No ha habido, lamentablemente, un debate franco, abierto y descarnado sobre la decisión de no renovar la concesión a RCTV. Y eso no ha sido posible, entre otras cosas, porque el tema se ha convertido en un elemento más de la polarización política. Los abogados del canal dirigido por Marcel Granier no han dado ningún argumento jurídico que desmienta el peso legal de la resolución según la cual la concesión otorgada a esa planta concluye el 27 de mayo próximo.
Los documentos están allí. No son ningún secreto, y es sencillamente irresponsable ponerse a repetir como loros lo que a diario dice Miguel Ángel Rodríguez, colega periodista que actúa como accionista de una empresa de la cual es un empleado, por muy consentido que sea de su propietario. Con muy poco apoyo, Granier y su grupo empresarial pretenden convertir este hecho en un elemento para crispar el ambiente político y, de paso, estimular vías no pacíficas ni mucho menos democráticas para desestabilizar y ponerle la mano al coroto.
Creo que no hay razones jurídicas para poner en duda que la concesión a RCTV se vence en esa fecha. La mejor muestra de ello, repito, es que los abogados del canal no tienen elementos probatorios para realizar una defensa exitosa de los supuestos derechos que se atribuye Granier. Lo otro es la discusión sobre si esa empresa merece la renovación. Es cuestión de opiniones. Pero hablar de cierre es una absoluta mentira que ni los dueños del canal 2 se creen.
El debate debería centrarse sobre lo que la sociedad –y no el Gobierno– puede hacer con una señal como la que usufructuado el grupo 1BC desde hace un montón de décadas. Un canal de servicio público, al cual tengan acceso los productores nacionales independientes, las universidades, las comunidades, constituye una posibilidad que jamás se presentó en Venezuela.
La dirigencia del Colegio Nacional de Periodistas, del SNTP y los directivos y profesores de las escuelas de Comunicación Social del país deberían hacer memoria de las propuestas similares que se formularon para plantear la utopía de una televisión de servicio público. Lástima que algunos de ellos hoy prefieran cambiar estas ideas por unos cuantos minutos en pantalla junto a Miguel Ángel o Berenice, a quien prefiero no llamar "la Bicha".
Parece que la amnesia afecta a quienes hoy dirigen nuestros gremios, o prefieren no recordar que, en tiempos no muy lejanos, estaba prohibida en Bárcenas la entrada a dirigentes sindicales o gremiales. Ni Desirée Santos ni Gregorio Salazar, hoy con posiciones políticas absolutamente opuestas, podían acceder a un espacio en RCTV para exigir el cumplimiento de la contratación colectiva en los medios privados, y mucho menos en empresas como El Diario de Caracas, en el cual fui reportero y delegado sindical.
Hoy "Goyo" Salazar quiebra lanzas a favor de Granier, quien quiere reelegirse a la macha, sin el voto de nadie y a perpetuidad. Tal vez Salazar ni siquiera se ha molestado en preguntar por la opinión real de los trabajadores de la planta, ni por los acuerdos que están siendo alcanzados con el Ministerio de Comunicación e Información para promover nuevos esquemas en la señal que dejará de pertenecer al Grupo 1BC. Ojalá lo haga.
Ojalá también que el nuevo canal 2 sea finalmente el resultado de un esfuerzo colectivo, del cual resulte una televisión de calidad, con buen entretenimiento, variedad de programación, sin violencia y con toda la disposición a abrir espacios para la producción independiente, y para dar cabida a los sectores sociales, académicos, culturales, deportivos y artísticos que han estado relegados.
