No hay que ser muy listo para entender que lo suscrito en Tegucigalpa, el pasado 29 de octubre, constituye una ventana tan sólo entreabierta para una posible solución a la crisis política hondureña provocada por el golpe cívico-militar de hace cuatro meses. Las desavenencias de unos y otros en torno a la interpretación de sus términos concretos, específicamente sobre la restitución inmediata del presidente constitucional Manuel Zelaya, da fe de que lo que en sus inicios fue celebrado como un acuerdo que destrancaba el conflicto, con el tiempo deviene en profundo desacuerdo que podría hacer volar en cantos lo alegadamente avanzado.

La píldora venenosa es el controvertido punto quinto del acuerdo en el que se deja al Congreso Nacional “como expresión institucional de la soberanía popular” y en consulta con la Corte Suprema, para que resuelva si procede “retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010”. En otras palabras, se deja a la discreción de dos de las instituciones responsables del golpe y de la transgresión del orden constitucional, si Zelaya es restituido como mandatario constitucional.  De paso, éstas se legitiman como expresiones institucionales de “la soberanía popular” cuando, de hecho, con sus acciones golpistas en todo momento han demostrado un claro desprecio por la voluntad expresa en las urnas de esa misma soberanía popular. 

Por ejemplo, el segundo punto de lo pactado obliga a Zelaya a abstenerse de hacer llamamientos a “la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, de modo directo o indirecto” y a renunciar a “promover o apoyar cualquier consulta popular con el fin de reformar la Constitución”. Así es el modelo liberal en sus pretensiones democráticas: desconfía del poder constituyente del soberano popular y prefiere, por ello, maniatarlo por medio de una institucionalidad gubernamental, alegadamente representativa, que termina por negarle al pueblo sus prerrogativas soberanas.

En ese sentido, lo convenido representa una bofetada al derecho inalienable a la autodeterminación que le es consustancial al pueblo como poder constituyente y legitimador de cualquier orden político que aspire a ser considerado democrático. La respuesta del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado no se dejó esperar: “Reiteramos que la Asamblea Nacional Constituyente es una aspiración irrenunciable del pueblo hondureño y un derecho innegociable por el cual seguiremos luchando en las calles, hasta lograr la refundación de la sociedad para convertirla en justa, igualitaria y verdaderamente democrática”,

De ahí que ya se va generalizando la percepción de que los golpistas se han salido con la suya y al suscribir el pacto se aseguraron que nada en él les obligaría a restituir a Zelaya, quien desde el 21 de septiembre se encuentra asilado en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa.  Aún así consigue la tan deseada e imprescindible legitimidad internacional para las elecciones generales programadas para el próximo 28 de noviembre. Por eso, desde la firma, sólo se han dedicado a darle la vuelta al tema de la restitución del mandatario depuesto, incluyendo la negativa a convocar de inmediato al Congreso. Ello ha llevado a Zelaya ha denunciar los “juegos oscuros” de los golpistas para evitar que se cumpla con la totalidad de lo acordado. Ha puntualizado que si no se le restituye, “entonces no hay acuerdo”.

“Existe un acuerdo de 12 puntos y ninguno es un punto aislado del otro. No se puede aprobar uno y dejar pendiente el otro”, puntualizó Zelaya. El propio Zelaya, sin embargo, admite que conforme a lo pactado lo que existe es una obligación moral del Congreso para actuar, retrotrayendo la situación al orden constitucional que existía antes del golpe. Es cuestión de “voluntad política” que los golpistas decidan cumplir con lo que, a todas luces, constituye el centro neurálgico del conflicto: la restitución.

¿Cómo fue que lo que hasta ahora era el aspecto central del conflicto trabado, la restitución de Zelaya, haya pasado de repente a un segundo plan para dar paso a la validación internacional de los comicios próximos como imperativo medular de la solución pactada? Según diversas fuentes cercanas a las negociaciones, los representantes de Washington, el subsecretario de Estado Thomas Shannon y el asesor presidencial Dan Restrepo, se encargaron de redefinir el objetivo a conseguir. Para éstos, ante las dificultades confrontadas para solucionar el conflicto según definido hasta ese momento, había que redefinirlo, desplazando el requisito sine qua non de la restitución por el logro de un acuerdo político en función de las elecciones del 28 de noviembre próximo. Sólo así se podría legitimar los resultados de los comicios, ya que los representantes estadounidenses advirtieron al gobierno de facto que, sin un acuerdo, Washington definitivamente no reconocería sus resultados, al igual que los demás gobiernos de las Américas. No sólo eso: pusieron sobre la mesa su proverbial “garrote” imperial, un conjunto de seis medidas que Estados Unidos tomaría de no haber un acuerdo, entre las cuales incluía la exclusión de Honduras del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos; la retirada del embajador estadounidense Hugo Llorens; y la inclusión de Honduras en la lista de países responsables de graves violaciones a los derechos humanos. 

Ahora bien, la “zanahoria” imperial fue la confección de un acuerdo final que en nada obligaba legalmente al gobierno de facto a restituir a Zelaya, lo que había sido su principal demanda de siempre. Y en todo caso, de ser restituido, se recortaría de tal manera la autoridad presidencial que prácticamente quedaría éste como figura casi decorativa. Por ejemplo, no sólo no podrá seguir adelantando la principal reivindicación de sus seguidores, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, sino que no tendrá control sobre las Fuerzas Armadas y la mitad del gabinete ejecutivo estará integrado por designados del gobierno de facto. 

Además, para todos fines prácticos, Zelaya sólo le quedaría una veintena de días antes de las elecciones, a partir de las cuales el centro político de atención pasará al presidente-electo que, según los sondeos, será Porfirio Lobo del derechista Partido Nacional, uno de los soportes políticos del golpe. Por su parte, los zelayistas se aprestan a volcarse ahora hacia la contienda electoral a favor de una fórmula integrada por Cesar Ham, del izquierdista Partido Unificación Democrática, y el independiente Carlos Reyes, ambos críticos del golpe.

Según lo pactado, el lunes 2 de noviembre se instaló un Comité de Verificación del acuerdo integrado, por el ex presidente chileno Ricardo Lagos y la secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís, así como por un representante de Zelaya y otro del gobierno de facto. Asimismo, este jueves 5 de noviembre se deberá conformar un “gobierno de unidad y reconciliación nacional”, aunque el acuerdo no especifica quién lo presidirá. Ante la dilación en la convocatoria del Congreso para votar sobre la restitución de Zelaya, está en el limbo no sólo la cabeza de ese gobierno sino que, sobre todo, la capacidad misma para la constitución de este Ejecutivo acéfalo.

En ese sentido, si hay algo que sí queda meridianamente claro es que, en lo esencial, lo único pactado fue el desacuerdo. Queda, pues, mucha lucha por delante para revertir los oscuros designios de los golpistas y sus adláteres imperiales.