De nada sirven las propuestas cuando no derivan en acciones concretas.
La semana pasada se dió a conocer el Informe de Desarrollo Humano para Guatemala, Más allá del conflicto, luchas por el bienestar, correspondiente al período 2015-2016, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. En este retrato de la realidad nacional quedó patente el fracaso político y la falta de ética en el desempeño de quienes han mantenido al país estancado en su desarrollo durante los últimos 10 años, a pesar de estadísticas positivas en cuanto a crecimiento y estabilidad económica.
Esto último tiene una lectura bastante reveladora de la ampliación de la brecha entre quienes usufructúan de la riqueza nacional por un lado, mientras por el otro están las grandes mayorías sometidas a una reducción progresiva y constante de sus medios de subsistencia. Las cifras son reveladoras: el 73 por ciento de los guatemaltecos no gana lo suficiente para cubrir los gastos mínimos; y una tercera parte ni siquiera tiene lo necesario para comprar alimentos.
Dadas las condiciones marcadas por un sistema histórico de privilegios, es fácil deducir en dónde residen las mayores desigualdades. Una vez más, el Informe subraya con énfasis la urgencia de poner la mayor atención en la población indígena y rural, así como en los sectores de mujeres y niñez, en donde las privaciones se instalan como parte de un orden de cosas institucionalizado e inamovible.
Las precariedades que afectan a 8 de cada 10 guatemaltecos y la desnutrición crónica presente en la mitad de su población infantil, colocan al país en un cuadro de honor entre los más desiguales de América Latina y el mundo. Si a ello se añade que es una de las naciones de mayor estabilidad económica, cualquier análisis arroja los mismos resultados: corrupción, clientelismo, sistema feudal de tenencia de la tierra, uso privilegiado de los recursos naturales, racismo, machismo, tráfico de influencias y, encima de todo ese cuadro, una impunidad rampante.
La manera como se ha administrado el patrimonio ha ocasionado un desgaste institucional tan profundo, como para frenar el desarrollo nacional por toda una década. El sociólogo Edelberto Torres Rivas, uno de los autores del Informe, señala que Guatemala no ha cambiado en los últimos 100 años. Quizá sí ha habido algún proceso de transformación, pero reducido a una mayor sofisticación en los mecanismos de cooptación de un Estado cada vez más débil y desprestigiado.
El costo del estancamiento en el desarrollo de Guatemala no se puede calcular solamente en términos económicos. Ha habido miles de vidas perdidas por el hambre, la desnutrición aguda, la violencia homicida, la degradación institucional y las deficiencias en la atención de los temas más urgentes. Entre ellos, la infraestructura vial, sanitaria, escolar y la ausencia de Estado en muchas comunidades del interior del país.
No es aceptable un sistema adverso al desarrollo de niñas, niños y jóvenes, mientras es proclive a admitir como normales los actos de corrupción y el negocio de la trata de personas en la mayor parte del territorio. No es aceptable la falta de seguridad para la niñez al punto que cientos de menores desaparecen en el trayecto de su hogar a la escuela o a la tienda de la esquina para ser vendidos en los prostíbulos o “exportados” para explotación laboral.
El Informe de Desarrollo Humano es un fuerte llamado de atención a las clases dominantes de Guatemala para advertir de los peligros inherentes al sistema actual. En el documento se percibe una oportunidad, pero para hacerla realidad es preciso aceptar la necesidad del cambio. Uno verdadero, uno generacional, uno de chapines de buena voluntad, capaces de producir el milagro.
