29 de octubre de 2024.- Al menos nueve organizaciones sociales le exigen al gobierno Petro la renuncia del Alto Comisionado de Paz Otty Patiño y lo acusan de desempeñar “un papel nefasto en la oficina encargada de materializar la apuesta por la paz en los territorios”.
En una carta abierta publicada por varias organizaciones sociales, le exigen al Gobierno de Gustavo Petro y la Vicepresidenta Francia Márquez la renuncia del Alto Comisionado de Paz Otty Patiño.
Las organizaciones denuncian que el Comisionado de Paz es torpe en la política de paz del Gobierno y tiene una postura errática frente al conflicto armado que se vive en las regiones.
Rechazan que en la actualidad los diversos procesos de paz que adelanta el Gobierno se encuentren en crisis.
Una paz confusa
Estas organizaciones afirman: “Entendemos que la Paz Urbana se construye sobre la marcha, por lo cual debe atender los ires y venires de la negociación en las diversas mesas. Sin embargo, pensamos que son difusos o que no existen unos criterios y parámetros claros que permitan la consolidación y el avance de las mesas, factores que ponen en evidencia la fragilidad del proceso y el poco compromiso del Alto Comisionado para destrabar política y jurídicamente dichos escenarios que son determinantes para garantizar la vida y el buen vivir de las comunidades en cada territorio”.
Denuncian que en ciudades como Barranquilla, Medellín, Cali, Pereira, Cúcuta, Buenaventura, Quibdó y Bogotá, entre otras, los paramilitares desataron una violencia mafiosa que es ejercida por múltiples bandas y “combos” y entre los cuales existen disputas.
Paramilitarismo desatado
“… nos tienen a los diferentes sectores, movimientos y comunidades sometidas y amedrentadas, a partir de la violencia que están ejerciendo contra el pueblo y contra las organizaciones sociales y populares para beneficiar intereses económicos y políticos particulares”, afirman las comunidades en la carta enviada al presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.
Recordaron que miles de líderes y lideresas comunitarias, juventudes, organizaciones sociales y populares están amenazadas por bandas paramilitares y grupos como “Los Paisas, Maracuchos, El Tren de Aragua, entre otros.
De igual forma, las organizaciones también condenaron el asesinato de Camilo Sánchez, un rapero conocido como MC Cub y Camila Ospitia, quienes el pasado 15 de agosto fueron atacados por hombres armados que les dispararon cuando realizaban actividades comunitarias en el Parque Porvenir, localidad de Bosa, Bogotá.
La carta donde exigen la salida del Alto Comisionado para la Paz Otty Patiño es firmada por organizaciones como Pueblos en Red, Campaña Objetivo Libertad, Telascanto “comunicación popular”, Organización Comunitaria Delia, Taller Zarigueya, Tribulaches, Colectiva Artchimia, Tejimanchon Colectiva Serigráfica y el Colectivo Golpe de Barrio.
Auge paramilitar
No existe identidad entre instituciones y organizaciones sociales sobre el número de paramilitares que en la actualidad conforman el Clan del Golfo, también conocido como Ejercito Gaitanista.
Sin embargo, todas las cifras coinciden en que su aumento es acelerado y mantiene un proceso de expansión en todo el país.
Según Ricardo Giraldo, abogado del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo, este grupo supera al ELN y las disidencias en el número de combatientes. Giraldo señaló que el Clan del Golfo en la actualidad tiene más de 14.000 hombres armados.
Otras organizaciones como Indepaz, la Defensoría del Pueblo, el Centro de Pensamiento Internacional Crisis Group, entre otras, señalan que el Clan del Golfo opera en 24 de los 32 departamentos colombianos.
Estas organizaciones y entidades afirman que el Clan del Golfo pasó de tener un estimado de unos 5.960 integrantes en 2016 a entre 9.000 y 14.000 en 2024, lo que equivale a un incremento del 93%.
Así mismo, entre 2019 y 2024, este grupo pasó de tener presencia en 213 municipios a ocupar 392, es decir, un incremento del 84%.
Persecución de liderazgos sociales
En el marco de la COP16, el Observatorio de Conflictividades y Derechos Humanos de Indepaz denunció que desde 2016 a la fecha fueron asesinadas en Colombia 631 líderes y lideresas ambientales.
Así mismo, Indepaz denunció que desde el proceso de negociación entre el Estado colombiano y las desaparecidas FARC en 2016 a octubre de 2024, 1679 líderes y lideresas sociales fueron asesinados.
Karis Saldarriaga era lideresa y activista de la comunidad LGBTIQ+
El caso más reciente ocurrió el pasado 22 de octubre, cuando Karis Saldarriaga, una reconocida lideresa y activista de la comunidad LGBTIQ+, fue asesinada en el municipio de Caldas, Antioquia.
Igualmente, más de 430 firmantes de paz fueron asesinados desde 2016. Además, en lo que va del 2024 en Colombia ocurrieron 59 masacres.
Todas estas situaciones llevan a las organizaciones sociales a dudar de la efectividad de la política de paz adelantada por el Gobierno del Presidente Petro y la Vicepresidenta Francia Márquez y exigen la renuncia del Comisionado de Paz. También le exigen al Estado desmontar el paramilitarismo.
