En su libro “A propósito de la falla tectónica de la Revolución, una propuesta para un sistema comunicacional transformador”, Cooperativa de Venezuela, 2007, el periodista Douglas Bolívar plantea cuatro ideas básicas sustentadas en una premisa sencilla: dotar al pueblo del poder comunicacional.
Luego de escudriñar, cual intérprete de las Centurias de Nostradamus, en los discursos del presidente Chávez, Bolívar sostiene que “en la práctica política, un sistema comunicacional equivale a que la Revolución tenga ojos en todas las ciudades y en los pueblos del país”. En consecuencia propone.: 1.- Cambiar el rol que cumple el Ministerio para la Comunicación y la Información de forma que pase a fiscalizar la obra de Gobierno, detecte las fallas de la gestión pública para abordarlas sin negarlas; 2.- Crear una poderosa medidora de opinión. 3.- Propiciar en lo interno, pero de manera pública el debate sobre el problema comunicacional del gobierno “porque que sepamos no hay ningún libro de la intelectualidad chavista que profundice en el drama propio y no en el de los adversarios” y 4.- Que el MCI motorice la necesidad de combatir la percepción de corrupción en el gobierno por un lado, y que participe directamente en la lucha, “haciendo que la información de todas las compras del Estado esté al fácil alcance de todos”.
Se necesita una reserva comunicacional conformada por todos los funcionarios que se requieran para, en cada caserío, en cada pueblo y cada ciudad, disponer de un funcionario que lleve un registro de las condiciones de bienestar y progreso de la respectiva región, o de deterioro… Las novedades son reportadas diariamente a coordinación estadal y de ahí sale el mismo día a la sede del MCI en Caracas”.
En pocas palabras, y de acuerdo con mi entendimiento, Bolívar le propone al MCI que actúe como lo hacen los medios de comunicación independientes, que están entrenados para, entre otras cosas, hacer visibles las fallas de la gestión pública y darle la voz a la ciudadanía.
Sería interesante que alguien del alto gobierno por lo menos revise esta propuesta. Instrumentarla es todo un reto. Entre otras cosas porque lejos de delimitar los espacios para la libertad de expresión implica fomentarlos desde el sector público y en vez de secuestrar la información obligaría a exponerla, con sus debidas consecuencias, tanto positivas como negativas.
De esta manera los funcionarios en vez de caerle a cuentos al Presidente o decirle medias verdades serían blanco de todas las miradas, contraloría social por delante. Hacerlo reclama una gran dosis de valentía de parte de todos los funcionarios y permitiría poner en evidencia a quienes guisan, a los que son permisivos y por supuesto a los ineficientes.
Las cifras rojas. Llama la atención que en esta Semana Santa, luego de la polémica ley seca, las autoridades no dan cifras concretas, como ha ocurrido en otras ocasiones, sobre los accidentes, fallecidos y lesionados. Sólo hablan de una reducción de “la accidentalidad”. Sin embargo en las declaraciones los voceros oficiales han dejado ver que la imprudencia ha sido un factor determinante en los sucesos.
El Gobierno puede aprovechar toda la bulla para que se armó con la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas para montarse en la ola de la prevención. Lejos de lo que alguna mente perversa supone, a nadie le puede alegrar saber de hogares enlutados.
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