Desde este domingo 29 de noviembre, y por otras dos semanas consecutivas, tres procesos electorales podrán determinar cambios en la geografía política de Sudamérica, o por el contrario, asegurar la tendencia de asegurar gobiernos que se apartan del neoliberalismo. Al mismo tiempo, otro proceso electoral en Honduras, según la aceptación que reciba de otros gobiernos, podrá determinar también la entrada en acción de los viejos fantasmas de los golpes de Estados y gobiernos seudo democráticos amañados. Es también un proceso electoral que continuará el próximo año con elecciones generales en Brasil, y legislativas en Venezuela.

El domingo 29 de noviembre se realiza la segunda vuelta presidencial en Uruguay, donde todo indica que el candidato del Frente Amplio, José Mujica, logrará la presidencia. Una semana después será el turno de Bolivia, donde el presidente Evo Morales tiene asegurada su reelección y busca obtener una mayoría parlamentaria que le permita acelerar el proceso de cambios. Después, el 13 de diciembre, será el turno de Chile, donde es casi segura la realización de una segunda vuelta para elegir presidente, entre el derechista Sebastián Piñera y el candidato de la Concertación, Eduardo Frei.

La realización de estos ejercicios democráticos está marcada también por las elecciones generales en Honduras, realizadas bajo una dictadura, en clima de represión, y con el presidente constitucional prácticamente preso dentro de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa.

Desde los primeros días del golpe de Estado del pasado 28 de junio, los organismos internacionales y los gobiernos regionales advirtieron a la dictadura que no iban a reconocer a ninguna autoridad electa bajo esas circunstancias irregulares, y conminaron al gobierno dictatorial a restituir en el gobierno al presidente constitucional, Manuel Zelaya, antes de la realización de los comicios.

La dictadura encabezada por Roberto Micheletti, comenzó entonces un juego de aceptación de diálogo pero sin concretar nada hasta la firma del acuerdo del pasado 30 de octubre, donde aceptaba la restitución de Zelaya. Esa aceptación estuvo condicionada, con la complicidad de Estados Unidos, a que el Congreso, que había avalado el golpe sea quien decida sobre la restitución del mandatario, y además sin comprometerse a una fecha para debatir la restitución.

Aunque entonces el plazo para asegurar unas elecciones transparentes y con garantías ya era exiguo, la comunidad internacional respiró aliviada a lo que parecía una solución al conflicto.

Sin embargo, la dictadura sólo estaba ganando tiempo para proseguir con las amañadas elecciones sin restituir a Zelaya. Recién la pasada semana, el presidente del Congreso anunció para el 2 de diciembre la sesión de ese cuerpo legislativo para discutir la restitución de Zelaya, sin arriesgar un resultado de esa votación.

Al sentirse engañado, Zelaya dio por roto el acuerdo conocido como de Tegucigalpa – San José, y llamó a desconocer las elecciones del 29 de noviembre.

Medios de prensa hondureños han denunciado que el único candidato presidencial que sigue haciendo campaña, Porfirio “Pepe” Lobo, del Partido Nacional, y favorito para ganar estas elecciones, estaría dispuesto a cambiar el voto de su partido (que respaldó el golpe) para restituir a Zelaya y legitimar así su posible victoria electoral.

Zelaya, refugiado y prácticamente preso en la Embajada de Brasil, quedaría en la difícil disyuntiva de reasumir la presidencia después de las elecciones que rechaza, y con la obligación de traspasar la banda presidencial al vencedor en enero próximo y legitimar así el resultado.

Su situación es difícil ya que no puede rechazar reasumir la presidencia, si así lo decide el Congreso, ni puede buscar la repetición de las elecciones una vez que vuelva a ocupar su cargo, y mucho menos, extender su mandato más allá del plazo constitucional del 10 de enero. Desde ese punto de vista, la dictadura, con su maniobra de dar largas a la negociación, logró poner a Zelaya en una situación muy complicada.

De todas maneras, la comunidad internacional sigue advirtiendo a los golpistas que no reconocerá las elecciones, aunque ya se han presentado dos excepciones: los gobiernos de Estados Unidos y Panamá.

El subsecretario adjunto de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Craig Kelly, anunció el pasado 18 de noviembre, que su gobierno apoyará las elecciones de este domingo 29 en Honduras. También el embajador interino de EE.UU ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Lewis Amselem respaldó las elecciones y sostuvo que el acuerdo que firmó Zelaya en 30 de octubre, no preveía su restitución inmediata. Además aseguró que su país “colaborará con el buen desarrollo de las elecciones”.

Así lo entendió también el dictador Micheletti que en declaraciones públicas, antes de retirarse “provisoriamente” de la presidencia, recordó que las autoridades estadounidenses "han ratificado, no una sino varias veces, que aceptarán el resultado de las elecciones si son libres y transparentes". "Ese (Estados Unidos) es el gran país hermano, así que tenemos absoluta confianza de que el resultado de las elecciones va a ser aceptado posteriormente por los demás países".

Detrás de Estados Unidos se alineó el gobierno de Panamá, presidido por el empresario derechista Ricardo Martinelli. En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones de ese país sostuvo que el proceso electoral, que se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre, "es la mejor vía disponible para superar la actual crisis y permitir el retorno a la institucionalidad democrática constitucional". La Cancillería reiteró su apoyo a "aquellas medidas que contribuyan a que el pueblo hondureño ejerza su derecho a escoger un nuevo gobierno democráticamente, en las mejores condiciones posibles, de modo transparente, con una organización adecuada y un nivel de participación ciudadana representativo", concluye el comunicado.

Recientemente, el presidente Ricardo Martinelli dijo en una entrevista al diario La Estrella de Panamá que su gobierno reconocería al ganador de las elecciones hondureñas y pidió a la comunidad internacional que hiciera lo mismo. "Nosotros reconoceremos las elecciones en Honduras y a su ganador" porque "la mejor forma de salir de la crisis es que se efectúen las elecciones en paz y que sean reconocidas a nivel internacional", dijo Martinelli.

Renuncia de candidaturas

En tanto las fuerzas populares insisten en el boicot a las elecciones, pese a que el Partido Unificación Democrática de Honduras (considerado de centro izquierda y opuesto al golpe de Estado) haya aceptado participar en los comicios. Su candidato presidencial, César Ham, informó el pasado sábado que "la asamblea del partido resolvió, después de un amplio debate y discusión, participar en el proceso electoral para permitirle al pueblo que tenga representación y defienda sus derechos en el Congreso Nacional y las alcaldías". Agregó que "de esa forma se podrá llegar a la Constituyente que el pueblo reclama".

En opinión de Ham, en "la Constituyente no sólo se debe buscar en la calle, sino también en los espacios políticos como las alcaldías y el Congreso Nacional". "Quisiéramos que la Resistencia considerara su posición y que respete la decisión de Unificación Democrática como nosotros hemos respetado la decisión de ellos", enfatizó Ham. En su opinión, "lo importante es no perder la perspectiva de la estrategia para lograr la Constituyente" añadió.

Añadió que según los sondeos, el UD logrará el 15 por ciento del favor del electorado, lo que supone que la bancada del partido tendría "una representación importante", que superaría los cinco diputados que tiene actualmente en el Congreso Nacional, de los 128 que integran ese poder del Estado.

Sin embargo, candidatos del Partido Liberal que mantienen su respaldo a Zelaya, han renunciado a sus candidaturas, repudiando el proceso electoral. Al menos 20 candidatos a diputados, alcaldes y otros cargos formalizaron la pasada semana su retiro del proceso en protesta contra el golpe militar. El Frente Nacional contra el golpe de Estado informó sobre la renuncia de 20 aspirantes a puestos de elección popular ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esa organización que mantiene la movilización desde el mismo día del golpe de Estado, organizó una protesta ante la sede del TSE para ratificar su repudio a los comicios, que denuncian como una farsa montada por el régimen de facto.”No votar, no votar por el fraude electoral, Elecciones no, constituyente sí”, corearon los manifestantes, cuyos líderes confirmaron que desconocerán los resultados de la votación.

Entre los candidatos cuya renuncia más impacto causó se encuentra Margarita Rivas Zelaya, designada presidencial -términos que en Honduras identifica a los vicepresidentes- del aspirante presidencial Elvin Santos, del sector del Partido Liberal que apoyó la asonada castrense. “Estoy renunciando porque las personas que juraron defender la democracia nos han traicionado al pueblo y son los responsables de la crítica situación que vivimos en Honduras”, explicó Rivas a los periodistas.

Otros candidatos que retiraron su inscripción pertenecen a los partidos Unificación Democrática e Innovación y Unidad Social Demócrata. El primero en retirar su candidatura hace tres semanas fue el aspirante presidencial independiente, Carlos H. Reyes, una actitud sumida también por sus seguidores.


Unos 4,6 millones de hondureños están habilitados para votar, pero todo indica que sólo la mitad se presentará a sufragar en los comicios del 29 de noviembre. Los observadores internacionales advierten poca concurrencia a los actos políticos de los candidatos aún en carrera, y las encuestas auguran una victoria de Porfirio “Pepe” Lobo, candidato por el Partido Nacional.

Según una encuesta de la empresa norteamericana Greenberg Quinlan Rosner, apenas el 54 por ciento de los hondureños cree que las elecciones serán legítimas si se realizan con el actual gobierno. De todas maneras, la realización de estas elecciones será un test para la comunidad internacional, ya que habrá que ver como actúan los diferentes gobiernos regionales y los organismos internacionales una vez que Estados Unidos acepte sus resultados y vuelva a establecer sus vínculos comerciales con el nuevo gobierno.

La aceptación mayoritaria del resultado será un aval para los sectores derechistas que buscan la intervención de los militares para interrumpir otros procesos de cambio en la región. La situación también será un desafío para la resistencia que deberá seguir con su lucha por convocar a una asamblea constituyente sin tener como bandera el reclamo de la restitución de Zelaya.

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