La clase gobernante de la oligarquía peruana nunca pudo aceptar que un maestro rural y líder campesino pudiera ser llevado a la presidencia por millones de pobres, negros e indígenas que veían en Castillo la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, ante esos ataques, Castillo se fue distanciando cada vez más de su base política. Formó cuatro gabinetes diferentes para apaciguar a los sectores empresariales, cediendo cada vez más a las exigencias de la derecha de destituir a los ministros de izquierda que desafiaban el statu quo. Rompió con su partido, Perú Libre, cuando fue abiertamente cuestionado por sus dirigentes. Pidió ayuda a la ya desacreditada Organización de Estados Americanos para buscar soluciones políticas, en lugar de movilizar a los principales movimientos campesinos e indígenas del país. Al final, Castillo luchaba solo, sin apoyo de las masas ni de los partidos de la izquierda.
La crisis final para Castillo estalló el 7 de diciembre. Debilitado por meses de acusaciones de corrupción, luchas internas de la izquierda y múltiples intentos de criminalizarlo, Castillo fue finalmente derrocado y encarcelado. Fue sustituido por su vicepresidenta, Dina Boluarte, quien se juramentó en el cargo después de que el Congreso destituyó a Castillo con 101 votos en favor, seis en contra y 10 abstenciones.
La votación se produjo poco después de que el país recibió el anuncio televisado de que Castillo disolvería el Congreso. Lo hizo de forma preventiva, tres horas antes del inicio de la sesión del Congreso en la que se iba a debatir y votar una moción de destitución por "incapacidad moral permanente" debido a las denuncias de corrupción que se indagan. Castillo también anunció el inicio de un "gobierno excepcional de emergencia" y la convocatoria de una asamblea constituyente en nueve meses. Dijo que, hasta que se instalara la asamblea constituyente, gobernaría por decreto. En su último mensaje como presidente, también decretó toque de queda a partir de las 10 de la noche. Ésta, al igual que sus otras medidas, nunca se aplicó. Horas después, Castillo fue derrocado.
Boluarte se juramentó ante el Congreso mientras Castillo era detenido en una comisaría. En Lima estallaron manifestaciones, pero ninguna lo bastante multitudinaria como para revertir el golpe, que llevaba casi un año y medio gestándose, el último en la larga historia de violencia de América Latina contra las transformaciones radicales.
El golpe contra Pedro Castillo supone un duro revés para la actual oleada de gobiernos progresistas de América Latina y para los movimientos populares que los eligieron. Este golpe y la detención de Castillo son un duro recordatorio de que las élites gobernantes de América Latina no cederán ningún poder sin una lucha encarnizada hasta el final. Y ahora que el polvo se ha asentado, los únicos ganadores son la oligarquía peruana y sus amigos de Washington.
La caída de Castillo no soluciona los graves problemas que atraviesa Perú, con cinco presidentes en los últimos cinco años. A partir de ahora se abre un abismo político, o más bien se ensancha el que ya existía, de consecuencias impredecibles. La izquierda ha perdido una oportunidad histórica para transformar el país. Las disputas internas en el seno del oficialismo y, sobre todo, el juego sucio de una derecha fujimorista deseosa de retornar al poder a cualquier precio, dejan al país otra vez en manos del filibusterismo político.
