El golpe de Estado en Honduras cumplió ya más de dos meses y poco a poco comienzan a desaparecer las noticias de ese país en los titulares de los grandes medios. El peligro de que se acepte por la vía de la fuerza de los hechos el nuevo gobierno hondureño y las elecciones que se preparan bajo el clima de represión, debería preocupar a los demócratas de todo el mundo.

El silencio internacional sobre la resistencia hondureña y las tímidas y contradictorias acciones de quienes deberían presionar para el retorno a la institucionalidad, no ha hecho más que fortalecer a los sectores derechistas, no sólo de ese país.

La semana pasada se difundió como un gran logro la decisión del gobierno norteamericano de suspender la ayuda económica al gobierno de facto, pero pasó casi desapercibido que el Fondo Monetario Internacional (FMI) controlado por Estados Unidos, concedió un respiro financiero a la dictadura.

Mientras, los partidos políticos que respaldaron el quiebre constitucional, iniciaron ya sin complejos, la campaña electoral para participar en las elecciones del próximo mes de noviembre, con lo que por la vía de los hechos legalizan la dictadura y sus consecuencias.

Sin embargo, los golpistas no tuvieron en cuenta la reacción del pueblo. Más allá del reclamo inicial de defensa del orden institucional y del retorno de Manuel Zelaya a la presidencia, el pueblo se ha comenzado a organizar y exigir también una Asamblea Constituyente para ampliar los derechos ciudadanos y garantizar la participación popular.

El Frente Nacional de Resistencia al Golpe de Estado, que ha logrado mantener la movilización casi cotidiana desde el mismo día de la asonada militar, está pasando de ser un conglomerado de organizaciones y sindicatos, a conformar una estructura de un movimiento político con representación en todo el país.

El pasado fin de semana, el Frente Nacional realizó una asamblea con representantes de casi todos los departamentos del país, y además de establecer un programa de movilizaciones, adelantó una plataforma de reivindicaciones que va más allá del retorno de Zelaya, y comenzó a diseñar una estructura organizativa.

A juzgar por las consignas de las movilizaciones y la declaración del Frente, la convocatoria a una Asamblea Constituyente es la tarea fundamental del movimiento.

El coordinador general del Frente Nacional contra el golpe de Estado, Juan Barahona, expresó claramente ese concepto: “La Asamblea Nacional Constituyente va con Zelaya o sin él, porque es un derecho y una aspiración del pueblo hondureño para transformar nuestra sociedad”.

En el fondo esa es también la razón del golpe del Estado. Los militares detuvieron al presidente Zelaya y lo expulsaron del país el mismo día en que debía realizarse una encuesta pública, a través de las urnas, para plantear la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente a través de un futuro plebiscito.

Fue esa consulta al pueblo, y el temor de convocar a una asamblea constituyente que le otorgara más participación al pueblo lo que provocó el golpe de Estado. Después el aparato de propaganda derechista incluyó la supuesta aspiración de Zelaya a la reelección –cosa descartada por la cronología de los hechos- y supuestos actos de abusos de poder o mal manejo de los fondos públicos.

Los golpistas calcularon mal, y la acción organizada para detener la participación ciudadana, la ha despertado aún más. Ahora el pueblo no se moviliza sólo por el retorno de Zelaya, sino también, y casi fundamentalmente, por la convocatoria a la asamblea constituyente. En enero próximo caduca el período de mandato de Manuel Zelaya, lo que pone una fecha límite al reclamo de su retorno. Lo que no caduca es la convocatoria a la asamblea constituyente.

Además ahora, el pueblo ha adquirido experiencia organizativa y comienza a darse nuevas formas de organización independiente de los partidos políticos existentes y con raíces en las bases de la sociedad, lo que garantiza su permanencia.

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