Los estrategas versados en reglamentar los medios radioeléctricos
se aprestan a modificar la Ley Resorte. Como primera medida deberían
cambiarle el nombre, pues el acrónimo les quedó fatal. Una ley apodada
resorte no inspira respeto y evoca un peloteo de responsabilidades, lo cual
es una realidad lamentable.
La nueva ley deberá determinar si un canal como RCTV, al que no se
le renueva la concesión, puede seguir despotricando contra el gobierno a
través de los sistemas de televisión por cable o por satélite, que llegan a
millones de suscriptores en buena parte del territorio nacional.
Confieso mi descomunal ignorancia pero no entiendo por qué, si a
RCTV le negaron la renovación, ahora le permiten transmitir en Venezuela
como si fuese un canal extranjero. Para colmo el gran cacao de la estación
se jacta de no tener la obligación de participar en transmisiones conjuntas
de radio y TV ordenadas por el MINCI, o sea, en las cadenas oficiales.
En caso de ser cierto, los funcionarios del MINCI y CONATEL
deberían ser clasificados como pendejos de la P a la O, tal como lo hizo
Chávez con el tercio aquel.
A los efectos prácticos las operadoras de TV por subscripción
distribuyen las estaciones nacionales en el dial según sus preferencias o
caprichos. De hecho, el usuario que contrata con esas empresas queda
desconectado de las antenas normales de televisión, para enchufarse a la
parabólica o al cable que le proporciona la señal.
Por ejemplo, los residentes en Margarita no pueden sintonizar el
canal local (Telecaribe) pues no figura en el reparto de DirecTV. Claro está
que pudieran tener dos televisores o un interruptor que permitiera cambiar
de la antena normal a la parabólica, pero los usuarios con tales recursos
son un número irrisorio.
Según mi apreciación, el sistema de cable o satelital funciona como
un amplificador de la zona primaria de cobertura que CONATEL le asigna a
determinado canal, sin ser esa su función. La señal abierta de Globovisión,
por ejemplo, cubre el Distrito Metropolitano y el estado Aragua, la cual es
una región privilegiada para una televisora regional.
En la práctica las televisoras capitalinas de UHF al valerse de la
TV por subscripción se convierten en emisoras nacionales, en tanto que las
regionales no cuentan con esa suerte, lo que implica discriminación o
desventaja.
Lo más grave es que la Ley Resorte no tomó en cuenta la importancia
o penetración de la TV por cable o satélite, que, de paso, impone sus
patrones foráneos entre los televidentes venezolanos.
El Gobierno Nacional debería reevaluar si dicho sistema puede
retransmitir las señales de las televisoras criollas, cuyas zonas de
cobertura fueron determinadas cuidadosamente.
Un sector calificado considera que el sistema satelital y por cable
debería limitarse a estaciones extranjeras exclusivamente y, de paso,
eliminar la publicidad nacional pues, según se supone, el usuario no debería
pagar por ver cuñas comerciales.
En cuanto a las estaciones nacionales de señal abierta, tanto en
VHF como en UHF, cada una debería circunscribirse a su zona de cobertura y
no invadir los espacios de sus competidoras comerciales.
Si los accionistas de RCTV quieren dárselas de extranjeros deberían
nacionalizarse gringos y no involucrarse en la política vernácula.
augusther@cantv.net
