La primera ministra británica Theresa May y los miembros de su conservador partido acaban de ratificar el deseo de salir de la Unión Europea (UE) tras ser aprobado por la Cámara de los Comunes el pasado 17 de enero ese requisito con lo cual el proceso de separación se hará efectivo en 2019.

Aunque el ministro británico del Brexit, David Davis, dijo que estaban satisfechos porque la ley completará la fase de su tramitación complementaria, el Partido Laborista se mostró opuesto y el siguiente paso será la Cámara de los Lores donde probablemente haya nuevas correcciones.

También la Reina Isabel deberá dar su visto bueno y de entrar en vigor quedaría derogada la ley de Comunidades Europeas de 1972 que establece el ingreso del Reino Unido al bloque comunitario.

La Unión Europea no ha querido cerrar aun todas las puertas a los británicos para tratar de que recapitulen de sus intenciones y según lo establecido, tras marcharse de la Unión el 29 de marzo de 2019, podrán mantener el statu quo económico, en un llamado período de transición que durará hasta finales de 2020, mientras negocian formalmente su futura relación comercial.

Durante ese período los británicos seguirían formando parte del mercado único europeo y de la Unión Aduanera, pero la toma de decisiones en la UE será sin el Reino Unido, indicó el jefe del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Recordemos que el mercado único, se basa en las denominadas "cuatro libertades" de movimiento: capital, bienes, servicios y personas.

Theresa May ha prometido y reiterado en varias ocasiones liberarse de la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo, cuestión ampliamente apoyada por los más fanáticos partidarios del Brexit.

Al respecto, Donald Tusk recordó que las decisiones de la corte de Estrasburgo no solo se aplicarán en el periodo transitorio de dos años y sus resoluciones serán utilizadas para interpretar el acuerdo sobre derechos de los ciudadanos europeos residentes en Reino Unido, mientras los tribunales británicos podrán remitir a Estrasburgo los casos que surjan durante un periodo de ocho años desde el acuerdo final.

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea fue categórico al enfatizar: "El Tribunal de Justicia Europeo será competente para los ciudadanos europeos".

La incertidumbre golpea a los británicos pues perderán los derechos que la UE les da como el reconocimiento en terceros Estados, y las facilidades y prerrogativas que mantenían como integrantes del grupo.

Londres también ha insistido en que cerrará las fronteras que existen de entrada para evitar la libre circulación de personas, contrariamente a los derechos que tienen todos los ciudadanos de la Unión Europea.

En el plano económico a Gran Bretaña se le complica la situación pues al dejar de pertenecer a la Unión, tendrá que firmar convenios por separado con las naciones, para tratar de reemplazar comercialmente a la Unión Europea en su conjunto, su mayor socio económico, lo cual le será difícil y llevará varios años.

Detrás de la posición londinense aparece el gobierno de Estados Unidos que le ha planteado que si quieren converger con ellos para firmar un acuerdo comercial, deben separarse de los europeos. Washington presiona para realizar convenios bilaterales más beneficiosos a los que haría con el bloque en conjunto.

Los traspiés que el Brexit representa para Gran Bretaña le provocarán su caída en su privilegiada posición de ser la sexta economía más grande del orbe.

Ya Londres aceptó abonar alrededor de 45 000 millones de euros por abandonar el bloque como se lo han exigido desde los primeros momentos los dirigentes de la Unión, con el objetivo de saldar anteriores acuerdos.

El Producto Interno Bruto solo llegó en 2017 a 1,6 % y un informe del Fondo Monetario Internacional señala que a pesar de una recuperación del crecimiento mundial, la decisión del Reino Unido de salir del bloque europeo ha tenido impacto en su economía.

Asimismo, al dejar de pertenecer al mercado único y a la unión aduanera, la industria financiera de esa nación perderá automáticamente el pasaporte financiero.

Werner Hoyer, jefe del Banco Europeo de Inversiones (BEI) expresó que perderán a uno de los principales socios y para Gran Bretaña será un duro golpe pues ese país tiene un 16,1 % del capital sin un banco de inversión nacional. Anualmente, informó, el BEI tiene un volumen de inversión en Londres de entre 7 y 9 mil millones de euros y ha sido clave para proyectos de infraestructura, estratégicos de innovación, transporte y parques eólicos en el mar del Norte.

Todo hace indicar que no habrá lugar para brindarle esos servicios financieros como ha sido hasta ahora desde que en 1972 entró en vigor la ley de Comunidades Europeas y que por el contrario se le aplicará el marco actual de equivalencias que la Unión usa con Estados Unidos o Japón.

A la hora de hacer todas las deducciones posibles sobre el asunto, debe tenerse en cuenta también que la economía de Gran Bretaña es fuerte, puede enfrentar grandes embates y por tanto los cálculos que se realicen serán sobre bases objetivas.

La versión más cáustica sobre el actual diferendo la ofreció el negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, cuando enfatizó: la decisión británica tiene y tendrá muchas consecuencias humanas, sociales, económicas, fiscales, financieras y jurídicas.