¿Alguien, del espectro ‘autoridades’, le explicó, amigo lector, que contrayendo deudas internacionales para beneficiar directamente a empresarios y banqueros –y que por cierto son cargadas al bolsillo de ‘moya’- el gobierno y el sistema explotaban doblemente a los chilenos, tanto en su calidad de trabajadores como en la de consumidores?
¿Quiere usted un ejemplo de lo aseverado? Bien, lea esto entonces.
Desde hace muchas décadas nuestros gobiernos han solicitado el socorro de países e instituciones para solventar gastos ineludibles. Es así que Chile llegó a estructurar severas crisis pese a los préstamos y créditos obtenidos en el Banco Mundial (BM) y en el Fondo Monetario Internacional (FMI). La deuda externa comenzó a tornarse gigantesca mucho antes del gobierno de Salvador Allende, y adquirió ribetes de expoliación ciudadana durante la administración dictatorial de Pinochet y los Chicago Boys, cuando el año 1982 estalló la crisis del petróleo, incrementada por el alza de las tasas de interés y el franco deterioro en los términos del intercambio comercial, junto a una baja ostensible del precio del cobre… todo lo cual llevó al régimen militar a devaluar nuestra moneda una vez más.
Luego, a mediados del mes de enero de 1983, el sistema bancario chileno colapsó, y el entonces ministro de Hacienda, Rolf Lüders, instaura la intervención de la banca privada con la administración provisional de 5 bancos, pertenecientes a los grupos económicos más importantes: Banco de Chile (grupo Vial); Banco de Santiago (grupo Cruzat); Banco Concepción (grupo Gómez- Gallo); Banco Internacional y Banco Colocadora Nacional de Valores (Grupo Cruzat). Junto con lo anterior, se liquidaron también el Banco BHC (Grupo Vial); el Banco Unido de Fomento y la Financiera Ciga SA, y 8 instituciones más.
En el mismo periodo, la tasa de desempleo llegó al 15 %, muy cercana a la tasa de 1975 cuando alcanzó un 25 %. En tanto, coetáneamente, el PIB cayó más del 20%, y se elevaron los aranceles de importación de 10 al 20% para defender la producción de bienes de consumo internos.
Fue así que, para ‘salvar’ la banca privada, el estado pasó a controlar entre el 67 % de las colocaciones totales del sistema, cifras sólo comparables al periodo 1972-1973, en pleno gobierno de la Unidad Popular. Más allá de toda duda, la dictadura militar de Pinochet presentaba en ese momento los mismos indicadores económicos contra los cuales había dado un sangriento golpe de estado.
Para lograr ese salvamento, Pinochet ordenó al Banco Central la compra de la deuda de las entidades en crisis. Hasta hoy se discute el real monto del dinero fiscal utilizado en esas maniobras, ya que algunos expertos aseguran que sobrepasó lo 20 mil millones de dólares, mientras otros afirman que fueron solamente cinco mil millones de la moneda norteamericana.
Sea cual sea el monto verdadero, la cuestión principal estriba en que esos establecimientos bancarios sen acogieron a una “deuda subordinada” (*), lo que en buen romance significó pagar poco y nada de lo recibido, dinero que pertenecía a todos los chilenos y que, seguramente, parte del mismo se obtuvo mediante un nuevo crédito internacional solicitado por Pinochet para rescatar a los náufragos del capitalismo salvaje.
(*) “Deuda subordinada”: en caso de quiebra de la sociedad bancaria, primero cobrarán los acreedores ordinarios y luego, si queda un remanente en los activos, podrán cobrar los poseedores de este tipo de deuda (en este caso, el Banco Central, o el Fisco, o Chile).
¿Y qué ocurría en el ínterin con los sacrificados millones de chilenos?; el gobierno militar bajaba la cerviz ante el Capital -una vez más- obedeciendo a pie juntillas las indicaciones de los Chicago Boys, para dar origen a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s) y a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), con lo cual el neoliberalismo predador y sus coyotes criollos ponían candado a la jaula neoliberal dentro de la que encerraron a todo el país.
Mientras tanto, bancos y financieras –ya repuestos de los efectos de la crisis- volvían a ejercer sus prácticas usureras con la misma población que les había sacado las castañas del fuego. De ese modo se daba cumplimiento a lo que dijimos en las líneas primeras de este artículo: gobierno y sistema explotaron doblemente a los chilenos, tanto en su calidad de trabajadores como en la de consumidores.
EL EJEMPLO ECUATORIANO, UNA RESPUESTA VÁLIDA
Siguiendo el ejemplo del fallecido mandatario argentino Néstor Kirchner, el año 2007 el presidente del Ecuador, Rafael Correa, requirió al BM y al FMI una renegociación de la deuda externa de 10,2 mil millones de dólares, argumentando que parte de ella era ilegítima porque la habían contraido los regímenes militares, calificándola no sólo de ilegítima sino también de inmoral y ‘maldita’, ya que tal asunto cumplía los tres requisitos esenciales para llamarla de tal modo, cuales son:
1. la deuda la contrajo el Estado ecuatoriano a través de créditos/préstamos otorgados por el Banco Mundial y/o el FMI
2. los préstamos fueron solicitados por el estado ecuatoriano sin el conocimiento ni la aprobación del pueblo del Ecuador, y
3. esos préstamos fueron invertidos en beneficio exclusivo de empresas y banca privadas, y no en beneficio del pueblo ecuatoriano.
Ni corto ni perezoso, el presidente Correa ordenó una Auditoría al Estado que encargó a indiscutidos expertos internacionales quienes, en el documento final, concordaron con el mandatario en cuanto a que la deuda externa –o gran parte de ella- era ‘inmoral’, toda vez que la misma se encontraba, desde el inicio, corrompida por el injerto y sobornos a las cortes internacionales realizados por empresarios y financistas locales. De ese modo, Ecuador se negó al pago de intereses ‘indebidos’ determinando que los verdaderos deudores eran quienes solicitaron créditos y préstamos ante organismos internacionales, mal utilizando el buen nombre de la nación y del Estado.
La Auditoría fue dada a conocer al país, y la reacción general significó un absoluto apoyo al mandatario, además, la auditoría en cuestión –junto al anuncio presidencial de no pagar una deuda ilegítima que alcanzaría los cuatro mil millones de dólares (30% de la deuda total)- constituyó una bofetada al establishment neoliberal planetario, ya que resultaba casi paradojal que un economista de clase media, latinoamericano, formado en universidades tan prestigiosas como Lovaina (Bélgica) e Illinois (EEUU), fuese el primero en determinar un no pago de una deuda que a todas luces se desglosaba de una saga de fraudes urdidos por empresarios, financistas, especuladores y banqueros ecuatorianos con el irrestricto apoyo de regímenes militares de facto.
Poca duda cabe que decisiones como la señalada originaron problemas serios al Presidente ecuatoriano, el que, no obstante, resultó reelecto el 2009 –con el 51,9% de los votos- y al año siguiente (septiembre de 2010) superó exitosamente el intento de golpe de estado que encabezaron algunos elementos de tropa de la policía, mandatada por los grupos conservadores y reaccionarios que deseaban dar un golpe de estado y derrocar al mandatario constitucional, tal cual fue corroborado por algunos organismos internacionales como OEA y UNASUR.
Puntos más, puntos menos, la pregunta de fondo igualmente queda flotando en el ambiente, pues si el mandatario del Ecuador logró auditar la deuda externa depurando su parte fraudulenta, decidiendo luego el no pago de ella para asignar esos recursos a fines sociales, ¿por qué el resto de las naciones latinoamericanas que poseen una abultada deuda producto de negociados particulares construidos durante regímenes de facto dictatoriales, no realizan una acción similar?
En el caso particular de Chile, ya sabemos que hay un porcentaje “maldito” de esa deuda, el cual fue otorgado expresamente por el Banco Central en apoyo de una banca privada usurera que jamás pagó el total de lo recibido y que, aún peor, continuó con sus prácticas abusivas y predadoras en abierto detrimento de los millones de chilenos que rescataron de aguas pantanosas a tales náufragos.
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