Los gobiernos de Colombia y de España no deben callar ante la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de declarar la inocencia del terrorista Raúl Díaz Peña, autor de los atentados con bombas C4 perpetrados en contra de sus respectivas sedes diplomáticas, el Consulado General y la Oficina de Comercio del Reino de su majestad Juan Carlos de Borbón, hechos ocurridos en febrero del 2003, como parte de una planificada acción desestabilizadora de la fascista oposición venezolana, luego de la desastrosa derrota que sufrió con el paro terrorista petrolero que auspició y llevo a cabo durante los meses inmediatos anteriores (diciembre/02 y enero/03), como antesala para crear una renovada ola de condiciones de desestabilización con miras a intentar otro golpe Estado, en la que no tuvo éxito alguno y que, por el contrario, concitó el repudio de muchos gobiernos de países hermanos del hemisferio. No recordamos si en aquellos momentos, los de España y Colombia protestaron, lo cual en absoluto nos invita a llegar a la conclusión de que fueron cómplices del mismo, para culpar al gobierno de Chávez de haber sido el autor intelectual, pero si a manejar la duda y la sospecha de que por allí “fumea”, pues recordemos que para ese entonces, en el vecino país gobernaba Uribe Vélez y en España, José María Aznar, ambos políticos de la extrema derecha internacional, confesos incondicionales de los dictados de Washington.
Como es bueno recordarlo, los eventos terroristas petroleros de diciembre/02, se constituyeron en los últimos esfuerzos desesperados para acabar con el réééégimen que puso en marcha la oposición con la “huelga general indefinida” que concluyó con la toma del poder por parte del llamado “gobierno de transición”, bajo el liderazgo del empresario Carmona Estanga, en abril/02 y el paro petrolero terrorista de diciembre/02 y enero/03, de cuyos resultados aún lo deben estar lloran sus protagonistas, por cierto que son ellos los mismos que hoy andan montados en un autobús ofreciendo transitar un camino que no conduce a otro destino sino al mismo a donde han estado arribando, durante los últimos cuatro años, la casi totalidad de los pueblos europeos, en donde lo único que han encontrado es un deterioro absoluto de lo que por algunos años se les vendió como el perfecto “estado de bienestar”: Desempleo galopante, cuyas cifras giran en torno al 25% para los países del Mediterráneo, resaltando el hecho de que en los jóvenes menores de 35 años pasa del 45%, una rebaja significativa de los salarios y pensiones, fuertes disminuciones a los presupuestos de salud y educación, la eliminación del bono navideño y algo trágico que les ha sobrevenido, el índice de miseria ha llegado ya en promedio en España al 26,4% y en tres comunidades supera el 30% (leer más: El Índice de Miseria ya alcanza el 26,4%), para citar sólo aquellas medidas y saldos más dramáticas de un neoliberalismo que hace aguas y que más temprano que tarde le estaremos dándole la extremaunción. Ese es el camino que nos está ofreciendo la MUD y su candidato Capriles…¡El verdadero camino al mismísimo infierno…!
Las pruebas que inculpaban a Díaz Peña de haber cometido delitos graves que comprometieron la responsabilidad Estado venezolano frente a otros Estados, como lo es el resguardo y protección de sus representaciones diplomáticas, fueron contundentes e irrebatibles. A ese terrorista se le garantizó el debido proceso, apegado de modo irrestricto al orden legal establecido, dentro del cual él ejerció todos sus derechos a la defensa, sin limitación alguna, al punto de que en un momento determinado se le concedió el beneficio de libertad condicional, con presentación periódica a los tribunales, del cual se aprovechó para huir a Miami con la abierta complicidad de autoridades norteamericanas vinculadas a la CIA, hipótesis esa difícil de ponerla en duda, si observamos lo complicado que le resulta a la mayoría de los venezolanos y latinoamericanos en general, solicitar y lograr autorización para visitar tan siquiera como turistas el territorio de los Estados Unidos.
¿Qué habría sucedido con él si las acciones terroristas las hubiera cometido en el territorio estadounidense? Tengamos por seguro que la justicia del imperio ya lo hubiera condenado, al menos, a cadena perpetua…
De manera que esperamos que los gobiernos de la hermana República de Colombia y de España emitan un pronunciamiento de repudio sobre esa increíble decisión en beneficio de un terrorista que pudo haberle causado la muerte a más de uno de sus conciudadanos, funcionarios de esas representaciones diplomáticas y comerciales, tanto porque es un compromiso ineludible que tienen ante sus propios pueblos de hacerlo, como porque es una obligación que les impone el derecho internacional de reclamar por los actos terroristas en contra de sus propios y sagrados territorios, contemplados así en convenios internacionales de vieja data.
El Gobierno Bolivariano, por su parte, hizo lo que tenía que hacer, anunciar al mundo su retiro inmediato de un organismo digitalizado por el imperio para causar desazón y agredir a los países que aún considera que son su patio trasero, decisión esa que, por cierto, ha debido adoptarse hace mucho tiempo y más si sabíamos que, como lo dice la ciudadana Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, la CIDH estuvo ausente de los crímenes, desapariciones y torturas durante los 40 años de la Cuarta República, es decir, desde 1958 a 1.998…
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