Pasada la Semana Santa, y en la recta final de la campaña electoral en Panamá, se ha desatado una ola de huelgas y luchas sociales que se han constituido en el telón de fondo de los debates. Entre 70 mil y 150 mil trabajadores de la construcción, que laboran en unas 400 obras en este momento, y otros miles de educadores han paralizado labores exigiendo mejoras salariales. Paralelamente, por lo menos 300 personas del pueblo Ngäbe-Buglé mantienen un piquete en los accesos de la hidroeléctrica de Barro Blanco, que está en construcción, y enfrentamientos diarios con fuerzas antimotines de la Policía Nacional. A todo lo cual podemos agregar cierres de calle que se suceden a diario por parte de los habitantes de los barrios marginales exigiendo servicios públicos que no les llegan: agua, transporte, legalización de sus tierras, etc.

La huelga decretada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) tiene como motivo la negociación de la convención colectiva con la patronal, agrupada en la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC). El punto crítico son cinco artículos de la convención que tienen que ver con mejoras salariales a los que los patrones se han negado a aceptar, ni siquiera a hacer contrapropuesta, frente a las demandas del SUNTRACS. El sindicato demanda: 150 dólares de bono de Navidad, la alimentación de media jornada por las empresas, jornada laboral de 40 horas sin reducción salarial, salarios diferenciados en las llamadas "Mega obras" (como la ampliación del Canal de Panamá) y un aumento salarial acumulativo del 80% en los cuatro años que durará la Convención Colectiva.

Para explicar sus demandas, Saúl Méndez, secretario general del SUNTRACS ha señalado las enormes ganancias que acumulan los empresarios del sector construcción. Tan sólo el año pasado esta industria representó el 12% de PIB, con un aporte de inversiones por 4 mil millones de dólares. Si se suma la perspectiva de toda la década, desde que se inició el boom inmobiliario en Panamá, fácilmente se sobre pasan los 30 mil millones en inversiones. Tan sólo la ampliación del canal implica una inversión no menor de 5.200 millones de dólares.

La actitud de la CAPAC ha sido más agresiva que en otras negociaciones, pues en esta ocasión ni siquiera ha presentado contrapropuestas en la mesa de negociaciones, habiendo pasado una semana de paralizaciones. Por el contrario, la CAPAC apoyada por los medios de comunicación, el gobierno, y el silencio complaciente de los candidatos de la "oposición" burguesa, para tratar de culpar al sindicato de la crisis. El gremio empresarial parece más preocupado por las consecuencias políticas de la inscripción del partido Frente Amplio por la Democracia (FAD) y la candidatura presidencial de Genaro López, anterior secretario general del SUNTRACS. La directiva empresarial ha pretendido acusar a la directiva de los obreros de financiar al partido con las cuotas sindicales. Los medios de comunicación, por su parte, hacen campaña para restar votos al FAD culpan a los obreros de la huelga por su "radicalismo".

En el caso de los gremios docentes, el presidente de la república, Ricardo Martinelli, y su ministra de Educación, Lucinda Molinar, habían prometido a los educadores un aumento de salarios de 300 dólares mensuales a fines del año pasado. Esta promesa, igual que muchas otras, tenía un sabor clientelista, pues se hacía en el marco de los intentos reeleccionistas del oficialismo. Cuando los gremios exigieron el cumplimiento de la promesa, a inicios de este año escolar, la ministra lo condicionó a la aplicación del proceso de evaluación y acreditación de las escuelas. La respuesta de maestros y profesores ha sido la huelga para exigir que se pague lo prometido, sin precondiciones. Aunque la paralización educativa no es total, tiene mayor fuerza en las ciudades de Santiago, Colón y Panamá.

En la zona comarcal, limítrofe entre las provincias de Chiriquí y Veraguas, un piquete de 300 compañeros Ngäbes-Bugles, dirigidos por la cacica Silvia Carrera mantienen desde hace tres semanas un piquete sobre el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, impuesto sin consultar alas comunidades que ahora amenaza inundar la represa. En 2011 y 2012, se habían realizado masivas protestas indígenas contra las empresas mineras e hidroeléctricas impuestas de manera inconsulta sobre las comunidades, sin verdaderos estudios de impacto ambiental y sin compromiso de resarcimiento para los afectados. Con la mediación de Naciones Unidas se había pactado un estudio ambiental que ahora ha sido desconocido por las autoridades políticas y judiciales.

El gobierno de Ricardo Martinelli se va (si no se reelige), el próximo 1 de julio, mostrando que sirve a los intereses de su clase, los capitalistas. En su lema de campaña el oficialismo alega haber hecho más inversiones que todos los gobiernos anteriores, pero no dice que el crecimiento económico no ha atenuado las diferencias sociales, sino todo lo contrario, ha crecido el abismo entre los ricos y los pobres. Crecimiento financiado con un escandaloso endeudamiento cuya factura acabaremos pagando los trabajadores.

Los cinco años de gobierno de Martinelli han sido una escuela política para amplios sectores de la clase obrera, muchos de los cuales, imbuidos de una falsa conciencia por la millonaria publicidad electoral, le dieron el voto uno de los oligarcas más conspicuos del país en 2009. En un lustro de medidas arbitrarias, atropellos a los derechos humanos y democráticos, de plutocracia, muchos sectores de la clase trabajadora han empezado a comprender que no pueden confiar el gobierno a un representante de la clase opresora. Este proceso de maduración de la conciencia de clase se ha expresado en la inscripción y postulación del FAD, y el sindicalista Genaro López, y en menor medida, del Prof. Juan Jované.

Sin la vana ilusión de que estos candidatos a la Presidencia de la República ganarán en una contienda fijada con reglas injustas, creemos que un caudal importante del electorado constituido por los trabajadores más concientes van a depositar el voto por la únicas alternativas de ruptura con el régimen corrupto de la plutocracia panameña (Genaro o Jované), y no va a caer en la trampa de Juan C. Navarro (PRD), José D. Arias (CD y Molirena) o Juan C. Varela (Panameñismo Popular), que es como relegir a Martinelli.

Panamá, 29 de abril de 2014.