La estrategia central del gobierno del presidente Gustavo Petro es la búsqueda de la Paz total, para lo cual se ha fijado, de manera prioritaria, el propósito de hacer efectiva la Reforma Rural Integral y Democrática.

Este programa agrario es una aspiración histórica del campesinado colombiano que compromete millones de seres humanos entre agricultores, indígenas, afros, mujeres y jóvenes. La concentración de la propiedad de la tierra rural en manos de una casta minoritaria es el factor predominante entre las causas del conflicto social y armado y de la violencia que aun golpea con fuerza a más de 13 millones de campesinos que han sido sometidos al despojo de sus bienes y al desplazamiento de sus lugares de vida.

Así, en los Acuerdos de paz firmados por el gobierno del señor Santos con la guerrilla de las FARC en el año 2016, se determinó ejecutar un Plan de reforma agraria para entregar 3 millones de hectáreas y titular 7 millones de con el acompañamiento de 18 planes de reformas sociales (educación, salud, empleo), créditos financieros y entrega de apoyos tecnológicos a los beneficiarios de tal política.

Sin embargo, han pasado casi 8 años y los resultados son un desastre. Santos no hizo nada hasta el 2018, y Duque sometió a trizas la reforma rural al igual que el resto de los compromisos adquiridos por el Estado.

Con la llegada a la presidencia del senador Gustavo Petro en el año 2022 se abrió una esperanza luego de las grandes movilizaciones y protesta de los años 2019, 2020 y de abril del 2021 en las que el campesinado fue un actor central con los indígenas y la población afrodescendiente.

Nosotros, como campesinos del Meta, Guaviare y los Llanos orientales, víctimas de graves casos de violencia, despojo y desplazamiento, participamos con paros, marchas, bloqueos y huelgas para protestar y exigir nuestros derechos, especialmente el de la tierra.

Ya posesionado como presidente el doctor Petro, vimos con optimismo su compromiso y anuncios ofreciendo un programa integral rural, constitucionalizando a los campesinos como sujetos de derechos; para establecer la jurisdicción agraria; y fortalecer la entrega de tierras, focalizando muchos territorios; al tiempo que se fortaleció el Fondo de Tierras, se reorientaron las tierras incautadas a la SAE, para entregar fincas a las asociaciones agrarias y utilizar los bienes del Fondo de víctimas.

Se aprobó un Plan de Desarrollo "Colombia: Potencia Mundial de la Vida" con aspectos claves para afianzar la función social de la propiedad agraria.

El presidente retomo los Acuerdos de paz en materia agraria y más recientemente se ha anunciado un Plan de choque para la paz por el señor ministro del Interior, doctor Cristo.

Desafortunadamente todo marcha muy lento porque las instituciones públicas encargadas de la política agraria son unos verdaderos monstruos del burocratismo y de la tramitología enmarañada y corrupta. Es lo que sucede con la Agencia Nacional de Tierras ANT y la Agencia de Desarrollo Rural, convertidas en unas cloacas del clientelismo y el pago de favores electorales, en las que predomina el trafico de influencias y el pago de comisiones para la compra de tierras, la formalización de bienes y la adjudicación de predios a las organizaciones agrarias. Hacer un tramite en la Agencia de Tierras y en la de Desarrollo Rural es un verdadero infierno, una experiencia kafkiana que atropella a las gentes humildes del campo. Por eso la urgencia de que se hagan realidad los decretos de reestructuración de estas entidades tal como se viene anunciando desde hace unos meses.

En el Meta y el Guaviare iniciamos desde el 2023 un proceso de organización y movilización creando la Asociación de Tierras y Paz del Guaviare; Asoagrovidabiosostenible; y AADSOC, Asociación Agraria del Sur Oriente. Somos más 300 familias campesinas que nos juntamos para poder obtener la tierra en el marco de un proceso integral que no sea únicamente el acceso a un predio. Igualmente adelantamos procesos de organización campesina en los municipios de Vistahermosa y Granada, con la mira de crear una Coordinadora Campesina y Agraria de los Llanos Orientales para apalancar la movilización rural y popular en la idea de constituir un poderoso movimiento social que apoye la reforma agraria democrática y la conquista de la paz total.

Hemos hecho todas las gestiones pertinentes, tramitando personerías jurídicas, diligenciando los RESOS, haciendo derechos de petición, asistido a reuniones en Bogotá con altos funcionarios, participando en Asambleas populares en la Universidad nacional, reuniéndonos con Harman (director de la ANT), pero sin resultados efectivos. Nuestro clamor no es atendido adecuadamente por este gobierno y, por el contrario, nos estamos enfrentando con el clientelismo más nauseabundo y la negligencia del señor Felipe Harman, actual director de la ANT. Nos estrellamos siempre con una descomunal muralla burocrática y con un aterrador enjambre de peajes y extorsión de miles de funcionarios que solo atienden a sus particulares negocios.

En nuestra tesonera labor hemos ubicado predios susceptibles de ser objeto de la reforma agraria para atender nuestras peticiones. Así, hemos encontrado haciendas en proceso de extinción y administrados por la SAE en Acacias (finca Cencerros, de los Puntilleros); en Puerto López, en las vegas del rio Meta, lugar en que la ex senadora Maritza Martines, (la paramilitar golpista del Consejo Electoral) tiene, bajo su control, varias haciendas de la SAE, incautadas a la mafia de "Patemuro" (Carlos Arturo Patiño Restrepo) y Salomón Camacho, conocido como "Papa Grande", "El Viejo", "Salo", "El Patrón" y "Héctor Aníbal Montoya (dueño de la Hacienda Muletos), un poderoso narcotraficante del Cartel del Norte del Valle y el Eje cafetero, el primero, que atiende una larga condena en Estado Unidos pero con muy abundantes tentáculos en Puerto López y Puerto Gaitán, en donde recibe el apoyo de la policía y el ejército de la región; y Camacho, el más viejo narcotraficante de Colombia que se mueve en las sombras de juzgados y las oficinas de la SAE para que le reintegren sus predios utilizando sobornos y pago de altas cifras millonarias; en el Castillo (Meta); y en San Martin y Pachaquiaro.

Por supuesto que no vamos a desfallecer y si es necesario ir a Bogotá a realizar un plantón en la presidencia de la República lo haremos. La tierra la conquistaremos con nuestra organización, unidad y lucha.