese dinero de todos. Y sucede que todo el sistema financiero español estaría en quiebra de no ser por las ingentes ayudas públicas, que alcanzan ya la cantidad de 632.000 millones de euros, incluyendo los préstamos del Banco Central Europeo.
Éric Toussaint dice que el oficio de banquero es demasiado serio para confiarlo a los bancos privados. El sector del ahorro y la inversión ha de ser público por su importancia para los intereses de la ciudadanía, así como por el efecto devastador que su mala o criminal gestión tiene en la economía real. Los ahorros de la ciudadanía no pueden estar en manos de quienes solo se mueven por el beneficio y, para conseguirlo, perpetran lo que sea.
Desde 2008 hemos comprobado una y otra vez como una indecente minoría ha provocado la mayor crisis financiera del último siglo. Y, pasado el primer susto, que apenas les duró hasta principio de 2009, han saqueado el Estado en perjuicio atroz de la mayoría ciudadana. Han dinamitado el Estado que aseguraba buena parte de derechos sociales han causado la mayor desigualdad que se haya conocido e incrementado la pobreza brutalmente. Y, por su inestabilidad e insolvencia real, continúan siendo un riesgo que puede estallar en otra crisis aún peor en tiempos próximos venideros.
Parece evidente que la banca privada ha de quedar reducida a la mínima expresión y, la que permanezca, muy controlada, aunque, a fuer de sincero, mejor sería que desapareciera. ¿Utopía? Utopía es el territorio que no hemos alcanzado aún. Utopía era la libertad de los esclavos cuando el esclavismo era el modo de producción. Y el esclavismo desapareció. ¿Por qué no conseguir un sistema financiero en el que la banca privada pinte poco?
La alternativa es la banca pública, controlada democráticamente, social y transparente. Porque el dinero es un bien público y no se puede dejar en manos privadas al obsceno albur de también privados intereses. Y no es cuestión de “expertos” sino de decisión política, que responde indefectiblemente, se reconozca o no, a intereses de clase.
En verano de 2012 la revista Mientras Tanto proponía, para sanear el sistema financiero español, minimizarlo porque está muy sobredimensionado. También, no enterrar dinero público para salvarlo, porque no podía recuperarse. Asimismo, dedicar los fondos para esa recapitalización imposible a créditos directos para la economía real. Y liquidar ordenadamente las entidades en crisis, asegurando las coberturas y los planes de pensiones de los empleados con la venta de activos inmobiliarios reales y sólidos. Pero a la vista está que no les hicieron el menor caso sino todo lo contrario.
Contra la banca privada hay una larga batalla de por medio. El sector financiero privado es un tumor con tendencia a la metástasis que se debe extirpar.