Tras 35 días de huelga contra la polémica reforma fiscal del Gobierno, la justa se mantiene entre los sindicatos y el Ejecutivo. El presidente Carlos Alvarado habla de una reforma justo, los gremios lo rechazan al afirmar que serán las capas medias y los pobres los que pagarán el alza.

Es la primera vez desde el debate sobre el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. en 2007, que se registran tensiones sociales y políticas de este tipo.

Juan Alberto Cajar B.  juan.cajar@laestrella.com

14 de octubre de 2018.-

Considerado desde la segunda mitad del siglo XX como uno de los países más estables de América Latina, Costa Rica enfrenta un grave déficit fiscal que podría empujar al país a una crisis sin precedentes.

De acuerdo con datos oficiales de la nación centroamericana, el déficit fiscal casi supera el 7% del producto interno bruto (PIB). Esta diferencia negativa entre los ingresos y gastos estatales que cumple más de 10 años de estar creciendo, se ha resuelto temporalmente con la adquisición de préstamos, que hasta la fecha equivalen al 50% del PIB. Una situación que ha envuelto a Costa Rica en un ciclo de asumir deuda para pagar casi exclusivamente cuentas corrientes (salarios y funcionamiento, entre otros).

HUELGA HISTÓRICA

El pasado 10 de septiembre, sindicatos del sector público (maestros, médicos y otros) iniciaron una huelga general contra la polémica reforma que impulsa el Gobierno como respuesta al déficit; esta, acompañada de multitudinarias manifestaciones en las calles y la inusitada intervención de la policía en la Universidad de Costa Rica (UCR) -principal del país y escenario de protestas, ilustran una tensión social que no había tenido lugar desde la última década.

Cumplidos 35 días de paro, los gremios cuestionan el ajuste fiscal del Ejecutivo por considéralo como ‘regresivo' al asegurar que el peso de éste recaerá sobre los sectores populares y las capas medias. Por su parte, el gobierno del presidente Carlos Alvarado, afirma que su plan hará que ‘todos paguen por igual'.

Según el mandatario, la medida es un primer paso que ‘ayudará' a resolver el problema económico y generará confianza en los ‘mercados' internacionales.

‘La reforma será pagada por quienes tiene más ingresos (...) el principio es que cada quién paga según su capacidad', señaló el jefe de Estado esta semana en una entrevista para la cadena CNN .

Según el mandatario, el 80% de los ingresos producto de la reforma, lo pagará el 20% de los hogares con mayores ingresos.

Sin embargo, diversas voces, además de los sindicatos, afirman lo opuesto.

En opinión de la economista costarricense, Sofía Guillén, crítica a lo propuesto por la administración de Alvarado, el proyecto de ley no solo es ineficiente como respuesta al problema del déficit fiscal, sino que a su vez, compromete el bienestar de la mayoría de los ciudadanos, al imponer impuestos a rubros elementales en la calidad de vida de la población, además de hacer fuertes reducciones en el gasto social.

En declaraciones, también dadas a CNN , Guillen explicó que, entre las medidas que ‘desfavorecen' a los sectores bajos y medios -contenidas en los cuatro capítulos del proyecto de ley- están: Gravar el 1% de la canasta básica y el 2% para los medicamentos (ambos exentos de impuestos), aplicar recortes a complementos del salario de los empleados públicos -pluses salariales-, siendo los más afectados las fuerzas de seguridad y los educadores. policías y maestros.

Igualmente, la economista mira con preocupación que la reforma incorpora importantes recortes en el gasto social en materia educación, cultura y salud.

‘Cuando leemos esta reforma en la integralidad, nos damos cuenta que mientras se aumenta la canasta básica y los medicamentos, también quedan congelados los recursos de los programas sociales, que van dirigidos precisamente hacia los hogares de menores ingresos, por eso se habla que es una reforma fiscal regresiva', subrayó Guillén.

¿QUIEN PAGA?

Para Giovanni Beluche, sociólogo panameño residente en el país centroamericano por casi 30 años y profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR), las miradas no solo deben ir dirigidas a quienes recibirán la carga más pesada del ajuste fiscal propuesto por el Ejecutivo, sino también aquellos sectores de la sociedad costarricense que caracteriza como ‘intocables'.

‘(Por ejemplo) la reforma grava con impuestos a los implementos para las personas con discapacidad y las herramientas de los agricultores, estos últimos muy maltratados por el Tratado de Libre Comercio; en cambio, se exonera del IVA a las zonas francas y a las megacompañías piñeras y bananeras, pese a que estas contaminan las comunidades con agroquímicos y sobreexplotan a los trabajadores (...) a su vez estas empresas están en manos de grandes transnacionales o de grupos económicos muy poderosos (...) es allí donde se mira la desigualdad de la propuesta del Gobierno (...) hay sectores empresariales que son intocables en la economías de Costa Rica', señaló el académico a La Estrella de Panamá .

Beluche, quién participó esta semana en el XVI Congreso Nacional de Sociología celebrado en la Universidad de Panamá (UP), hace hincapié en lo que considera otro problema mucho menos discutido en el álgido debate, la evasión fiscal.

Según datos publicados por el Ministerio de Hacienda, para 2013 los índices de evasión representaban el 8.2% del PIB, un punto más que el déficit fiscal, lo que en opinión de Beluche, es ingreso clave para superara la crisis.

En este sentido, el profesor consideró que la moratoria fiscal -política que acompaña la reforma- agrava la situación, al perder el Estado millones de dólares tras condonar a las empresas que por años no pagaron impuestos.

‘La mayor parte de los evasores son las grandes fortunas, la Contraloría ha dicho que de diez grandes compañías en Costa Rica cuatro declaran perdidas, pero no cierran ni quiebran siguen operando sin problemas (...) es uno de los mecanismo para burlar el fisco', sostuvo Beluche.

Según detalló, el problema del déficit nunca ha sido abordado de raíz por ningún Gobierno, recalcando igualmente que deben ser eliminados y corregidos algunos excesos en los llamados 'salarios de lujo' en ciertas planillas estatales, aclarando que estos realmente ‘no representan' un gasto relevante y no son el origen del problema.

SOBERANÍA Y LOS MERCADOS

Roberto Ayala, también panameño, doctor en sociología, con 27 años de estar radicado en Costa Rica y docente en la UCR, apuntó que la partida también se ‘juega' fuera del país, concretamente con las instituciones financieras internacionales (IFIs).

‘El Gobierno pudo haber retirado el proyecto de la Asamblea Nacional, como pedían los sindicatos para negociarlo, pero también es cierto que tiene poco margen (...) sobre todo por las presiones de la calificadoras de riesgo y los entes financieros mundiales, que perfectamente pueden aplicarán a Costa Rica un golpe de mercado', subrayó a La Decana .

Para el sociólogo, el caso ‘tico' es la ‘receta conocida' de las IFIs, como el FMI, que obliga a los países a aceptar términos de pago de deuda e intervención en sus políticas internas a cambio de créditos, lo que termina endeudando al país y ‘beneficiando directamente al capital internacional'.

‘Para las agencias calificadores de riesgo, el plan debe ser aprobado aunque no haya cumplido los requisitos democráticos o institucionales (...) una recalificación de la deuda para Costa Rica sería catastrófica, porque podría meter al país en una crisis muy seria, no es lo mismo que estas agencias intenten desestabilizar a Rusia o Argentina que a Costa Rica, que es un país pequeño' advirtió el profesor universitario, que también participó en Panamá por el Congreso Nacional de Sociología.

CRISIS POLÍTICA

Inquirido sobre los posibles escenario de la crisis, Ayala consideró que una eventual aprobación de la reforma fiscal, pauperizaría aún más a la población, asimismo profundizaría la creciente desigualdad en el país.

Según Ayala, esta coyuntura podría dejan al régimen político costarricense ‘golpeado', situación que tendrían su reflejo en su estabilidad y en la posibilidad de facilitar las condiciones para que surjan fuerzas extremas en forma de outsider .

‘El sistema político (costarricense) ha salido muy tocado (...) deslitigimado ante la gente, al igual que los medios que se cuadraron burdamente con el Gobierno (...) son estos procesos los que pueden hacer inclinar a los votantes a respaldar un outsider ... con los partidos se desprestigiados, entonces aparece un salvador populista, que se coloca por encima de todo o se arropan con el discurso de la corrupción u otras cosas, dicendo que son la pureza y la solución a un sistema corrompido', sostuvo.