Vengo de recorrer algunos barrios del sur de Valencia, donde residen las grandes mayorías, y la tranquilidad es absoluta. Sólo en algunos sectores del norte de la ciudad, donde habitan las clases medias, se escucharon cacerolazos, sirenas y gritos desgañitados. ¿Porqué? Simplemente, porque las clases populares conocen muy bien nuestra realidad:
Saben que hace más de medio siglo se autorizó a una sociedad mercantil la explotación de una frecuencia VHF y se le permitió, además, la instalación de sus equipos transmisores y repetidores en los cerros del país. Es decir, se le cedió bienes pertenecientes a la república (espectro radioeléctrico y terrenos) para su efectiva operación.
Saben que, con los años, la compañía concesionaria se transformó en un trozo del imperio económico-mediático que rige los destinos del mundo, conformando un grupo empresarial poderoso.
Saben que durante décadas respaldó o vetó a dirigentes políticos, incluyendo presidentes, evadió obligaciones tributarias, presentó una programación mediocre, sepultó talentos insuperables, decidió qué y cómo transmitir lo más conveniente a sus intereses, intentó, así, dominar nuestras instituciones, participó activamente en el golpe de estado del 11 de abril de 2002 contra un gobierno que, en definitiva, no pudo dominar, y promovió intensamente el paro patronal petrolero de fines de ese año.
Saben y deploran que, a pesar de tanta perversidad, el grupo empresarial declaró percibir en los últimos ejercicios fiscales un promedio de un poco más de 400.000.000.000,00 de bolívares anuales ($ 186.186.046,51), por concepto de venta de espacios publicitarios y la producción de programas (novelas fundamentalmente) para la exportación.
Entienden y apoyan que, como consecuencia lógica, el gobierno que no pudo derrocar decidió, al tiempo de su vencimiento, no renovarle la concesión y otorgarla a favor de una fundación estatal.
Saben que, ante tal decisión, el grupo empresarial invocó absurdamente la conculcación de la “libertad de expresión” y otros derechos humanos; y que sus propietarios recorrieron el mundo solicitando a instancias diversas de USA y el viejo continente que ejercieran presión sobre el “tirano venezolano castrocomunista” para que rectificara.
Saben que en Venezuela, simultáneamente, el Tribunal Supremo de Justicia dictaría sentencias que no sólo ratificarían la medida adoptada por el Ejecutivo Nacional sino que acordaría una medida cautelar según la cual y dada la imposibilidad de que “…. la Fundación Televisora Venezolana Social (TEVES), como consecuencia de la habilitación expedida para radiodifusión sonora y televisión abierta, con atributo de televisión abierta en VHF, contará con la infraestructura necesaria para la transmisión a nivel nacional, bajo condiciones de calidad, en los mismos términos que se venía prestando, esta Sala de oficio acuerda de manera temporal y a los fines de tutelar la continuidad en la prestación de un servicio público universal, el uso de la frecuencia que ha sido asignada para televisión abierta en la red de transporte y teledifusión que incluye entre otros, microondas, telepuertos, transmisores, equipos auxiliares de televisión, equipos auxiliares de energía y clima, torres, antenas, casetas de transmisión, casetas de planta, cerca perimetral y acometida eléctrica, sin que ello implique menoscabo alguno de los derechos de propiedad que puedan corresponderle a Radio Caracas Televisión, C.A., sobre dicha infraestructura o equipos, salvo aquellos que legal o convencionalmente sean propiedad de la República…”.
Es decir y entre otros ejemplos, recuerdan que, igualmente, las estaciones de gasolina o de transporte de combustible administradas mediante concesión por empresas privadas, cuya inversión para su puesta en marcha fue efectuada por éstas, fueron intervenidas, temporalmente y a los mismos fines, durante el paro terrorista de 2002 porque, en conclusión, el vencimiento de una concesión o la irresponsabilidad de las sociedad mercantiles concesionarias no pueden traducirse en desmejoras del servicio público.
En fin, porque saben que los usurpadores de la propiedad del pueblo no merecen más concesiones.
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