No nos sorprende la actitud del gobierno norteamericano ante la crisis que vive Honduras. Reconocer los resultados de las elecciones convocadas por el dictador Roberto Micheletti y los integrantes de los poderes públicos, expresa el manejo hipócrita de las negociaciones realizadas en San José por parte de los Estados Unidos. Desde el comienzo, la cita para negociar una salida “democrática” estuvo plagada de ambiguedades. Los negociadores que representaban al gobierno de facto se limitaron a barajar puntos incoherentes y a usar tácticas dilatorias para ganar tiempo y aparentar que se trabajaba en la resolución del problema. Para Barack Obama y esu gobierno, la existencia o no una democracia en Honduras no es importante. Impulsar el acuerdo Tegucigalpa- San José significaba crear una fachada de supuesta negociación en la que actuaban como mediadores junto con la OEA, pero que perseguía darle un sesgo de legalidad a las elecciones convocadas para la última semana de noviembre.
Jamás estuvimos de acuerdo con que se negociará una salida a la crisis. Todas las conversaciones sostenidas por los emisarios de Manuel Zelaya y Roberto Micheletti estaban fuera del marco de la legalidad. Quienes usurparon el poder desconocieron el sistema democrático y por lo tanto, no representan a los poderes legítimamente constituidos. Al vulnerar la soberanía hondureña, Micheletti y sus huestes se olvidaron de los derechos humanos y se dedicaron a violar sistemáticamente la Constitución del país centroamericano. De todos es conocido los niveles de represión y persecusión aplicados por el regimen de facto contra las masas populares; no es un secreto para la comunidad internacional el irrespeto a los DDHH ni el asesinato de más de cien seguidores del presidente legítimo Manuel Zelaya.
Las elecciones convocadas por Micheletti para el venidero 26 de noviembre no pueden verse como un ejercicio democrático; este proceso electoral es ilegal y de reconocerse sólo devolvería a América Latina el fantasma de las dictaduras. La imposición de candidatos y el apoyo de los militares facilitará a las castas pudientes el ejercicio del poder bajo un gobierno opresor e infame. La soberanía popular no se negocia ni se mendiga; quienes resulten electos de un proceso ilegítimo jamás podrán ejercer el gobierno en nombre del pueblo ni representarán los intereses del colectivo. El presidente Zelaya debe ser restituido en el poder y a partir de allí generarse un amplio diálogo que lleve a Honduras por los caminos de la Democracia.
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