El capitalismo global y la ultraderecha internacional no cesan en su afán de arremeter contra los pueblos y gobiernos, que han decidido abrazar el socialismo como única vía posible para hacer realidad la utopía de un mundo mejor.
Como parte del perverso plan, enfilan sus baterías desde España contra la revolución libertaria bolivariana para tratar de posicionar la matriz comunicacional de que el gobierno del comandante Chávez es un paraíso de terroristas.
Puesto que, los enemigos históricos de nuestros pueblos adolecen de escrúpulos para embestir contra nuestra esperanza y dar al traste con nuestro proceso de creación heroica, de la manera más grotesca han utilizado para su construcción mediática un infundio contra Venezuela, fundamentado por la residencia en nuestro país del ciudadano vasco, Arturo Cubillas Fontán.
El cual llegó a Venezuela en el año 1989, con otros 10, gracias a un acuerdo suscrito por los dos presidentes para la época, Felipe González y Carlos Andrés Pérez, como parte de la implementación de estrategias que permitieran allanar los caminos hacia la paz en España y que buscaba la desmovilización del movimiento separatista vasco ETA, reinsertándolos con la colaboración de los gobiernos en países amigos donde se les garantizara además de la residencia la ubicación laboral, de manera tal que empezaran a rehacer su vida, recibidos en nuestro país con el estatus de refugiados políticos.
Es pertinente aclarar que esta denuncia sobre la supuesta conexión ETA-FARC es un refrito, ya que el año pasado el Gobierno de Colombia a través del presidente de turno Álvaro Uribe, envió a España dicha información utilizando como fuente la supuesta computadora de Raúl Reyes, donde se establecía que en algunas actividades militares de cooperación entre la ETA y las FARC, acudían una persona que vestía con chaleco de la Dirección de Inteligencia Militar venezolana (DIM) y que por lo tanto tenía la anuencia del Gobierno venezolano.
En dicha oportunidad el inefable juez de la Audiencia Nacional de España Eloy Velasco acusó a nuestro Gobierno de amparar alianzas entre organizaciones declaradas como terroristas.
Ahora resulta que el fiscal de la Audiencia Nacional solicita el 11 de octubre nuevamente al activista del Partido Popular el juez Eloy Velasco, que investigue la supuesta colaboración entre ETA, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno de Venezuela y que inste al Gobierno español para que pida la extradición de Arturo Cubillas con el fin de juzgarle por los "graves actos criminales" y de terrorismo que se le acusa en España.
La fundamentación se basa en las declaraciones de un miembro de ETA supuestamente detenido en septiembre en España llamado Javier Aristain.
La realidad indica que el mismo, no fue detenido en España sino que se entregó el 6 de marzo, en el aeropuerto Biarritz a las autoridades francesas y que actualmente se encuentra en libertad plena porque no se encontraron elementos suficientes que demostraran su relación con ETA.
Ante estos hechos, más allá de hacer consideraciones jurídicas, como la diatriba entre embajador y la fiscal general, es vital que entendamos de una vez por todas que las acusaciones no obedecen a fundamentaciones jurídicas ya que además de ser carentes de veracidad, siempre están sustentadas sobre infundios y desinformaciones empleadas como contraataque de la extrema derecha mundial y la española en contubernio con los grandes medios globalizados, con el único objetivo de satanizar a nuestro Presidente y nuestro Gobierno, como colaboradores del terrorismo internacional.
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