29-01-22.-Cinco exparamilitares guatemaltecos fueron condenados este lunes por un tribunal a 30 años de prisión por la violencia sexual cometida contra mujeres indígenas en el municipio de Rabinal en los años 80, durante la guerra civil (1960-1996).

El juez Gervi Sical, vocal del Tribunal de Mayor Riesgo A de la capital, dijo al dictar la sentencia que las penas se impusieron por delitos de lesa humanidad.

"Los juzgadores creemos firmemente en los testimonios de las mujeres que fueron violadas sexualmente", señaló Sical en la resolución contra los cinco exmiembros de las paramilitares Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), creadas por el Ejército.

Los sentenciados son los hermanos Benvenuto y Bernardo Ruiz, de 63 y 57 años, y los parientes Damián (67), Gabriel (60) y Francisco (66) de apellido Cuxum. Todos escucharon el veredicto por videoconferencia desde una cárcel en un cuartel militar capitalino donde están recluidos.

Las mujeres de la etnia achí fueron víctimas de múltiples violaciones sexuales en aldeas del municipio de Rabinal y en una base del Ejército en ese poblado maya, unos 175 km al norte de la capital por carretera, durante la represión estatal que combatía a las facciones guerrilleras.

En el proceso penal participaron "36 sobrevivientes de violencia sexual" como denunciantes y querellantes, pero "al tratarse de autores materiales, solo se pudo juzgar los actos que cada uno (de los acusados) cometió contra cinco" de ellas, explicó a la AFP Hayddé Valey, unas de las tres abogadas indígenas que representaron a las víctimas.

El juicio inició el pasado 5 de enero, una década después de haberse interpuesto las denuncias, y durante las audiencias fueron presentados peritajes sociales y testimonios de testigos y víctimas, entre otras pruebas.

"No son mentiras"
Previo a la sentencia, las víctimas acompañadas por activistas realizaron una ceremonia con flores y velas en una plaza de la Torre de Tribunales, en el centro histórico de Ciudad de Guatemala.

"Cuando tenía 19 años me llevaron al destacamento (militar) y me violaron los militares, pero los culpables son los patrulleros de mi aldea", declaró a la AFP Margarita Siana, de 59 años.

"Yo sufrí mucho en el destacamento, un gran dolor, un gran sufrimiento" durante tres meses, agregó la mujer vestida con su indumentaria indígena y cubriendo su rostro con una mascarilla por la pandemia de covid-19.

Además de las violaciones, algunas ocurridas en caminos rurales y otras frente a familiares, según el testimonio de las sobrevivientes, también padecieron el asesinato y la desaparición de varios miembros de su familia.

"Nos duele todavía, no estamos diciendo mentiras", declaró Pedrina López antes de que los jueces del tribunal se retiraran a deliberar.

En tanto, en otro sitio del complejo judicial, allegados de los exparamilitares señalaron con pancartas que los testimonios eran "acusaciones falsas" y exigieron su libertad.

Segundo caso
La sentencia es la segunda por un caso relacionado a violencia sexual cometida contra mujeres indígenas en el marco de la guerra civil.

En febrero de 2016, dos veteranos militares fueron condenados a 240 y 120 años de prisión por someter a esclavitud sexual a once mujeres indígenas en la comunidad Sepur Zarco (noreste) durante la guerra interna, además de cargos de asesinato y desaparición forzada.

"Nuevamente se ha puesto al descubierto que la violencia sexual durante el conflicto armado interno fue una estrategia implementada por (el estado de) Guatemala", indicó Lucía Xiloj, también abogada de las mujeres achí.

Xiloj lamentó que mandos militares relacionados a las violaciones en Rabinal no hayan sido procesados.

La guerra civil en Guatemala dejó 200.000 muertos y desaparecidos, reveló en 1999 una Comisión de la Verdad auspiciada por la ONU que documentó atrocidades cometidas durante el conflicto armado, la mayoría atribuidas a las fuerzas estatales de seguridad.