29 de octubre de 2024.- Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mexicana, renunció a su cargo tras las tensiones surgidas por la reforma al Poder Judicial, en la que se estipula la elección por voto popular de jueces, magistrados e integrantes de este órgano.
"Se me presentan dos opciones: someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia. No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular", se lee en una carta dada a conocer en medios locales.
"Si bien mi trayectoria y capacidades me califican para la judicatura, es en esa labor —para la que me siento más apto— donde la función no consiste en validar la voluntad de las mayorías, sino en resguardar los derechos de quienes más lo necesitan. Por ello, he decidido presentar mi renuncia", subrayó el ministro de la corte mexicana.
De acuerdo con el integrante del órgano judicial, su salida será efectiva el 31 de agosto de 2025.
"Hasta ese día, continuaré cumpliendo mis responsabilidades con la misma integridad que he intentado mantener desde mi primer día en este cargo", puntualizó en la misiva.
Desde el 28 de octubre de 2024, medios mexicanos dieron a conocer la posible renuncia de, al menos, siete de los integrantes de la corte por su oposición a la reforma judicial, pero Gutiérrez Ortiz Mena es el primero en hacer oficial su salida.
Horas antes de su dimisión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó a los ministros de la SCJN por estas acciones.
"Lo que ellos no dicen es que, si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los beneficios del retiro, que es lo que obtienen tras su [salida de la corte mexicana]", comentó en conferencia de prensa.
Esto se da a la par de que el ministro de la Suprema Corte mexicana, Juan Luis González Alcántara Carrancá, presentó una iniciativa donde propone declarar "parcialmente inconstitucional" la reforma al Poder Judicial, que contempla la elección por voto de jueces, ministros y magistrados.
Este proyecto, que será sometido a votación, responde a una acción judicial de inconstitucionalidad promovida contra la reforma, que fue aprobada por el Congreso mexicano y promulgada el 15 de septiembre.
