Como parte de su política contra los migrantes indocumentados, la administración de Donald Trump canceló los contratos que tenía con decenas de organizaciones que se encargaban de los procesos jurídicos de niños, niñas y jóvenes no acompañados.
Asimismo, la medida tomada por el Gobierno estadounidense deja en un limbo legal a unos 26.000 niños, niñas y jóvenes de menos 18 años que llegaron al país en los últimos años.
Junto a la cancelación del contrato, los abogados que defienden las causas de los niños no acompañados en los tribunales recibieron también amenazas legales por si deciden continuar con sus litigios contra el Gobierno para que sus defendidos permanezcan en EE. UU.
«Todavía no creo lo que está pasando», aseguró la abogada hondureña, Cristel Martínez, quien litiga casos de migración desde 2018, durante la primera presidencia de Donald Trump.
«Entonces hubo muchos ataques, pero no algo así. Estamos hablando de las personas que ayudan a tramitar el asilo», señala Martínez, quien lleva 26 años en el país.
Además, la mayoría de sus clientes llegaron al país en el 2022, durante la administración de Joe Biden, otros lo hicieron más tarde, entre sus defendidos hay una bebé de 11 meses, que no habla y no mantiene comunicación con su representante legal, también los hay de cinco o siete años, algunos tienen 17.
Ley de protección a niños, niñas y adolescentes
A su vez, la cancelación al financiamiento a cientos de organizaciones, rompe con una tradición de 20 años, el congreso votó en 2005, con apoyo bipartidista, la ley de protección a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.
Está normativa sentó las bases para que el sistema migratorio estadounidense no se afectara a los más vulnerables.
La ley ponía a los recién llegados a cargo de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados que, a su vez, depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos, hoy encabezado por el activista Robert F. Kennedy.
Así pues, la ley impide que los menores migrantes sean trasladados a centros de detención de adultos o delincuentes juveniles, además, establece que el Gobierno de EEUU «no debe repatriar a menores en su custodia a escenarios donde sus vidas corran peligro».
El propio texto contempla que esta defensa puede hacerse a través de organizaciones sin fines de lucro calificadas en el trato de niños migrantes.
Mas sin embargo, todo eso cambió el pasado viernes, cuando la Administración Trump informó que suspendía los recursos y fondos que mantienen con vida a decenas de miles de expedientes en el sistema judicial.