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Rosa Julia Espino Tobar, Indira Jalisa Pelicó, Daria Dalila López Meda, Achly Gabriela Méndez Ramírez, Yemmi Aracely Ramírez Siquin, Jaqueline Paola Cantinac López, Siona Hernández García, Josselyn Marisela García Flores, Mayra Haydée Chután Urías, Skarlet Yajaira Pérez Jiménez, Yohana Dasiré Cuy Urízar, Rosalinda Victoria Ramírez Pérez, Madelin Patricia Hernández, Sarvía Isel Barrientos Reyes, Ana Nohemí Morales Galindo, Ana Rubidia Chocooj Chutá, Jilma Sucely Carías López, Yoselin Beatriz Ventura Pérez, Grindy Jasmin Carías López, Mari Carmen Ramírez Melgar, Keila Rebeca López Salguero, Kimberly Mishel Palencia Ortiz, Nancy Paola Vela García, Estefany Sucely Véliz Pablo, Lilan Andrea Gómez Arceno, Mirza Rosmery López Tojil, Ana Roselia Pérez Sinay, Grisna Yamileth Cu Uluan, Melani Yanira De León Palencia, Luisa Fernanda Joj González.
En este listado aún faltan 10 niñas a quienes el Inacif intenta identificar porque el daño en sus cuerpos es de tal magnitud que ni siquiera sus familiares han podido reconocerlas. Triste destino el de la niñez y la juventud, cuyo porvenir está definido por una política pública que los ignora, por una decisión financiera inclinada a beneficiar a los empresarios con una exención de impuestos que a un sector de la población que nada recibe por parte del Estado y, como lamentable corolario, por el estigma que la propia sociedad ha impreso sobre los más pobres y desvalidos.
Pasada la tragedia provocada por la actitud agresiva y autoritaria de hombres con poder sobre niñas indefensas, los funcionarios responsables se refocilan haciendo señalamientos contra las víctimas y sus familiares para evadir la culpa y dar vuelta a la hoja. Sin embargo, esta hoja pesa demasiado como para cerrar un capítulo de vergüenza que ha dado la vuelta al mundo y ha señalado a los políticos guatemaltecos como incompetentes y carentes de humanidad. Solo falta ver cómo los representantes del pueblo aprovechan la confusión y el dolor de la ciudadanía para aprobar leyes con el propósito de liberar a los corruptos en prisión, prevenir que algo semejante les pueda suceder a ellos mismos y regresarlo todo a foja cero.
Es imperativo entender, de una vez por todas, que la niñez es responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Es preciso ver en este horrendo episodio el panorama completo: un sistema podrido hasta sus raíces, cuya deuda más grande es haber privado a la niñez de toda oportunidad de desarrollo durante generaciones. Un marco general de negligencia institucional incapaz de acudir en respuesta a las constantes denuncias de abuso, tortura, maltrato y violaciones a los derechos de la niñez, cuya actitud está sesgada por un desprecio atávico por los sectores más pobres y vulnerables.
No hay palabras para describir el dolor ante tanta crueldad, ya todas han sido dichas. Ahora solo resta mantener el tema en agenda porque más de 5 mil niños, niñas y adolescentes permanecen aún institucionalizados en un contexto de abandono y riesgo constante a su integridad física y emocional. Es importante señalar que desde el momento de su acogida en un refugio creado para ese propósito, el Estado es responsable de todos y cada uno de ellos. A ello se suma su compromiso explícito en tratados y convenciones internacionales para el cuidado y la protección integral de la infancia, firmados y ratificados por el Estado, documentos hasta ahora vacíos para una casta política cuyos intereses se alejan cada día más de los del pueblo que les entregó el poder. Guatemala está de luto, sin un camino a seguir y sin un líder capaz de marcarlo.
