1 de julio de 2024.- Nuevo obstáculo para el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en su intento por volver a su país.
El juez de la Sala Penal del Tribunal Supremo español, el juez Pablo Llarena, rechazó este lunes 1 de julio perdonar el delito de malversación que atribuye a Puigdemont y a dos excolaboradores.
Todos fugados y procesados por promover en 2017 la independencia unilateral de la región española de Cataluña con leyes y un referendo declarados inconstitucionales por la justicia.
Además, la corte determinó que tampoco aplica la amnistía a líderes independentistas que ya fueron condenados a penas de inhabilitación para ejercer cargo público por su responsabilidad en el proceso independentista catalán. Entre ellos se encuentra el exvicepresidente Oriol Junqueras.
El delito de malversación se imputa en la causa del procés a Puigdemont, y a los ex consellers Antonio Comín y Lluis Puig, luego de que el pasado 30 de mayo el Congreso diera luz verde definitiva a la ley de amnistía, la cual borra los delitos del proceso independentista de la región en el noreste de España, desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023.
Pero el Supremo considera que el delito de malversación de caudales públicos no se puede amnistiar en este procedimiento.
Desde su propuesta, punto crucial de las negociaciones entre el oficialismo y los partidos independentistas para respaldar la investidura del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ley de amnistía ha estado plagada de controversia.
Pero en las últimas semanas, tras la aprobación definitiva en el Congreso, el desafío de los jueces sobre su aplicación ha sido latente.
Los jueces que llevan un caso contra los líderes separatistas catalanes han desafiado la orden de aplicarla a los acusados de malversación de fondos.
La legislación, que el Gobierno minoritario de Sánchez, impulsó a cambio del apoyo de los separatistas en el Legislativo, establece borrar los antecedentes penales de casi 500 funcionarios y activistas involucrados en la campaña independentista de Cataluña desde 2011.
Entró en vigor el pasado 10 de junio y desde entonces se conoció que y los tribunales tendrían hasta dos meses para aplicarla.
El revés de este lunes para los acusados de malversación puede traer graves afectaciones para el actual Gobierno. Y es que la Administración de Sánchez depende del apoyo de Junts per Catalunya, bancada política de Puigdemont, y de varios grupos regionales para aprobar leyes, y el futuro de ese apoyo no es seguro.
El diputado de Junts, Eduard Pujol aseguró previamente que su fuerza política no apoyaría ningún proyecto de ley a menos que fortaleciera y "respetara a Cataluña".
