Lo que Trump está ejecutando con la guerra a los migrantes y la cárcel de Guantánamo es un plan de limpieza étnica a una escala absolutamente hitleriana.
A lo largo de su intensa campaña electoral, en el más típico estilo populista de la ultraderecha, Trump anuncio varias veces que, de llegar a ser presidente de los Estados Unidos, en algún momento actuaría como un Dictador.
Tal momento está ocurriendo ya y su manifestación más cruda y cruel es la guerra y la cárcel de Guantánamo contra los 11 millones de migrantes en condiciones de transición a la legalidad por su traslado no formal en los últimos años hasta la jurisdicción territorial del gobierno gringo por las rutas ubicadas al sur del rio Bravo, o por barcos, o via aérea.
Este Trump del 2025 no es simplemente otra administración republicana que llega al poder. Esto es el más descarado nazifascismo hitleriano del siglo XXI: la dictadura indisimulada del tecnocapitalismo de los más poderoso millonarios de las plataformas tecnológicas y de la inteligencia artificial, utilizada para subordinar, con la adicción a las redes, a millones de seres humanos, los cuales pasan hasta 9 horas diarias pegados a los celulares condicionando de manera absoluta su vida y mundo cotidiano.
Es un nazifascismo hitleriano promovido por la locura fundamentalista cristiana y anticientífica, que adopta medidas para imponer a rajatabla su demencia racista, persecutora (a la manera como se encarcelo a millones de judíos en la Segunda guerra mundial en Alemania) de inmigrantes, de misoginia, contra el LGTB, dispuesto a ejecutar un saqueo imperialista descontrolado y un expansionismo imperialista implacable (Canal de Panamá, Groenlandia, Canadá, México y Colombia), listo para utilizar la violencia para sofocar toda oposición o resistencia (que irá creciendo), utilizando los más genuinos métodos gobelianos de "mentir y mentir" porque de eso algo quedará.
En la semana que ha transcurrido desde que se posesionó, Trump ha expedido normas que han configurado cabalmente este "significante vacío" totalitario y despótico, asociado con el régimen hitleriano alemán de los años 30 del siglo XX, que construyó centenares de campos de concentración para exterminar millones de judíos. Desde el lunes 20 de enero Trump ha expedido en cascada, un conjunto de "Órdenes ejecutivas", casi todas con fuerza de ley inmediata y ninguna de las cuales tiene que ser aprobada por el poder legislativo.
Esas "Órdenes ejecutivas" son las siguientes, según su contundencia:
Primera.
Poner libres a los golpistas del Capitolio del 6 de enero del 2021. Trump indulto o conmutó las penas carcelarias de todas y cada una de los más de 1600 sujetos que fueron acusados de asaltar violentamente al Senado el 6 de enero del 2021. Esa horda neonazi pretendía anular las votaciones del 2020 e imponer ilegalmente a Trump en la presidencia. Con esta medida, las hordas neonazis armadas van a creer que hagan lo que hagan al servicio de Trump, el los protegerá. De manera simultánea, el "Supremacista" canceló las protecciones de seguridad para algunos de sus enemigos más sobresalientes que fueron amenazados y estigmatizados por las hordas seguidoras de Trump. Ahí está Anthony Fauci, quien lideró las respuestas al COVID, y Mark Milley, ex general del ejército de Estados Unidos y presidente del Estado Mayor Conjunto, que se había opuesto a los intentos de Trump de usar tropas contra los manifestantes en el levantamiento de 2020 contra el asesinato policial y la supremacía blanca. Estos y otros adversarios a Trump, necesitaron escoltas, debido a que han sido sometidos a amenazas, incluso por parte de adeptos de Trump, así como otras fuerzas.
Segunda.
Desatar una persecución masiva a millones de inmigrantes: Trump autorizó a la policía migratoria (ICE) para que realice redadas en iglesias, escuelas y hospitales en busca de inmigrantes indocumentados, o los llamados "ilegales". Trump ha dispuesto que más de 600.000 refugiados (venezolanos, cubanos, afganos) cuyo estatus en Estados Unidos era legal sean expulsados de inmediato. Y Trump ha amenazado con procesar a cualquier funcionario que, según él, sabotee esta tanda represiva, aunque dicho bloqueo esté basado en la ley. Y para colmo de males Para colmo de males, Trump ha intentado contradecir como cualquier dictador por sí solo, la terminante enmienda constitucional que establece que todos los individuos que nazcan en Estados Unidos poseen ciudadanía estadounidense. Aunque inmediatamente se hicieron demandas contra esto y la orden de Trump fue suspendida por los jueces[1].
Pero algunas también están redactadas de tal manera que abren la posibilidad de deportar a millones de inmigrantes legales, así como a ciudadanos que descienden de inmigrantes.
Ordena desplegar el Ejercito en la frontera sur con México.
Como complemento las siguientes órdenes desplazan al ejército de Estados Unidos directamente contra hombres, mujeres y niños que no llevan armas, que buscan refugio y una oportunidad de vivir que son tratados como invasores.
La Declaración de emergencia nacional en la frontera sur de los Estados Unidos autoriza que las fuerzas armadas estadounidenses ayuden al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a lograr el "control operativo" de la frontera con México.
La orden dice específicamente que tanto el DHS como las fuerzas armadas deben revisar las "políticas de uso de la fuerza" para "priorizar la seguridad" del DHS y del personal militar. Se trata de una advertencia encubierta a los soldados fuertemente armados para que adopten una estrategia de "disparar primero, preguntar después" contra los civiles desesperados y sin armas. Está imponiendo la misma lógica de disparar a personas sin armas en "defensa propia" que la policía en Estados Unidos utiliza diariamente para matar al menos a mil 200 personas negras y latinas cada año.
Esta orden también invoca la Ley de Insurrección de abril de 1807, para "obtener el control operativo completo de la frontera sur". Esa Ley de Insurrección permite que las fuerzas armadas estadounidenses se desplieguen para reprimir la rebelión o la violencia interna, incluso con poderío militar total. Posible de utilizar para suprimir protestas y rebeliones contra la limpieza étnica del régimen Supremacista y/o contra la lucha revolucionaria más amplia que podría estallar en los venideros meses. La orden es muy vaga, pero el hecho de que plantee esta posibilidad es muy tenebroso.
Ordena a un cuerpo militar estadounidense de alto nivel (el Comando Norte de Estados Unidos) que revise sus planes generales para "sellar la frontera" y "repeler formas de invasión, incluida la migración en masa ilegal".
Él dice que "yo [Trump] he determinado que la situación actual en la frontera sur está calificada como una invasión bajo el Artículo IV, Sección 4 de la Constitución". Con esta declaración "oficial" de una "invasión", Trump así invoca la facultad de prohibir la admisión de casi todos los migrantes y refugiados en la frontera[2]. La legislación estadounidense vigente prohíbe que las fuerzas armadas militares participen en operaciones de tipo policial en territorio estadounidense (por ejemplo, la legislación estadounidense prohíbe la "participación directa de un miembro del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea o el Cuerpo de Marines en una búsqueda, incautación, arresto u otra actividad similar"). La declaración por Trump de una "emergencia nacional" tiene como objetivo invalidar estas leyes. Además, el tipo hace alarde de que estas tropas solo estarán presentes en la frontera para "apoyar" a los organismos civiles. Pero, en realidad, no existe ninguna "emergencia nacional" en ningún sentido significativo, y además el lenguaje de esta Orden, especialmente la parte sobre que los militares "repelen … la migración masiva" y cambien sus "Reglas de enfrentamiento", son indicios de que estas tropas podrían ser utilizadas
A partir del 22 de enero, Trump ya dispuso el despliegue de 1.500 soldados en servicio activo en la frontera sur antes de fin de mes.
La orden "Asegurar nuestras fronteras" elimina una serie de programas cruciales, entre ellos:
Se ha abolido el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 562.000 haitianos, nicaragüenses, venezolanos y cubanos. El TPS es un programa que permite que las personas que hayan llegado a Estados Unidos (ya sea con algún tipo de visa o sin documentos) permanezcan en territorio estadounidense si las condiciones en su país de origen se consideran demasiado peligrosas como para regresar. Cualquiera que esté familiarizado con las condiciones en Haití (por tomar el ejemplo más claro) entenderá que abolir el TPS significa deportar a las personas a una situación en la que su vida corre peligro inminente.
Las personas que esperan una audiencia para su apelación serán encarceladas, culpables hasta que se demuestre su inocencia. Todo migrante detenido por las autoridades estadounidenses tiene derecho a una audiencia en materia migratoria. Pero como estos tribunales no cuentan con los fondos necesarios, el personal es insuficiente y están totalmente desbordados, las personas esperan meses o incluso años para su audiencia. En el pasado, la mayoría de los migrantes recibían libertad condicional para regresar a la comunidad mientras esperaban. Con esta nueva orden, permanecerán detenidos durante todo ese tiempo.
La abolición de una app (aplicación) que facilita que los inmigrantes soliciten asilo desde fuera de Estados Unidos. Esta app facilitaba que los migrantes fuera de Estados Unidos (decenas de miles de ellos que viven en condiciones desesperadas en campos de refugiados en México) presenten documentación a las autoridades migratorias estadounidenses y luego concierten una cita para revisarla. Sin esa app, es casi imposible siquiera solicitar la entrada legal. Trump no solo la ha cerrado de ahora en adelante, sino que decenas de miles de citas ya concertadas fueron canceladas instantáneamente. Miles de personas que habían estado tratando durante meses de ingresar por los medios establecidos legalmente ahora están en la desesperación total.
Trump ha ordenado la suspensión de todas las operaciones del Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos, el mayor programa para establecer refugiados en el mundo, que ha legalizado a tres millones 550 personas en Estados Unidos desde 1975.
Como resultado de estas y otras medidas adoptadas por Trump (así como algunas de Obama y de Biden), el derecho a solicitar asilo —un derecho garantizado tanto por el derecho internacional como por el derecho estadounidense— dejo de existir en Estados Unidos!
Estas órdenes sientan las bases para detenciones y deportaciones en masa a una escala sin precedentes
Además, implican importantes cuestiones políticas y logísticas.
Será necesario un aumento masivo de las fuerzas gubernamentales para detener en redadas a la gente, y de las cárceles, centros de detención y tal vez "campos de internamiento" (Guantánamo) para albergar a todos los nuevos detenidos, y de los medios de transporte para deportarlos. El "zar fronterizo" de Trump, Tom Homan, ya está diciendo que necesita duplicar la dotación de personal y el presupuesto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y duplicar las camas en los centros de detención.
Amenaza a las "jurisdicciones santuario", con la pérdida de fondos federales y con procesar o demandar a alcaldes, jefes de policía y otros funcionarios que no cooperen con las deportaciones en masa.
Autoriza esfuerzos masivos para ampliar los centros de detención.
Autoriza que "los funcionarios del orden público a nivel estatal y local… desempeñen las funciones de los agentes migratorios en relación con investigaciones, aprehensiones o detenciones de extranjeros". Así, cientos de miles de policías locales y estatales estarán integrados en las labores de las deportaciones en masa.
Algunos países se negarán a recibir a las personas deportadas desde Estados Unidos como está ocurriendo en México
Tercera.
Ordenes instantáneas para regresar ese país a las épocas de represión abierta, franca y violenta a las personas por motivo de su "raza", nacionalidad y género. Trump ha firmado Órdenes que niegan a las personas trans el derecho a cualquier clase de reconocimiento de su personalidad, lo que se ha reflejado de manera inmediata y cruel en el encarcelamiento de 1700 mujeres trans en cárceles masculinas. Ha expedido resoluciones que hacen que sea ilegal que cualquier oficina federal tome medidas contra la discriminación en la contratación o en el lugar de trabajo contra los negros y otras minorías oprimidas, las mujeres o las personas LGBT, o incluso discuta semejante discriminación. Sus seguidores han emitido sus propias órdenes en cumplimiento de semejante adefesio, que manda a todos los empleados a delatar a cualquiera que no parezca estar "siguiendo el programa", so pena de su propio despido si no lo hace. Todo esto fortalece legalmente el intento neofascista de regresar a los días anteriores al masivo levantamiento popular de los años 60 contra esta salvajada, lo que permitió pequeñas concesiones, pero significativas. Y la situación de que los facinerosos del 6 de enero del Capitolio, que fueron puestos en libertad (y aclamados como "héroes" por Trump) participaran en una acción que estuvo acompañada con banderas de la Confederación esclavista, mostrando a personas cargando un poste de linchamiento, lo que da una idea de cómo toda esta andanada reaccionaria será respaldada.
Cuarta.
Designar a los cárteles de la droga y otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales, es un salto extremadamente siniestro en la persecución de los inmigrantes e incluso de los hijos de inmigrantes.
Con el pretexto de combatir a los cárteles criminales que son un grave problema para México, Trump dice que "dentro de 14 días", los altos funcionarios de su gobierno deberían "hacer preparativos operativos respecto a la ejecución de cualquier decisión que yo tome para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros".
Según la Ley de Enemigos Extranjeros, cualquier persona que provenga o descienda de personas que provienen de un país con el que Estados Unidos está en guerra, o que ha "invadido" a Estados Unidos puede ser detenida indefinidamente y/o deportada. Es decir, independientemente de que sea ciudadano o no, haya nacido en el país "beligerante" o no, está sujeto a detención y deportación. Y no hay juicio, ni audiencia, ni debido proceso de ningún tipo.
Esta es la ley se utilizó para internar a 120.000 personas de ascendencia japonesa en campos de concentración durante cuatro años durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos admitió (¡46 años después!) que esto era "vergonzoso". Ahora Trump está dando a entender su intención de hacer lo mismo con los inmigrantes, aunque no haya ninguna "guerra" ni "invasión" real en curso. Si se implementa en concreto, "legalizaría" el internamiento y/o la deportación de decenas de millones de personas, incluidos millones de ciudadanos.
Y eso sin mencionar las amenazas abiertas de apoderarse del territorio de otros países, que comienza, pero no termina con su discurso inaugural.
Está pendiente la Orden de "a excavar, maldita sea, a excavar" en busca de petróleo que acelerarán la destrucción suicida del medio ambiente.
Ya está surgiendo la respuesta popular a esta locura. El presidente Gustavo Petro está convocando a la movilización popular de masas para detener esta arremetida de las elites gringas contra la humanidad y los derechos sociales fundamentales.
[1] La ciudadanía por derecho de nacimiento es la garantía constitucional de que toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana. Se basa en la XIV Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que establece: "Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida".
La XIV Enmienda fue ratificada en 1868, después de la Guerra Civil. Otorgó ciudadanía y derechos civiles y legales en pie de igualdad a los antiguos esclavos y a todos los hombres negros libres. Fue confirmada por la Corte Suprema en 1898 (Estados Unidos contra Wong Kim Ark), que estableció que se aplicaba a todos los hijos nacidos de padres inmigrantes.
La orden ejecutiva de Trump ordena que las agencias gubernamentales ya no expidan documentación de ciudadanía a los bebés nacidos en Estados Unidos sin que al menos uno de sus padres sea ciudadano estadounidense o residente permanente. Esto criminalizaría a todos los recién nacidos cuyos padres sean indocumentados, y los sometería a la deportación. Es una flagrante violación de esta Enmienda y, como tal, de la Constitución.
Gente que ha tenido que huir por situaciones de pobreza y violencia extrema provocada por los mismos estados unidos
[2] Cabe señalar que, según el derecho internacional y estadounidense, las personas que son víctimas de persecución en su país de origen tienen el derecho legal de solicitar asilo en la frontera, por lo que la Orden de Trump es una flagrante violación de la ley.