Hasta el momento, ni la OEA ni el Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, se han pronunciado contra la violación de los derechos humanos de los Ecuatorianos ni sobre el enfrentamiento de poderes en Perú , y proceso de impeachment (juicio político) para sacar a Trump del Poder

Dentro de los próximos meses, el proceso de impeachment (juicio político) contra el presidente de EE.UU., Donald Trump, contará con varias figuras de la política estadounidense como protagonistas, al tiempo que controlarán el proceso con que la oposición demócrata busca sacar a Trump de la Casa Blanca.

Esta llamada fue interpretada por los críticos de Trump como un intento ilegítimo de presionar a un Gobierno extranjero para que le consiga información incriminatoria sobre un rival electoral. El proceso se inició por una denuncia de un informante anónimo (un miembro de los cuerpos de inteligencia) que reveló la existencia de una conversación telefónica en la que Trump le sugería al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, que investigara al ex vicepresidente Joe Biden.

Nancy Pelosi, considerada como la mujer más poderosa del país y la tercera persona más importante en la política estadounidense, solamente por detrás del presidente Trump y del vicepresidente, Mike Pence.

Tras la victoria de su partido en los comicios de mitad de periodo de noviembre de 2018, Pelosi volvió a ser presidenta de la Cámara, por lo que debió acallar una revuelta en las filas de su partido, donde un numeroso grupo de jóvenes legisladores pedía un urgente relevo generacional.

De esta manera Pelosi buscará impulsar el proceso de impeachment, manteniendo la unidad en las filas demócratas y controlando los tiempos para intentar que esta operación no se convierta en un arma que refuerce la candidatura de Trump a la reelección.

Las crisis institucionales y sociales que estallaron esta semana en Perú y Ecuador mostraron, además de la fragilidad democrática en la región, que existe un doble rasero con el que los grandes medios y los organismos internacionales, como la OEA, tratan la coyuntura latinoamericana.

En Perú, el presidente Martín Vizcarra anunció el lunes pasado la disolución del Congreso, poder del Estado del que carece de apoyo político, por lo que ninguna de sus iniciativas progresaba.

El Congreso peruano, en respuesta, no consideró válida la disolución y aprobó el martes la suspensión del jefe de Estado, para de inmediato proceder a juramentar como presidenta interina a la vicemandataria Mercedes Araoz, quien 24 horas después presentó su renuncia.

Ecuador amaneció con fuertes protestas y un paro nacional de transporte en rechazo a las reformas económicas implementadas por el Gobierno del presidente Lenín Moreno.

Los manifestante rechazan la eliminación del subsidio para el consumo de combustible y liberación de los precios del diesel y las gasolinas, entre otras medidas que consideran afectan a los más vulnerables.

Este miércoles, tras el anuncio de Moreno, los transportista ofrecieron declaraciones a la prensa y expresaron su inconformidad.

Pese al rechazo popular, el ministro de Finanzas de Ecuador, Richard Martínez, descartó que el Gobierno de Moreno vaya a retroceder en su decisión «porque es lo correcto», y evita seguir favoreciendo «a las mafias que se llevan el dinero a Colombia y Perú».

De acuerdo con la Constitución, es facultad de la presidenta o presidente de la República "decretar el Estado de Excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural".

Aunque la Carta Magna establece que "el Estado de Excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad", especifica que el decreto contendrá el ámbito territorial de aplicación, su duración y las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse.

En este caso, la duración decretada fue de 60 días -plazo máximo comprendido por la ley, si bien renovable por 30 días más- y se aplicará hasta entonces en todo el territorio nacional.

El texto firmado por el Presidente ordena la movilización de Fuerzas Armadas, suspende la libertad de reunión, limita la libertad de tránsito y dispone decomiso necesarios.

El Gobierno hizo público el contenido del Decreto Ejecutivo 884, mediante el cual se declara el Estado de Excepción en todo el país por los próximos 60 días. La decisión se adoptó como respuesta al paro protagonizado este día por todos los sectores del transporte ante la eliminación de los subsidios a la gasolina extra y al diésel.

Ochos puntos clave tiene el documento, firmado por el presidente, Lenín Moreno. Principalmente, la suspensión de la libertad de reunión y asociación, la limitación de la libertad de tránsito y disponer los decomiso necesarios para evitar desmanes y controlar el orden público.

Los puntos importantes: