La diferencia no es muy grande, sólo los seres humanos masacrados han cambiado. La sed de sangre de Alan García Pérez es inagotable. Repite su historia del pasado, la de ordenar matanzas humanas como las de El Frontón, Lurigancho, Los Molinos y las de las comunidades andinas. No le importa si mueren pobladores o policías. No se diga que no hubo paciencia en el pueblo. Sesenta días de huelga masiva de los pueblos nativos de la Amazonía, de protesta nacional y de apoyo global a esa justa lucha, a lo largo y ancho del país, además de la solicitud internacional, son exhortaciones más que suficientes para hacer reflexionar cualquier gobernante, excepto, para un genocida calificado que no escucha ni escuchará jamás a nadie. La maniobra aprista en el Congreso el día de ayer, para no tratar el problema de la derogatoria de los inconstitucionales decretos legislativos depredadores de la Amazonía, los cuales no respetan el medio ambiente, ni los ríos, ni los árboles ni los animales y menos los derechos ancestrales de lo pueblos originarios, fue el preparativo indispensable para ordenar el asesinato de quienes sólo defienden su derecho a existir.
Hace apenas dos días el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, organismo asesor del Consejo Económico y Social, hizo un llamado preventivo al gobierno peruano respecto a lo que podía ocurrir en caso de seguir embromando a los nativos a través de conversaciones dilatorias y farsantes. El organismo de la ONU expresó su preocupación sobre los informes recibidos durante su octavo período de sesiones en relación a los abusos que viene cometiendo Alan García en contra de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades nativas. La Presidenta de ese organismo, Victoria Tauli Corpuz, en declaración oficial, recordó al Gobierno peruano la obligación que tiene de consultar y respetar los derechos de los pueblos indígenas, tal y como lo establecen los compromisos asumidos en el Convenio 169 de la OIT. En su exposición manifestó que siendo el Perú firmante de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el gobierno está en la obligación de garantizar el pleno respeto de los derechos de las comunidades sobre las tierras tradicionales, territorios y recursos, así como el consentimiento libre, previo e informado de las mismas. También el organismo expresó su profunda preocupación por el estado de sitio decretado por el gobierno de García Pérez desde el 8 de mayo de 2009 en contra de las comunidades y organizaciones indígenas. Al respecto, la funcionaria internacional agregó: “El estado de sitio está dando lugar a la suspensión de las libertades personales y políticas de los pueblos indígenas en la región amazónica, la criminalización de los líderes indígenas y de los defensores de los derechos humanos y la creciente militarización de los territorios indígenas;” en consecuencia, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas pidió al Gobierno peruano suspender de inmediato el estado de sitio.
Sin embargo, a pesar de las exhortaciones y de los reclamos, a pesar de la ilegalidad de los decretos legislativos, el gobierno de Alan García y del títere Yehude Simon ha optado por el etnocidio, pues más de 20 indígenas y 12 policías han muerto en el primer enfrentamiento de una conflagración anunciada, mientras otras 100 personas resultaron heridas, en su mayoría de bala, producto de la acción policial, desde helicópteros, ordenada por el gobierno en la Amazonía. Este crimen premeditado por el gobierno no tiene absolución alguna, ya que en un desafío a las razones legales en todos los idiomas, Alan García pretende justificar la masacre llamando “SEUDO DIRIGENTES” a los genuinos representantes de los nativos, agregando además que “cualquier estallido de violencia en la Amazonía sería responsabilidad de ellos.” Y con el cinismo que lo caracteriza, conocidos los hechos de sangre de su responsabilidad en la selva, García Pérez afirmó que los nativos estaban instigados a la violencia y utilizados como “carne de cañón” por la dirigencia de la Aidesep, encabezada por Alberto Pizango, en un intento de “jugar a la revolución.” “Cualquier hecho lamentable es absolutamente responsabilidad de los seudo dirigentes y seudos nativos que han estado instigando a personas más humildes a que tomen acciones ilegales y violentas.” Como se observa en las palabras, la pretensión de justificar el etnocidio por parte de Alan García no sólo es inconcebible sino insólita e inadmisible en una autoridad censurada por el noventa por ciento de los ciudadanos peruanos, más aún cuando piensa y vocifera que los dirigentes y los pobladores se han disfrazado de nativos, porque no de otra forma se entiende aquello de seudos nativos cuando, en realidad estamos, sin darles muchas vueltas, frente a un seudo gobierno.
La crisis del paro regional de la Amazonía que lleva sesenta días se fue agravando por las maniobras dilatorias inconsistentes del gobierno y una mesa de diálogo a cargo de un primer ministro mequetrefe, como Yehude Simon, tratando de engañar a los dirigentes nativos, lo cual llegó a desbordar los límites de la paciente espera de soluciones aceptables. Y se salió de control cuando el día de ayer el pleno del Congreso volvió a aplazar el debate sobre el decreto 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que es parte de un paquete de diez leyes atentatorias al hábitat indígena y a los recursos naturales del país. ¿Cómo se explica que la Comisión la Encargada del Estudio de los Decretos Legislativos Referidos al Sector Agrario declare inconstitucional a esta legislación, para luego en una clara maniobra sin debate alguno, la mayoría congresal acuerde ponerlos de regreso a la mesa de “dialogo”? Sí señores, los decretos legislativos 997, ley de organización y funciones del Ministerio de Agricultura; 1081, que crea el Sistema Nacional de Recursos Hídricos; 1083, que promueve el aprovechamiento eficiente y la conservación de los recursos hídricos, y 1035, Ley de adecuación al acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio de la OMC; y además, los decretos legislativos 1059, Ley General de Sanidad Agraria; 1060, que regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria; 1080,que modifica la Ley Nº 27262 , Ley General de Semillas; 995, que modifica la norma de Relanzamiento del Agrobanco; 1055, que modifica la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente; 1078, que modifica la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, etc. fueron declarados ilegales por pasarse por alto el ordenamiento constitucional.
Aquí los dirigentes y los miles de nativos que se mantienen en pie de lucha contra esos decretos abusivos e ilícitos por atropellar sus derechos territoriales y sociales, por arrebatar sus tierras y los recursos naturales de ellos y del país, no son figurados ni falsos o seudos nativos como señala Alan García sino hombres de carne y hueso y familias enteras abusadas por el centralismo y la usurpación que se pretende, quienes al no ser escuchados han recurrido a la huelga y la rebeldía. Por ello también, los pueblos aborígenes han denunciado la campaña de desprestigio y persecución en su contra, diseñada desde el gobierno central. Estamos, pues, frente a una sangrienta masacre de pobladores humildes y étnicos catalogada en la legislación internacional como genocidio, siendo la única salida a la crisis creada en la Amazonía la renuncia obligada del criminal perpetrador, Alan garcía Pérez, a fin sea juzgado por este nuevo crimen de lesa humanidad. El llamado a la insurgencia popular con una paralización nacional hasta la renuncia del genocida Alan García Pérez, quien debe pasar a disposición de las autoridades judiciales por las matanzas habidas y los robos de su gobierno detectados, es el único remedio a la crisis de gobernabilidad. No cabe otra solución. Los pueblos del Perú y sus organizaciones sociales, políticas y gremiales tienen la palabra.
