Esto ha dicho en Costa Rica, a la espera de que la fulana CIDH le aplauda sus fechorías (palabras más, palabras menos): “El
Contralor Russian maneja el mecanismo de las inhabilitaciones como
herramienta de persecución y debilitamiento de la democracia (..) como
arma para la política sucia y de manera artera” –agrega- la utiliza para sacar del camino a aquel político que no le gusta al gobierno”,
como si, efectivamente, tal calificativo se acuñara por capricho,
intentando así engañar y confundir al país, el cual desde hace tiempo
dejó de ser tonto de capirote y pretender ocultar o restarle todo tipo
de importancia al hecho de que, detrás de esa sanción que le fue
impuesta, se desarrolló todo un riguroso proceso de investigación de
contraloría que llegó a determinar que él incurrió en irregularidades en
el manejo de los fondos que debió manejar con pulcritud mientras
ejerció las funciones de Alcalde del Municipio Chacao y que, de
conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República, constituyeron causales suficientes para la imposición de esa
sanción de inhabilitación que recibió, de estricto carácter
administrativo.
López incurrió en “una insubsistencia parcial (anulación de créditos por economía en los gastos o cuando un programa es de imposible ejecución) por la cantidad total de dos mil setecientos cuarenta y tres millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuarenta y un bolívares con cincuenta y siete céntimos (Bs. 2.743.464.041,57), los cuales no podía legalmente disponer toda vez que correspondían de pleno derecho a los aportes obligatorios a favor de la Alcaldía Metropolitana de Caracas para el ejercicio fiscal 2001” (www.cgr.gob.ve/noticia.php?notcodigo=00000479), lo cual se llama en Venezuela “malversación” y que, conforme a nuestra legislación, eso configura delito y quien incurra en el mismo, es sujeto pasivo de responsabilidad penal. Hay que recordar que por un delito similar se le siguió juicio a CAP, quien -por esa causa- fue destituido de la presidencia de la República.
Con motivo de dicha sanción administrativa, el señor López ha apelado ante la CIDH y en pocas horas conoceremos la decisión de ese cuerpo, la que, no lo ponemos en duda, será en su favor, pues hay un concierto de voluntades de la derecha continental que tienen secuestrada dicha corte y a la propia Comisión Interamericana desde hace años para defender el neoliberalismo a rajatabla y oponerse a los gobiernos progresistas que tratan de liberarse y ser autónomos de Washington en sus decisiones. Y tanto lo ha estada secuestrada la Comisión, que no debemos olvidar que por boca de su Secretario Ejecutivo, Santiago Cantón, quien aún sigue desempeñando tan importante posición, fue el primer organismo internacional que no solamente aplaudió y reconoció el golpe de Carmona Estanga en el 2002, sino que guardó el mayor silencio mientras los golpistas del nuevo régimen que apenas duró un poco más de 48 horas, abolían la Constitución Bolivariana y secuestraban al presidente Hugo Chávez, quien, como se supo después de su regreso a Miraflores, estuvo a punto de ser asesinado por quienes lo custodiaban en la Orchila.
De manera que es una vergüenza lo que el país ha estado viendo con los corruptos de nuevo cuño, quienes lejos de que asuman posiciones que denoten arrepentimiento por malos manejos administrativos y, más aún, su disposición a reivindicarse por la vía de pedir excusas y perdón a sus seguidores por los errores cometidos, pretenden confundir a la opinión pública y sustraerse de sus responsabilidades como dilapidadores de los dineros del pueblo, con lo cual coadyuvan en muy alto grado a institucionalizar la impunidad y con ello a estimular aún más la corrupción.
Sería inadmisible que llegáramos a convenir en este país, por la vía que sea, que un político que ocupe algún cargo público y que en el desempeño de esa función no cumpla sus responsabilidades con la honestidad y transparencia debidas, goce de algún tipo de inmunidad y es eso, ni más ni menos, lo que la oposición que hoy tenemos intenta que se le otorgue a sus copartidarios…
López incurrió en “una insubsistencia parcial (anulación de créditos por economía en los gastos o cuando un programa es de imposible ejecución) por la cantidad total de dos mil setecientos cuarenta y tres millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuarenta y un bolívares con cincuenta y siete céntimos (Bs. 2.743.464.041,57), los cuales no podía legalmente disponer toda vez que correspondían de pleno derecho a los aportes obligatorios a favor de la Alcaldía Metropolitana de Caracas para el ejercicio fiscal 2001” (www.cgr.gob.ve/noticia.php?notcodigo=00000479), lo cual se llama en Venezuela “malversación” y que, conforme a nuestra legislación, eso configura delito y quien incurra en el mismo, es sujeto pasivo de responsabilidad penal. Hay que recordar que por un delito similar se le siguió juicio a CAP, quien -por esa causa- fue destituido de la presidencia de la República.
Con motivo de dicha sanción administrativa, el señor López ha apelado ante la CIDH y en pocas horas conoceremos la decisión de ese cuerpo, la que, no lo ponemos en duda, será en su favor, pues hay un concierto de voluntades de la derecha continental que tienen secuestrada dicha corte y a la propia Comisión Interamericana desde hace años para defender el neoliberalismo a rajatabla y oponerse a los gobiernos progresistas que tratan de liberarse y ser autónomos de Washington en sus decisiones. Y tanto lo ha estada secuestrada la Comisión, que no debemos olvidar que por boca de su Secretario Ejecutivo, Santiago Cantón, quien aún sigue desempeñando tan importante posición, fue el primer organismo internacional que no solamente aplaudió y reconoció el golpe de Carmona Estanga en el 2002, sino que guardó el mayor silencio mientras los golpistas del nuevo régimen que apenas duró un poco más de 48 horas, abolían la Constitución Bolivariana y secuestraban al presidente Hugo Chávez, quien, como se supo después de su regreso a Miraflores, estuvo a punto de ser asesinado por quienes lo custodiaban en la Orchila.
De manera que es una vergüenza lo que el país ha estado viendo con los corruptos de nuevo cuño, quienes lejos de que asuman posiciones que denoten arrepentimiento por malos manejos administrativos y, más aún, su disposición a reivindicarse por la vía de pedir excusas y perdón a sus seguidores por los errores cometidos, pretenden confundir a la opinión pública y sustraerse de sus responsabilidades como dilapidadores de los dineros del pueblo, con lo cual coadyuvan en muy alto grado a institucionalizar la impunidad y con ello a estimular aún más la corrupción.
Sería inadmisible que llegáramos a convenir en este país, por la vía que sea, que un político que ocupe algún cargo público y que en el desempeño de esa función no cumpla sus responsabilidades con la honestidad y transparencia debidas, goce de algún tipo de inmunidad y es eso, ni más ni menos, lo que la oposición que hoy tenemos intenta que se le otorgue a sus copartidarios…
