McALLEN, Texas, 27 de marzo de 2025.- Una coalición de 19 fiscales generales, encabezada por Nueva York, presentó una moción judicial oponiéndose al plan de la administración Trump de levantar el estatus de protección temporal para inmigrantes haitianos y venezolanos, según supo Reporte Fronterizo.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó el escrito el martes, junto con los fiscales generales de:
Massachusetts
California
Connecticut
Delaware
Hawái
Illinois
Maine
Maryland
Míchigan
Minnesota
Nevada
Nueva Jersey
Oregón
Rhode Island
Vermont
Washington
Wisconsin
Distrito de Columbia
"El interés público se verá perjudicado si se priva de su estatus legal a los beneficiarios del TPS haitianos y venezolanos", según la moción presentada ante un tribunal federal de Massachusetts.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció esta semana que revocará las protecciones legales de cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, lo que los expone a una posible deportación en aproximadamente un mes. La orden se aplica a unas 532.000 personas de los cuatro países que llegaron a Estados Unidos desde octubre de 2022.
Varios haitianos y venezolanos, con el apoyo de diversas organizaciones sin fines de lucro, presentaron una demanda contra la administración Trump después de que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, anunciara que el Estatus de Protección Temporal (TPS) se levantaría en abril para 350.000 venezolanos que previamente habían recibido una extensión de estas protecciones bajo la administración Biden, lo que les permitiría vivir y trabajar en Estados Unidos durante 18 meses.
Los haitianos perderán su TPS en agosto y también podrían ser deportados, afirmó Noem.
"Nueva York alberga a miles de inmigrantes haitianos y venezolanos trabajadores que forman parte de nuestras comunidades, nuestra cultura y nuestra economía", declaró James. "Despojar a estas personas de su estatus legal no hará que nuestras comunidades sean más seguras ni más fuertes, sino que solo pondrá en peligro a los inmigrantes y sus familias. Insto a la corte a bloquear esta acción ilegal y a defender estas protecciones legales que podrían salvar vidas".
James afirma que ni Haití ni Venezuela son países seguros para el regreso de estos residentes. Y si permanecen en Estados Unidos, no se les permitirá trabajar legalmente y podrían sufrir, y esto también perjudicará a las comunidades.
La corte de apelaciones no levantará la orden de Boasberg que bloquea la Ley de Enemigos Extranjeros.
"Los estados pueden hablar del daño irreparable que la terminación y la anulación de las designaciones de TPS en este caso les infligirán a los estados y a sus residentes. A menos que se posponga, esta acción de la agencia fracturará las comunidades y escuelas de los estados, dañará sus economías, reducirá su fuerza laboral y comprometerá la salud y la seguridad públicas en los estados", declara la moción.
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Más de 56,000 beneficiarios del TPS viven en Nueva York, incluyendo 5,400 haitianos que residen en la ciudad de Nueva York, afirma James. En 2023, los hogares neoyorquinos beneficiarios del TPS obtuvieron $2,300 millones en ingresos y pagaron más de $348 millones en impuestos federales.