El 13 de abril de este año, día de importancia vital para nuestra revolución, el Presidente Hugo Chávez decretó la transferencia de los Archivos de El Libertador Simón Bolívar y del El Generalísimo Francisco de Miranda al Archivo General de la Nación. Ambos fondos documentales se encuentran en la Academia Nacional de la Historia. El de Miranda desde 1926, entregado por Gómez y el de Bolívar desde el 13 de enero de 1999, veinte días antes de la asunción de Chávez, entregado por Caldera. Aunque pudiéramos decir privatizado.
Estos Archivos son propiedad del Estado, es decir de toda la Nación y de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública, el Estado debe ejercer pleno control sobre los fondos documentales históricos, aún cuando los tenedores o propietarios de los mismos sean personas privadas. Además el decreto de creación del Archivo General de la Nación atribuye a éste la salvaguarda, custodia, preservación y divulgación del patrimonio documental histórico y administrativo de la República. Y no hay lugar a dudas que ambos archivos son los de mayor importancia para el pueblo venezolano.
El acceso al estudio de los Archivos de El Libertador y de Miranda debe ser un derecho universal, de todo venezolano y si bien es cierto que por su condición de documentación histórica incunable los originales deben ser resguardados, no es menos cierto que copias del mismo, publicaciones y digitalizaciones deben estar a la mano para los estudiosos que no pertenecen a la la Academia de la Historia, una supuesta élite, seleccionada a puertas cerradas en cónclaves absolutamente secretos e impenetrables para cientos de investigadores que tienen derecho a estudiar tales documentos.
En nuestro país el Archivo General de la Nación cuenta con las mejores condiciones ambientales y técnicas para el resguardo de esta documentación y con profesionales de alto nivel con capacidad para el manejo, tratamiento y cuidado de documentos antiguos. Además, se ha realizado un profundo inventario de los archivos que prontamente estará a disposición de todos los investigadores, nacionales y extranjeros. Por otra parte el traslado ha sido planificado, organizado y será ejecutado por un equipo humano multidisciplinario conformado por los mejores profesionales en el área del Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional y el Instituto de Patrimonio Cultural, el cual contará con el apoyo de otras instituciones del Estado comprometidas con la gran responsabilidad que implica el manejo de este tipo de documentación. Como se ve, estamos ante un trabajo que supera las expectativas en cuanto a los parámetros mundiales para realizar tal labor.
Lástima que algunos académicos y otros escribidores sin oficio, por su odio visceral a todo lo que huela a pueblo y a comunidad pretendan seguir secuestrando las historia, acomodándola a placer de la oligarquía, clase que les domina y ante la cual se inclinan, ocultando los archivos de estos próceres y quién sabe que más, despreciando todo lo que sea revolución. A ellos este pueblo consciente les ha demostrado de una y mil maneras que jamás volverán.
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