Cuántas décadas transcurrieron en que era el pan nuestro de cada día que las autoridades y gobiernos del punto fijismo en Venezuela atropellaban y vejaban a los ciudadanos colombianos. La importante inmigración de la hermana República, tal vez la más numerosa de todas, especialmente en las regiones fronterizas y principales ciudades del país, tenía que sobrevivir en permanente zozobra. Y muy pocas veces por no decir ninguna, autoridad alguna de sus oligárquicos gobiernos se mosqueó para nada.
Como expresión del internacionalismo de la Revolución Bolivariana, desde sus comienzos el gobierno venezolano ha mantenido una política de atención, inclusión y respeto hacia las multitudes de hermanos colombianos que han venido a construir sus vidas entre nosotros, aportando su laboriosidad y calidad de trabajo para la construcción de la Patria Bolivariana. Iniciativas que para nada han recibido el más mínimo reconocimiento de ese gobierno.
A pesar del continuo sabotaje y comprobada y sistemática desestabilización que ejerce el Gobierno colombiano contra nuestra institucionalidad democrática, entre ellos la invasión de paramilitares, para nada han sido sus ciudadanos los paganos en nuestro territorio. Por el contrario hemos tendido nuestra mano fraterna a los millones de desplazados por la violencia ejercida por el ejército colombiano y demás fuerzas represivas contra las familias campesinas.
Ahora una vez más los organismos de seguridad del Gobierno Bolivariano, logran detectar una movilización que sugiere la participación de Colombianos en actividades saboteadoras en territorio venezolano. El anuncio de la captura por parte del Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia de ocho ciudadanos de nacionalidad colombiana en los estados Aragua y Barinas, con cámaras fotográficas que contenían imágenes de varias subestaciones eléctricas del país, así como documentos en inglés que están siendo traducidos por los expertos policiales. Unido a las continuas alertas de sabotaje en la industria para la generación de energía eléctrica, han significado un alerta inmediato para el gobierno y el pueblo venezolano.
Y ahora, sorprendentemente el gobierno narco paraco de Álvaro Uribe, ha brincado con desacostumbrada rapidez “para defender los derechos de sus connacionales”. Al día siguiente Vólmar Pérez, Defensor del Pueblo del gobierno de Bogotá informó que no eran ocho sino veinte los detenidos y solicitó la inmediata intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para su protección. Carajoooo cuánta diligencia.
Entonces nos enteramos de que ese gobierno tiene Defensoría del Pueblo. A buen seguro que ni por allá mismo lo sabían.
Para rematar se produce la acelerada intervención del propio Presidente Uribe declarando que su Gobierno pedirá explicaciones a Venezuela, ya que según él no pueden permitir que a los colombianos se les persiga por su nacionalidad. La velocidad de la intervención para proteger a estos ciudadanos colombianos, por parte de su gobierno es el más fehaciente indicativo de que alguna vaina mala está tramando.
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