Se trata de la tercera acusación que encara en cuatro meses: en abril fue incriminado por el uso ilegal de recursos de campaña para sobornar a una actriz porno a fin de que no revelara una relación extramatrimonial, mientras en junio fue acusado de 37 delitos por llevarse a su residencia privada documentos clasificados cuando tuvo que desalojar la Casa Blanca en enero de 2021.

Las normas estadounidenses le permiten continuar en la carrera para reelegirse mientras no se le haya dictado una sentencia firme, por lo que se contempla la probabilidad de que durante meses sus actos proselitistas se empalmen con sus comparecencias en los juzgados.

Es indudable que el desarrollo de sus batallas en tribunales influirá en sus perspectivas de recuperar la Presidencia en las elecciones de noviembre de 2024, pero es impredecible en qué sentido se dará este impacto. Entre el electorado republicano, no parece haber nada capaz de alterar la fidelidad hacia el magnate.

Una encuesta reciente muestra que sus aspiraciones de volver a la Oficina Oval son apoyadas por 54 por ciento de los simpatizantes de ese partido, 37 puntos por encima de su más cercano competidor.

El estudio demoscópico también da cuenta de que apenas 17 por ciento de las bases conservadoras lo consideran culpable de delitos federales serios, pese a que cuando se efectuó el sondeo ya estaba imputado por el manejo inadecuado de documentos clasificados, y se sabía que era inminente la presentación de cargos por su interferencia en el proceso electoral de 2020. Incluso entre quienes lo creen responsable de dichos crímenes, 22 por ciento votarían por él, un dato revelador sobre el tipo de devoción que ha construido en torno a su persona.

Es posible que, conforme salgan a la luz nuevos datos acerca de sus conductas ilegales, los ciudadanos sin afiliación partidista y sus correligionarios más moderados tomen distancia de un personaje tan impresentable. Sin embargo, los juicios civiles y penales que enfrenta podrían terminar por favorecerlo si logra articular una campaña eficaz de autovictimización y convence al público de que son una mera manipulación de la justicia urdida por los demócratas para descarrilar su candidatura.

Esa ha sido su estrategia desde que comenzaron a apilarse las investigaciones sobre sus faltas a la ley y, de hecho, la convirtió en un método de recaudación de fondos. Uno de sus comités de acción política, Save America (Salvemos a Estados Unidos), ha gastado 40 millones de dólares en el pago de honorarios de los abogados de Trump y sus colaboradores, una suma que fue levantada de manera primordial entre pequeños donantes.

Su portavoz justificó las peticiones de dinero como una necesidad para “combatir las acciones atroces de los compinches de Joe Biden, proteger a estas personas inocentes de la ruina financiera y evitar que sus vidas sean completamente destruidas”, unas afirmaciones llamativas cuando provienen del vocero de un hombre cuya fortuna se estima en 2 mil 500 millones de dólares.

Hasta ahora, el magnate ha tenido gran éxito en manipular la narrativa a su favor, sin importar los hechos ni la solidez de las pruebas que lo inculpan. Más allá de los veredictos que emitan los jurados y de la sentencia final de los ciudadanos en las urnas el año próximo, está fuera de duda que Trump operó un asalto a la democracia y que pasó por encima de toda barrera legal en su empecinamiento por perpetuarse en el poder tras su derrota electoral de 2020.

Su actuación costó la vida a varias personas a resultas del asalto al Capitolio instigado por él y perpetrado por una horda de sus seguidores, pero además creó una fractura duradera en las instituciones estadunidenses y sembró un odio divisivo que cada día envenena la vida cívica de la nación que se presume faro de la democracia.

Pero no por mucho tiempo. El largo y agotador viaje de Estados Unidos con Trump está lejos de terminar.