Hugo Chávez se presenta a la reelección presidencial el próximo 7 de octubre con un programa electoral que contempla diversos objetivos para el periodo 2013-2019. Para alcanzar estos objetivos, propone una batería de propuestas concretas.

Sin embargo, la audiencia de los medios de comunicación de masas internacionales y muy especialmente los del Estado español, con El País y ABC a la cabeza, no podrá acceder a esta información, simplemente porque esos medios la ocultan. Los artículos en la prensa internacional y española referidos a la contienda electoral venezolana se centran en la supuesta y nunca probada ausencia de democracia en el país, en complots chavistas para mantenerse en el poder por la fuerza o en la vida sexual del actual presidente, haciéndose eco de una rumorología nunca contrastada y vulnerando así las mínimas normas deontológicas del periodismo, tanto en la confirmación de las fuentes como en la selección de temas según su interés social.

Lo mismo ocurre en los medios de comunicación venezolanos, el 85% de los cuales está en manos de la oposición. El desequilibrio en la propiedad de los medios y el tono absolutamente beligerante de la prensa de la derecha refutan cualquier acusación de falta de libertad de expresión en Venezuela. Algunos de sus artículos o imágenes sobre el jefe de Estado –por ejemplo, la publicada por la revista Tal Cual, en la que Chávez aparece caracterizado como un cerdo- serían prohibidas en el Estado español y sus autores juzgados y condenados, como ya ha ocurrido con informaciones o sátiras sobre el rey.

Los lectores no encontrarán en las páginas de su periódico información sobre la propuesta electoral de intensificar la explotación de las reservas de crudo del Orinoco –las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, con más de un millón de millones de barriles- con el objetivo de alcanzar en 2019 una producción de seis millones de barriles diarios.

La radio tampoco hablará del objetivo de llegar en 2019 a los tres millones de viviendas públicas subsidiadas y de bajo coste, disminuyendo el precio cuanto menor es la capacidad económica de la familia beneficiaria hasta llegar a la gratuidad para los estratos más vulnerables. Ningún tertuliano explicará que entre 2011 y 2012 se han edificado 250.000 viviendas públicas y hay 450.000 más en construcción.

No habrá reportajes audiovisuales para mostrar cómo Venezuela ha pasado de luchar por erradicar el analfabetismo –en 2005 fue declarada por Naciones Unidas Territorio Libre de Analfabetismo- a ser el quinto país del mundo en tasa de matriculación universitaria y el segundo de Latinoamérica tras Cuba. No informarán sobre el proyecto de abrir nuevas universidades que se sumarían a las 22 creadas en los últimos 14 años y de facilitar el intercambio de estudiantes con los países del Mercosur.

Los columnistas no analizarán la propuesta de construcción de 16 centros sanitarios –entre ellos, 8 hospitales- ni los planes para extender la atención especializada a toda la población, con independencia de su lugar de residencia o capacidad económica.

Las revistas especializadas no se harán eco de la intención de incrementar la superficie de cultivos de regadío en un 200% ni de aumentar la producción de alimentos en un 45%, hasta llegar a los 42 millones de toneladas al año.

No hay ningún economista en los grandes medios de comunicación de masas que salga a explicar los datos macroeconómicos del país: un 5,6% de crecimiento del PIB en el primer semestre del año, encadenando siete subidas consecutivas; un descenso del desempleo hasta el 7,9%, lo que supone una disminución de casi el 50% desde 1998, cuando Hugo Chávez llegó al poder; por primera vez, la inflación interanual se sitúa por debajo de los 20 puntos… Por tanto, no habrá expertos que hagan inteligible al gran público la situación económica de la que parte Venezuela para poder hacer realidad las propuestas electorales.

Tampoco se realizarán entrevistas a politólogos para que expliquen los cinco grandes objetivos generales para el periodo 2013-2019: independencia nacional, con especial énfasis en la soberanía sobre los recursos y la soberanía alimentaria; profundización en el proceso socialista; convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político integrada en la potencia emergente de Latinoamérica; contribución a una nueva geopolítica multipolar enfocada al equilibrio y la paz, y, por último, una política orientada a la preservación del medio ambiente y a una relación armónica entre el ser humano y su entorno.

El deber de los medios de comunicación que cubren las elecciones venezolanas es informar sobre los programas electorales, tanto de Hugo Chávez como del candidato opositor, Henrique Capriles. Sus periodistas y analistas de opinión tienen la obligación de explicar a la audiencia sus contenidos, con argumentos razonados y comprensibles. Después, estas propuestas podrán ser apoyadas o no por cada persona, pensar que son más o menos creíbles, calificarlas como objetivos plausibles o bien mercadería política. Y, en el caso de la audiencia venezolana, orientar su voto en función de una información cierta, plural y argumentada.

Al ocultar sistemáticamente las propuestas electorales de Hugo Chávez –las del candidato opositor tienen una considerable cobertura- los medios de comunicación de masas vulneran el Derecho a la Información de la ciudadanía. Es necesario recalcar una y otra vez que el Derecho a la Información está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se rompe así el consenso fraguado durante siglos entre la ciudadanía y una prensa que debía suministrarle información veraz ante la imposibilidad de cada persona de recabar información en todos los ámbitos por sí misma.

Por eso, las encuestas indican que los medios de comunicación son uno de los grandes problemas del Estado español.

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Alejandro Fierro es periodista del Estado español y colaborador de la Fundación CEPS