Aporrea es un medio alternativo donde nos expresamos los compatriotas comprometidos con el proceso iniciado por el presidente Chávez. Como una voz de los Consejos Comunales del estado Bolívar, recibo gran cantidad de denuncias de algunos funcionarios de la Unidad de Acompañamiento Técnico Integral Comunal (UATIC) y de Fundacomunal que atropellan, acosan yatemorizan a los voceros y voceras de los Consejos Comunales para que estos se someten a sus imposiciones, recomendaciones y adquieran los materiales de construcción en las empresas y casas comerciales para que los consejos comunales compren en esos negocios, donde todos los materiales en estos comercios tienen sobreprecios y le dicen que son empresas que tienen contratos con el Ministerio de las Comunas, esto es con el fin de lograr ganarse sus comisiones, sin importarle que los precios de estos negocios vienen con sobreprecios, haciendo que el costo de la construcción de las casas de la Gran Misión Vivienda aumenten.
Una vez más nuestro reconocimiento al medio alternativo APORREA, y que esa gran labor informativa continúe avanzado, porque la lucha contra corrupción tenemos que ganarla y someter y minimizar todo los visos de corruptela en todos los niveles.
Ahora otra denuncia que nos hace llegar el Consejo Comunal Brisas del Rio, sector “A” de la Parroquia Unare en Puerto Ordaz, municipio Caroní, tienen cuatro meses esperando por el reembolso para el avance de la obra, construcción de viviendas, estos reembolso son del 30% del costo, solo le entregaron 33 mil bolívares, cuando tenían que entregarle la cantidad de 630 mil bolívares para el avance y finalización de la obra. También los voceros y voceras del Consejo Comunal señalan y se quejan de la falta de supervisión y seguimiento de la obra y trámites administrativos de parte de Ninoska Saavedra, Jesús Romero y José Manuel Rodríguez, como se justifica que un consejo comunal que tiene cuatro meses esperando por el reembolso del proyecto para solo recibir 33 mil bolívares por la incapacidad, ineficiencia y corruptelas de partes de los funcionarios mencionados del UATIC.
Asimismo, los consejos comunales de varios municipios del estado Bolívar, vienen a corroborar nuestras denuncias, porque reunidos voceros de 43 consejos comunales denunciaron las irregularidades y funcionamientos de las coordinaciones regionales de Fundacomunal y el Ministerio de las Comunas. Exigen la renuncia de varios funcionarios, Danetzi Ojeda, coordinadora de Fundacomunal, Ninoska Saavedra, coordinadora del Ministerio para las Comunas en el estado Bolívar, Pedro Velásquez, coordinador de cartografía comunal en el estado Bolívar y Miguel Villarroel, coordinador municipal de Fundacomunal”, alegando que promueven trabas burocráticas que les impide a estas organizaciones vecinales conformarse legalmente, renovar su vocería y obtener recursos del Estado.
Los voceros de los consejos comunales informaron haber emitido comunicaciones a la Asamblea Nacional y a la Vicepresidencia de la República, el mes pasado, pues en la Fiscalía del estado Bolívar no han obtenido respuestas. Esperan respuestas del gobierno nacional. Ministro Iturriza pida una investigación para estos funcionarios señalados por los consejos comunales del estado Bolívar, porque estos hechos vienen ocurriendo en los municipios Caroní, Heres, Piar, Cedeño y Sucre. Investigue y aquel funcionario que se le compruebe hechos ilícitos debe ser sancionado. La lucha contra la corrupción no debe tener tregua.
Ver denuncia de los Consejos Comunales:
Un conjunto de 43 consejos comunales de varios municipios del estado Bolívar se congregó en la sede del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) para denunciar, una vez más, un conjunto de irregularidades en cuanto al funcionamiento de las coordinaciones regionales de Fundacomunal y el Ministerio de Comunas (Mincomunas).
Berta Del Moral, representante del consejo comunal Los Aceitales del sector Kilómetro 70 de Unare, refirió que solicitan “formalmente la renuncia de Danetzi Ojeda, coordinadora de Fundacomunal, Ninoska Saavedra, coordinadora del Ministerio para las Comunas en el estado Bolívar, Pedro Velásquez, coordinador de cartografía comunal en el estado Bolívar y Miguel Villarroel, coordinador municipal de Fundacomunal”, alegando que promueven trabas burocráticas que les impide a estas organizaciones vecinales conformarse legalmente, renovar su vocería y obtener recursos del Estado.
En el caso de su consejo comunal, Del Moral acusa retrasos en la obtención del “ámbito geográfico” de sus poligonales, lo cual les ha impedido conformarse legalmente desde hace año y medio.
La vocera mostró documentación alegando que el retardo de Fundacomunal se debe a la “venta de parcelas de los ámbitos geográficos de los consejos comunales” del sector, de forma ilegal.
Indicó que previamente han hecho reuniones con los organismos pero “nunca fueron” a realizar las inspecciones pertinentes acordadas, manteniéndose el conflicto por “solape” de terrenos entre este grupo de vecinos y un consejo campesino del sector.
Los demás representantes sumaron reclamos sobre comunidades indígenas excluidas por Fundacomunal, creación de consejos comunales paralelos y aprobación de recursos a consejos comunales con vocería vencida, como en el caso del consejo comunal José Romero, del Kilómetro 70, que tienen tres años que no renuevan vocería y se les aprobó 5 millones de bolívares” en enero de este año.
Hacia las comunas
Del Moral informó que al no poder legalizar el consejo comunal retrasa la conformación de la comuna socialista Eneseida Orinokia, con el resto de agrupaciones vecinales del sector.
Lo propio ocurre con el proyecto de la comuna Bicentenaria que quieren formar hacia el sector Minifincas de Puerto Ordaz. Diomar Rivas, representante del consejo comunal Chaparral del Caroní, indicó que en este caso las autoridades no han facilitado la renovación de vocería de uno de los cinco consejos comunales involucrados.
“Queremos conformar la comuna para que nos bajen los recursos desde Caracas, porque no tenemos ningún tipo de apoyo en Bolívar”, afirmó Rivas, indicando que no obtienen respaldo económico desde 2010.
Respuesta de Mincomunas
Para Ninoska Saavedra, coordinadora del Ministerio para las Comunas en el estado Bolívar, los consejos comunales que realizan las denuncias “no han estado desatendidos, hay que revisar la razón política de su denuncia”.
En cuanto al caso de Los Aceitales, informó que el despacho realizó una inspección “el lunes pasado” y detectaron que en ese sector “hay unas personas que están ahí” en una vivienda improvisada, “pero no habitan allí” lo cual dificulta permitir que se conformen como consejo comunal. “Les dijimos que íbamos a evaluar el caso” y que se espera una respuesta de Caracas para la semana que viene, “pero ellos no esperan los tiempos”.
En relación al “solape” de los terrenos, la funcionaria aseguró que la resolución del conflicto está en manos del Ministerio de Agricultura y Tierras.
Saavedra enfatizó que tiene un año en el cargo y “muchas de las denuncias que hacen es de cuando yo no estaba ahí”. Respecto al caso de Chaparral de Caroní “fuimos en febrero (al sector), para la formación de los voceros y nada más asistieron ocho personas. La semana pasada convocamos a una reunión y el mismo día dijeron que no”.
Diomar Rivas denunció que en Minifincas la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) en parcelas zonificadas para equipamiento urbano. Saavedra contestó que “les llevamos al presidente de Ferrocasa, que chequeara la situación” y los vecinos no han acudido a las citas.
A pesar de esto, los voceros de los consejos comunales informaron haber emitido comunicaciones a la Asamblea Nacional y a la Vicepresidencia de la República, el mes pasado, pues en la Fiscalía del estado Bolívar no han obtenido respuestas. Esperan respuestas para la semana que viene.
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Conflictos en Piar
En el grupo de 43 consejos comunales que se pronunció este lunes contra autoridades regionales de Fundacomunal y Ministerio de las Comunas hay agrupaciones de los municipios Caroní, Heres, Piar, Cedeño y Sucre, ratificando que en todo el estado Bolívar “hay vicios” de las instituciones del poder comunal.
Tal es el caso del consejo comunal Guacamayo, del municipio Piar. Lorexi Viamonte, una de las voceras, denunció que la coordinación regional de Mincomunas avaló su “revocatorio” hace cuatro años, aun cuando era “ilegal”. Introdujeron el reclamo ante el ministerio, en Caracas, y “nos mandaron a constituir y aún no hemos podido”.
Saavedra replicó que “allí no hay inconvenientes. Tienen que gestionar la renovación de vocería” recomendándoles buscar asesoría en algún promotor de Fundacomunal en su municipio “que los asesore en la conformación de la comisión electoral y fije fecha de las elecciones dentro de la comunidad”.