El próximo 27 de mayo no sólo finaliza la concesión de RCTV sino que también vencen las licencias que explotan comercialmente las ondas hertzianas en Amplitud Modulada. El momento es oportuno para que el Gobierno revolucionario y bolivariano se plantee el rescate del espectro radioeléctrico bajo la doctrina radiofónica del servicio público.
La historia de la radiodifusión venezolana se remonta exactamente a 1926 con las trasmisiones de AYRE, cuando Juan Vicente Gómez, amparado en las disposiciones constitucionales de 1922 y la Ley de Telégrafos y Teléfonos de 1918, otorgó un permiso especial al coronel Arturo Santana, quien formaba parte del cuerpo de guardaespaldas de su hijo José Vicente, para aquellos años vicepresidente de la República. A través de ese permiso, Santana quedó facultado para "introducir, vender, arrendar y establecer en Venezuela aparatos para el servicio particular de radio-concierto".
Esa licencia entregada por Gómez marcó el inicio de la conformación de oligopolios privados en el manejo y control de los medios radioeléctricos venezolanos. Sin embargo, factores de tipo político que involucraron a José Vicente en una supuesta conspiración para matar a su padre, pusieron fin a las trasmisiones de AYRE en abril de 1929.
Aprovechando esa situación, el comerciante estadounidense William H Phelps que había llegado a Venezuela con una maleta repleta de negocios, solicitó a Gómez la respectiva licencia para instalar en la planta alta de su tienda una emisora de radio, la cual le serviría fundamentalmente para difundir anuncios oficiales, trasmitir música y, sobre todo, ofrecer los productos que vendía en su Almacén Americano. El capitalismo de extracción ya enterraba sus garras sobre la riqueza petrolera.
Phelps convenció al dictador de los estupendos resultados que en Estados Unidos había conseguido la radio comercial. El estadounidense sirvió de punta de lanza a las trasnacionales de su país, activó una fuerte campaña contra el modelo de desarrollo basado en la agricultura y elaboró mensajes radiales dirigidos a fortalecer el modelo productor y exportador de materias primas y del comercio importador.
Surgió así, en 1930, la Broadcasting Caracas, cuya denominación en el dial fue 1-BC (actualmente RCR 750 AM). En ese momento, Venezuela adoptó definitivamente el camino de la radiodifusión comercial impuesto en el mundo por Estados Unidos y contrapuesto a la radiodifusión de servicio público que se originó en Francia y luego transitó por el resto de Europa.
En esa corriente comercial aparecieron en el dial YV2BC Broadcasting Avila en 1931, Radio Continente en 1936, Radio Rumbo en 1949; y se fue gestando una Monarquía Hertziana que constituyó un verdadero cuarto poder. Así encontramos al propio Williams H Phepls, a Hernández Solis, a Andrés Serrano, a Oswaldo Yépez, a Diego Cisneros, a Peter Taffin, a Enrique Cuzco, a Nelson Belfort, a Antonio Istúriz, y el más advenedizo, Orlando Castro, quien llegó a tener un total de 44 emisoras de radio en AM.
Los primeros permisos o licencias se convirtieron en concesiones en 1940 cuando entró en vigencia la primera Ley de Telecomunicaciones que tuvo el país. Por su parte, el Reglamento de Radiocomunicaciones se aprobó en 1941. Anteriormente y después de la muerte de Gómez la ilegalidad anduvo campante por las ondas hertzianas. Aquella Ley y aquel Reglamento estuvieron vigentes hasta el año 2000 cuando bajo las gestiones de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en Conatel se elaboraron y aprobaron las normativas que ahora rigen la materia.
Capítulo aparte merecerían las licencias para Frecuencia Modulada otorgadas por Jaime Lusinchi a sus colaboradores, amigos y viejos radiodifusores. Sin embargo, el vencimiento de las concesiones de las AM nos abre la posibilidad cierta e inmediata de exhortar al nuevo Ministerio de Telecomunicaciones para que en las futuras renovaciones a dichas concesiones se imponga la doctrina jurídica del servicio público basada en la necesaria intervención y participación del Estado, las Comunidades y los Medios Alternativos como órganos directores y reguladores de las actividades de dichos medios.
La radiodifusión en Amplitud Modulada debe convertirse fundamentalmente en medios para la elevación del nivel cultural, la integridad y el afianzamiento de la identidad nacional. Y el argumento para llevar a cabo dicha transformación es muy sencillo: los medios de comunicación audiovisual en la Venezuela bolivariana y revolucionaria no pueden continuar siendo un negocio en manos de un grupo reducido de empresarios que actúan en función de la libre empresa.
En este sentido, y sin ningún perjuicio ni complejo consideramos importante rescatar el espíritu del Proyecto Ratelve (Proyecto de Radio y Televisión de Venezuela), ideado en 1974 como parte de los planes de la nación. Este proyecto planteaba el desarrollo de un sistema de propiedad mixto auténtico para los medios radioeléctricos venezolanos. Lo cual implicaba la creación de un Instituto Nacional que agrupara la radio y la televisión del Estado con suficiente capacidad organizativa, financiera y profesional con el propósito primordial de equilibrar la participación del Estado en el espectro radioeléctrico frente a la poderosa Monarquía Hertziana.
Las radios alternativas es poco lo que pueden hacer en función de la sociedad venezolana, mientras un alto porcentaje del espectro radioeléctrico siga en manos de la radiodifusión comercial. Creemos que antes del próximo 27 de mayo los ministerios respectivos, Telecomunicaciones y Comunicación e Información deben regalarle al país una nueva estrategia comunicacional en la que el pueblo y la cultura sean los ganadores muy por encima de los comerciales de lavadoras o celulares.
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