12-10-21.-El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ordenó este martes 12 de octubre, la militarización en cuatro zonas de las regiones del Biobío y La Araucanía, ante la “grave alteración del orden público” en la región en conflicto con los mapuches tras los últimos incidentes en el sur del país.
La decisión se tomó tras coordinarse los detalles con el jefe de Estado Mayor Conjunto y los mandos de las Fuerzas de Orden y Seguridad de la zona, según medios chilenos. La medida durará 15 días.
“Queremos comunicar hoy a todos nuestros compatriotas que hemos decidido decretar Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, por grave alteración del orden público, en las provincias de BioBío y Arauco en la región del Biobío, y en las provincias de Malleco y Cautín en la región de La Araucanía”, anunció el mandatario en un breve mensaje al país en el Día del Encuentro de Dos Mundos, donde entre polémicas con los pueblos originarios América Latina se conmemora la llegada de Cristóbal Colón en 1492.
El artículo 42 de la Constitución especifica que “el estado de emergencia, en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación, lo declarará el presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias”.
Las zonas respectivas quedan bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional que designe el presidente, que además estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas.
“Es de público conocimiento los graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado, cometidos por grupos armados en las provincias de Bío Bío y Arauco en la región del BioBío y en las provincias de Malleco y Cautín, en la región de La Araucanía”, dijo Piñera . Ante ello, indicó que “estos graves hechos no solo han cobrado vidas de personas inocentes y de miembros de Carabineros y Policía de Investigaciones. Además, han implicado atentados y amenazas contra autoridades tales como fiscales del Ministerio Público y miembros del Poder Judicial”.
“Estos violentos hechos también han destruido y quemado casas, iglesias, instalaciones y bienes destinados a actividades industriales, agrícolas, comerciales y turísticas e infraestructura pública. Estos atentados también han impedido la ejecución de órdenes judiciales por parte de las policías, las que han sido resistidas mediante el uso de la violencia y el empleo de armas de fuego de grueso calibre, incluso armas de guerra”, sostuvo Piñera, y añadió que así se debilita también el Estado de derecho.
Y si bien aseguró que el Ministerio del Interior presentó todas las querellas necesarias ante del Poder Judicial, recalcó que “la grave situación antes descrita requiere que el Estado haga uso de los medios y capacidades institucionales y los mecanismos contemplados en la Constitución y las leyes para proteger a la población, resguardar el Orden Público y el Estado de Derecho y asegurar el pleno goce de los derechos constitucionalmente reconocidos, en las provincias antes mencionadas”.
Según detalló el mandatario, esta medida se toma “para enfrentar mejor, con mejores instrumentos y herramientas, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado que se ha enraizado en esos territorios, pero en ningún caso se orienta contra de un pueblo o grupo de ciudadanos”.
La reivindicación territorial mapuche y la necesidad de reconocimiento de parte del Estado chileno cobraron fuerza en las protestas tras el estallido social del 18 de octubre de 2019 en Chile.
La Convención Constituyente -que este martes cumple 100 días desde que comenzó para redactar una nueva Constitución- es presidida por la académica mapuche Elisa Loncon y 17 de sus 155 miembros son representantes de 10 pueblos originarios. Siete constituyentes representan al pueblo mapuche, quienes esperan resolver las demandas indígenas en la nueva Carta Magna.
La falta de solución a los reclamos mapuches provocó una escalada de violencia en la última década en las regiones sureñas de La Araucanía, Biobío y Los Ríos, con ataques incendiarios a predios privados y camiones.
También salió a luz la presencia del narcotráfico y de organizaciones de autodefensa, así como operativos policiales presuntamente montados para inculpar a los indígenas.
Según explicó Piñera, de acuerdo a este decreto las Fuerzas Armadas podrán prestar apoyo logístico, tecnológico y de comunicaciones. “También podrán prestar apoyo de vigilancia, patrullaje y transporte, a los procedimientos policiales que se desarrollen en las zonas declaradas en estado de Emergencia”, señaló, y precisó además que “de acuerdo al decreto las Fuerzas Armadas deberán colaborar y no reemplazar a las fuerzas de orden y seguridad, y no podrán participar en forma autónoma y directa en operaciones de naturaleza policial”. En caso de que el presidente quiera prolongar el estado de emergencia requerirá del acuerdo del Congreso.
Pandora Papers
El anuncio se produce solo cuatro días después de que la Justicia chilena diera luz verde para la apertura de un proceso de investigación penal contra Piñera por una publicación de los Pandora Papers en la que se revelaron negocios que el mandatario mantuvo en paraísos fiscales.
“El Fiscal Nacional ha tomado esta decisión atendido que los antecedentes podían revestir carácter de delito de cohecho, con su correlato de soborno, eventuales delitos tributarios, materias que en definitiva serán todas objeto de una investigación”, informó la directora de la unidad anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera.
Los documentos filtrados en los llamados Pandora Papers exponen las presuntas irregularidades en la venta de acciones del proyecto minero Dominga en 2010, la cual se efectuó en las Islas Vírgenes Británicas, territorio considerado paraíso fiscal.
