Se ha ido escribiendo la historia política de las naciones latinoamericanas al margen del derecho, con acciones arbitrarias y desmedidas conculcándoles el derecho a los ciudadanos.

En 1973 en Chile con Salvador Allende, en 2002 en Venezuela con Chávez y en 2004 con Jean Bertrán Aristide en Haití y hoy día en 2009 en Honduras, se instauran gobiernos de facto, fuera de lege, contrarios al mandato Constitucional de cada una de estas naciones. Siguiendo en cada ellas el manual del golpe de Estado.

¿Qué intereses oscuros se mueven tras de todo esto?, ¿Qué manos peludas mueven los hilos ocultos de las marionetas?

Cuando se atacan las causas estructurales de la pobreza y se atacan con una alternativa como la de darle poder a los pobres, eso significa que se van a afectar los intereses de las oligarquías y de la burguesía.

El Presidente José Manuel Zelaya Rosales, Presidente Constitucional de la República de Honduras, quiso establecer en su Estado la práctica política de fundamentar un proceso de cambio, pero con la participación y toma de decisión de las grandes mayorías de la nación.

Eso sin duda alguna constituye la afectación de los intereses de la burguesía. Por otro lado, las burguesías nacionales están interconectadas y se reproducen de acuerdo a la práctica de la explotación de las burguesías internacionales.

La paradoja es que en cada una de estas naciones hubo participación del poder económico nacional e internacionales, de igual manera de los medios de comunicación y los dueños de medios, es decir, el poder mediático, así mismo, el poder militar de un grupúsculo de lacayos de los intereses del imperio; la participación de la burguesía nacional más recalcitrante plegada a los intereses foráneos; igualmente, el poder eclesiástico, quienes pregonan la humildad, la justicia social, la equidad, la igualdad, más solo en teoría, porque en la praxis están plegados a oscuros interese trasnacionales.

Lo que ocurre en Honduras es que el Presidente Zelaya, a través de un proceso unionista del Alba, también planteó estructurar una política interna que descansara y estuviera fundamentada con la práctica de los programas sociales, culturales y políticos del Alba.

De ahí podemos deducir que obviamente hay un ataque a los intereses de las burguesías internacionales. Eso es el detonante de lo que hoy está ocurriendo en Honduras.

En ese orden de ideas podemos observar que los Poderes de la República de Honduras han actuado, así pues, nos percatamos en sus actuaciones al margen de la verdad verdadera, que el Congreso mintió cuando manifestó que el Presidente Zelaya había renunciado, siendo una falsedad flagrante sin sustento alguno y con forjamiento de la firma del primer mandatario y de los sellos de la Presidencia de la República. En segunda instancia, el ejército sacó por la fuerza al Presidente Zelaya del país.

El ordenamiento jurídico de Honduras, es responsabilidad de La Corte de esa nación, y ésta fue la que propició la expulsión del país del jefe del Estado, pretendiendo darle legalidad además de legitimidad a través de un contenido normativo fraudulento; de tal manera que, de estos poderes solo hay que esperar la violación de las leyes.

Son poderes que violan los derechos humanos, que reprimen, que conculcan los derechos constitucionales del soberano.

La comunidad internacional, también va a actuar y a profundizar la capacidad de organización y movilización del pueblo hondureño, de ser apresado el Presidente Zelaya, acompañado de la comisión de la ONU, OEA, los mandatarios de Argentina y Ecuador simplemente se va a profundizar la lucha interna del pueblo por restablecer la democracia y va a constituir un hecho que va a fundamentar una practica antidemocrática. Y en el caso de la comunidad internacional, se van a profundizar las medidas contra este gobierno ilegítimo de Honduras. En caso contrario de que se le permita al Presidente Zelaya llegar al país, también se va a profundizar la lucha porque el Presidente Zelaya se va a convertir en la vanguardia de la movilización del pueblo Hondureño.

Nunca antes se había establecido un precedente de esta magnitud. El general Romeo Vázquez Velazquez, quien había sido destituido por el Presidente porque no quiso cumplir la orden que Manuel Zelaya le diera de repartir las cajas para realizar la consulta popular sobre una constituyente, actúo ilegítimamente al respaldar el golpe de estado en Honduras incurriendo además en el delito de traición a la patria previsto en la Constitución de esa Nación hermana. De manera inequívoca podemos afirmar que incurrió en el delito de insubordinación, además de la transgresión de las disposiciones normativas insertas el Art. 278 de la Carta magna de Honduras, la cual expresa que: “ Las ordenes que imparte el Presidente de la República a las fuerzas Armadas, por intermedio del jefe de las mismas, deberán ser acatadas y ejecutadas.”

El hecho de no haber materializado las amenazas de separarlo del cargo, se convirtió en una impunidad, pasando de perdón a impunidad, hallándose allí la traición. Efectuando en ese caso un paralelismo en el manifiesto de Cartagena en la época de Bolívar…frente a un perdón, la traición!.

No solo los dueños de los medios privados hacen llamados a favor de la insurrección, sino también muchos periodistas que se constituyen sujetos políticos para mentir y hacen un llamado a la violación plena de los derechos humanos además de falsear la verdad.

Estos periodistas y dueños de medios privados forman parte del andamiaje de las burguesías nacionales y de las corporaciones trasnacionales de las noticias.

De todas estas aseveraciones podemos inferir que todo golpe de Estado es ilegal. En ese orden de ideas cabe destacar que, la expresión de la soberanía se ejerce a través del voto, esta disposición normativa la encontramos inserta en el Art. 2 de la Constitución de Honduras la cual textualmente reza: “La soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejerce por representación. La suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la Patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano.”

Si el Presidente Zelaya fue electo por el pueblo, el gobierno usurpador es quien está actuando fuera de ley, en concordada relación con el Art.3 ejusdem, el que en su contenido expresa: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que ésta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional.”

Basta con recordar que la Ley de de participación política sancionada con ocasión de la elección de Zelaya enuncia la obligatoriedad de acudir a elecciones, esta consulta popular a la cual el llamo no era vinculante ni obligatoria.

Así podemos concluir afirmando que, esta horda de golpistas no solo cometen acciones desproporcionadas y desmedidas en contra del pueblo, sino también incurren en conculcación de los derechos ciudadanos a la luz de las disposiciones contenidas en el enunciado normativo inserto en el Art.45 de la ley de leyes de esa República, el cual estipula textualmente: “ Se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país".

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