29 de octubre de 2024.- Los líderes de la Iglesia que no toman medidas contra los sacerdotes pedófilos son una “fuente adicional de mal” para las víctimas de abuso sexual y deberían ser removidos de sus puestos, dijo la comisión de protección infantil del Vaticano.
En su primer informe sobre un escándalo que ha envuelto a la Iglesia católica durante décadas, la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores dijo que la Iglesia sigue sin garantizar que los casos de abuso sexual por parte del clero se traten adecuadamente. También criticó a la oficina del Vaticano encargada de procesar las denuncias por ser lenta y secreta.
La comisión fue creada por el Papa Francisco en 2014 y su primer informe, publicado el martes, se centró en el protocolo de la Iglesia en 17 países. Su publicación se produce un mes después de que el rey Felipe de Bélgica y el primer ministro Alexander De Croo criticaran al pontífice por la gestión de la Iglesia de los abusos durante un viaje al país.
El informe señala: “Durante sus 10 años de servicio, la comisión ha visto cómo los líderes de la iglesia han sido objeto de acciones y/o inacciones administrativas en el pasado que han sido una fuente adicional de maldad para las víctimas/sobrevivientes de abusos sexuales. Esta realidad revela la necesidad de un procedimiento disciplinario o administrativo que proporcione una vía eficiente hacia la renuncia o destitución de un cargo”.
Además, el informe señala que las víctimas de abusos deberían tener un mayor acceso a la información sobre sus casos, al tiempo que destaca la importancia de indemnizarlas “como compromiso concreto” para promover su recuperación. Sin embargo, la indemnización no debería ser sólo económica, sino que también debería incluir acciones como el reconocimiento de los errores y las disculpas públicas.
El cardenal Seán O'Malley, jefe de la comisión, dijo durante una conferencia de prensa que fue gracias a los periodistas que la Iglesia se vio obligada a enfrentar su historia de “terribles abusos”, y que el informe marcó el primer paso en su “firme compromiso de garantizar que estos eventos nunca vuelvan a suceder”.
“Nada de lo que hagamos será suficiente para reparar totalmente lo que ha sucedido”, afirmó.
Anne Barrett Doyle, cofundadora de BishopAccountability, un organismo de control que rastrea los casos de abuso sexual del clero, dijo que si bien había aspectos encomiables del informe, "evalúa la fachada" en lugar de la "realidad sobre el terreno".
“No se centra en las realidades centrales y devastadoras: que los niños de la Iglesia católica siguen siendo agredidos sexualmente por el clero y que la ley eclesiástica universal todavía permite que estos sacerdotes sean reinstalados si se cumplen ciertas condiciones. No denuncia el hecho de que el proceso para denunciar e investigar la complicidad es defectuoso, está plagado de conflictos de intereses y secretismo”.
Doyle reconoció que la comisión se vio obstaculizada por su limitado propósito. “No se le permite examinar casos específicos”, dijo. “Lo absurdo de esta limitación –que seguramente no es casual– es que la comisión no puede hacer una verdadera auditoría. La única prueba de salvaguardia que importa es si los obispos están expulsando a los abusadores. Este informe no aborda eso, porque la propia comisión no tiene poder para hacerlo”.
