Lo primero que hay que hacer es aplicar las leyes, las que existen o las que redacte la AN, sin pregonarlo con anticipación.
El presidente Chávez podría comenzar por averiguar quién o quiénes enajenaron la soberanía del Estado venezolano en lo tocante al espectro radioeléctrico, permitiendo que las empresas de televisión por cable y por satélite montaran estructuras paralelas. En la práctica esto permite que las televisoras de alcance restringido operen como canales nacionales.
Si acaso algunos diputados se hicieron los pendejos al permitir tal desaguisado, la Asamblea Nacional podría sacarse el clavo procediendo de inmediato a elaborar normas, reglamentando la materia, para restringir la función de las "cableras" a sus justas proporciones.
Se debe pautar que las empresas de TV por cable y por satélite sólo puedan incluir canales extranjeros con programas de entretenimiento: infantiles, deportivos, culturales, científicos, telenovelas, farándula, etcétera, siempre y cuando no transmitan publicidad. Para eso el usuario paga un abono mensual bien costoso.
La nómina de todos los canales que se incluyan en las "cableras" debe ser previamente autorizada por los órganos competentes del Gobierno nacional. En dicha plantilla deben figurar obligatoriamente las televisoras oficiales, tales como VTV, Vive y Telesur, por mencionar las principales.
No se permitirá la transmisión por cable o por satélite de canales criollos disfrazados de televisoras internacionales. En todo caso ninguna "cablera" podrá evadir la obligación de transmitir en cadena a través de todos los canales de su plantilla, nacionales o extranjeros, cuando el Gobierno lo requiera.
Las televisoras regionales serán simplemente eso: canales de alcance limitado según la licencia que les hayan otorgado.
La invasión de zonas que no les corresponden constituye, según las leyes del mercado, una competencia desleal. Además deberán priorizar eventos regionales tales como actos deportivos y folclóricos.
Una vez que Globovisión deje de esparcir odio en el ámbito nacional y quede limitada a su zona primaria, el Gobierno decidirá si conviene dejarla de ese tamaño.
